Por Dra. Abril de María Ledesma Zermeño
Tecnóloga en Construcción, arquitecta y abogada
La relación entre el poder Ejecutivo en Jalisco y sus ciudadanos comienza a parecerse peligrosamente a la de una familia que ha normalizado las conductas del borracho de la casa. Se bebe el patrimonio acabando con los recursos comunes, llega haciendo escándalo, tropieza con los muebles, rompe lo queencuentra a su paso y despierta a todos. Pero cuando alguien, todavía sobrio y con argumentos, se atrevea reclamarle, el ofendido resulta ser él. No responde por lo que hizo. Se indigna por el tono del reclamo, cuestiona las intenciones de quien lo enfrenta, exagera sus propias dificultades y termina justificando sucomportamiento como consecuencia de la provocación ajena. De pronto, el problema ya no es eldesorden que ocasionó, sino la insolencia de quienes no tuvieron la delicadeza de soportarlo en silencio.
Lo verdaderamente extraordinario es que, si la familia lleva suficiente tiempo acostumbrada a esos episodios, acaba discutiendo si fue prudente reclamarle, si era el momento adecuado, si no habría sidomejor esperar a que se calmara o si quienes levantaron la voz no terminaron empeorando las cosas. Yasí, mediante un prodigioso ejercicio de inversión de responsabilidades, el autor del desorden consigue convertirse en la víctima de quienes simplemente pretendían vivir en paz.
Algo de esa lógica merece examinarse en la respuesta institucional a las recientes manifestaciones enJalisco. Miles de personas salieron a las calles por una razón bastante menos complicada que las explicaciones gubernamentales: exigían agua limpia. Sin embargo, después de los enfrentamientos, del despliegue policial y de las detenciones, buena parte de la discusión pública terminó desplazándose hacia la conducta de los manifestantes, los incidentes durante la protesta y las justificaciones del operativo. La pregunta original —por qué los ciudadanos siguen reclamando condiciones adecuadas en el suministro de agua— comenzó a competir con una discusión sobre la manera en que decidieron exigirlas.
Y aquí conviene no confundir las cosas. Cualquier agresión contra personas o policías debe investigarse y atribuirse individualmente a quien corresponda. Pero ninguna conducta violenta particular elimina elderecho de los demás a manifestarse, ni releva a la autoridad de justificar la necesidad, proporcionalidad ylegalidad del uso de la fuerza —mucho menos cuando, aunque lo hayan olvidado, existen protocolosestablecidos en Jalisco para este tipo de casos—. Mucho menos convierte una protesta por servicios públicos en una licencia para desviar indefinidamente la atención del problema que la originó. Porque esa es, precisamente, la habilidad más irritante del borracho de nuestra historia: conseguir que todos discutancómo reaccionaron ante sus desfiguros y nadie vuelva a preguntarle por qué los hizo. Pero el personaje másinteresante en estos hechos quizá no sea el borracho, sino el resto de la familia. Particularmente aquellosque permanecieron cómodamente sentados mientras otros intentaban poner orden. Son los que no salieron a marchar, pero tienen opiniones terminantes sobre cómo debieron comportarse quienes sí lo hicieron.
Los apatios y tapatibios que no caminaron bajo el sol, pero consideran excesivo que otros hayan ocupado las calles. Los que no enfrentaron a los cuerpos de seguridad, pero encuentran perfectamente razonable lamanera en que estos reaccionaron. Los que exigen moderación a los manifestantes mientras concedenamplísimos márgenes de comprensión a las autoridades. Aquí es donde estos expertos en señalar —pero nunca en actuar o proponer— opinan lo de siempre: que para qué fueron, que estaban provocando, que seguramente había intereses políticos, que esas no son las formas, que perjudicaron a terceros, que algo habrán hecho para que los detuvieran. Como si la legitimidad de una exigencia dependiera de la simpatía que despierte entre quienes prefirieron quedarse en casa. Es una forma particularmente cómoda de ejercer la ciudadanía: no asumir el costo de exigir, pero reservarse el privilegio de descalificar a quienes sí lo asumieron.
En nuestra familia imaginaria, son los parientes que escuchan cómo se rompen los platos desde la habitación contigua, cierran la puerta para no involucrarse y, cuando finalmente aparece alguien dispuesto a enfrentar al borracho, salen a recomendarle que no lo contradiga, que comprenda su carácter y que tenga cuidado con hacerlo enojar.
Incluso llegan a sugerir que, si recibió un golpe, seguramente fue porque no supo hablarle. Lo preocupante no es solamente la indiferencia. Es la facilidad con la que algunos terminan adoptando los argumentos de quien ejerce el poder, hasta hacerlos pasar por sentido común. Ya no necesitan que la autoridad justifique cada una de sus decisiones: ellos mismos se encargan de encontrarle explicaciones, atenuantes y excusas. Y lo hacen sin haber estado presentes, sin conocer necesariamentelas circunstancias de cada detención y, en ocasiones, sin exigir siquiera que se esclarezca lo ocurrido.
Así, el Estado ni siquiera tiene que esforzarse demasiado para desplazar la responsabilidad. Una parte dela ciudadanía realiza voluntariamente ese trabajo. Convierte la exigencia de derechos en una imprudencia, laprotesta en una provocación y la actuación policial en una consecuencia que los manifestantes debieron prever. El borracho ya no necesita defender sus desfiguros cuando encuentra familiares dispuestos a defenderlos por él.
Por supuesto, nadie está obligado a participar en una manifestación. No marchar no constituye una falta cívica, como tampoco hacerlo otorga automáticamente la razón a quienes protestan. Es perfectamente legítimo cuestionar los métodos de una movilización, sus afectaciones a terceros o las conductasindividuales de sus participantes. Lo que resulta intelectualmente insostenible es utilizar esas objecionespara justificar, sin examen alguno, cualquier reacción del poder público. Porque las obligaciones son distintas. El ciudadano debe respetar la ley, pero el Estado, además de respetarla, tiene la obligación degarantizar derechos, actuar dentro de sus competencias, sujetarse a principios de necesidad y proporcionalidad y rendir cuentas por el uso de la fuerza. No existe una equivalencia jurídica entre laresponsabilidad de un manifestante y la de una autoridad que dispone de policías, armamento, recursos públicos y facultades coercitivas. Y quizá aquí se encuentra una de nuestras mayores confusiones colectivas: exigimos una conducta impecable a quienes reclaman servicios públicos deficientes y nos mostramos extraordinariamente comprensivos con las fallas de quienes están jurídicamente obligados a proporcionarlos.
Queremos manifestantes pacientes, discretos, educados, perfectamente organizados, que no interrumpan el tránsito, no incomoden a nadie, no eleven la voz y, de preferencia, no alteren la agenda cotidiana de la ciudad. En cambio, frente a una actuación estatal cuestionada, algunos se conforman con escuchar que la situación era complicada, que hubo provocaciones o que las circunstancias obligaron a intervenir. El ciudadano debe demostrar que merecía ser escuchado. La autoridad solamente tiene que explicar que se sintió obligada a actuar. Y así terminamos invirtiendo el orden de las responsabilidades: quien tiene el poder recibe el beneficio de la duda; quien reclama que ese poder cumpla sus obligaciones debe probar hasta su derecho a incomodarlo.
Lo más absurdo es que muchos de quienes critican las manifestaciones padecen exactamente los mismos problemas que motivaron la protesta. También reciben agua de calidad cuestionable, también enfrentan los costos de la movilidad, también circulan por calles deterioradas y también pagan por servicios que deberíanprestarse adecuadamente. Sin embargo, parecen encontrar más irritante que alguien interrumpatemporalmente su recorrido que el hecho de que una deficiencia pública lleve meses o años sin resolverse. Es decir, el familiar que nunca intervino termina defendiendo al borracho, aunque también viva entre los muebles rotos y no tenga para comer.
Y mientras discutimos si los manifestantes fueron suficientemente prudentes, el agua sigue siendo el problema. La calidad del suministro continúa requiriendo respuestas técnicas verificables, responsabilidades institucionales y soluciones comprobables. Ninguna controversia sobre una marcha sustituye esas obligaciones. Tampoco una disculpa posterior, el reconocimiento de excesos o la liberación de personas detenidas elimina por sí mismo la necesidad de esclarecer cada actuación y determinar lasresponsabilidades que correspondan. La convivencia democrática exige ciudadanos capaces de disentir, pero también instituciones capaces de soportar el disenso sin convertirlo automáticamente en un problemade orden público. Y exige, además, una sociedad que no confunda la tranquilidad con la justicia ni laausencia de protestas con la existencia de buenos gobiernos. Porque el silencio de una casa no siempre significa que todo esté bien. A veces solamente significa que sus habitantes han aprendido a no despertar al borracho. Y mientras tanto, la casa sigue desordenada, los muebles continúan rotos y la familia terminaagradeciendo que, por lo menos, aquella noche no haya sido peor.
Quizá el problema más grave no sea que el borracho haga desfiguros, sino que una parte de la familia hayaaprendido a justificarlos, a reprocharle al único que se atreve a enfrentarlo y hasta a sentirse orgullosa de supropia prudencia. Porque cuando una sociedad comienza a considerar más reprochable la protesta que lascausas que la provocaron, el poder ya no necesita imponerles silencio a todos, basta con que algunos ciudadanos se encarguen de exigírselo a los demás y eso, es siempre más fácil y barato que rehabilitarse y enmendar los errores.
