El Gobierno de México dio un nuevo paso en la regulación del entorno digital. El pasado 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.
Por Ángel Nakamura
La disposición establece obligaciones para las plataformas digitales con el objetivo de proteger a los menores de contenidos que puedan poner en riesgo su seguridad, integridad y salud mental.
La medida abarca redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y otros servicios que permiten la interacción entre usuarios o la difusión de contenidos.
Entre sus principales disposiciones está la prohibición de permitir que menores accedan a determinados materiales, sean expuestos a ellos o los reciban mediante sistemas de recomendación.
El decreto también exige a las empresas tecnológicas fortalecer sus mecanismos de verificación de edad, habilitar herramientas de denuncia y establecer configuraciones de privacidad y seguridad más estrictas para las cuentas de menores.
La disposición entró en vigor el mismo 14 de octubre, aunque las plataformas cuentan con un plazo máximo de 30 días naturales para documentar e informar sobre las acciones implementadas para cumplir con las nuevas obligaciones.
¿Por qué el gobierno busca regular los entornos digitales?
El gobierno de Sheinbaum justifica la medida con datos sobre el uso de internet entre la población joven y los riesgos asociados con el acoso digital.
Según cifras citadas en el decreto, el 85,4% de la población de entre 6 y 14 años utiliza internet.
Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la proporción alcanza 97,6%, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025.
El documento también advierte sobre la incidencia del ciberacoso. Los datos oficiales indican que 25.4% de las mujeres de entre 12 y 19 años experimentaron alguna situación de acoso digital, frente a 19.5% de los hombres del mismo grupo de edad.
La presidenta sostiene que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere la coordinación de las autoridades y la colaboración de las empresas que operan plataformas digitales.
El reto consiste en traducir ese objetivo en medidas concretas: reducir la exposición a contenidos dañinos, facilitar la denuncia de abusos y evitar que los sistemas automatizados de recomendación amplifiquen materiales que puedan perjudicar a los menores.
Los siete tipos de contenido prohibidos para menores
El artículo 3 del decreto identifica siete categorías de contenido que las plataformas deben impedir que niñas, niños y adolescentes reciban, consulten o encuentren recomendadas por sus sistemas.
1. Acoso y ciberacoso
La primera categoría comprende publicaciones que promuevan el acoso, el ciberacoso o el ciberbullying. Se trata de contenidos que alientan agresiones, hostigamiento, humillaciones o ataques contra otras personas, incluso cuando ocurren mediante mensajes, imágenes, videos o publicaciones compartidas en redes sociales.
2. Abuso y violencia sexual
La disposición contempla materiales que generen o promuevan el abuso, la explotación o cualquier forma de violencia sexual. El objetivo es limitar la exposición de menores a contenidos que normalicen, fomenten o faciliten estas conductas.
3. Discursos de odio y extremismo violento
El decreto incluye contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento o formas de violencia masiva. Esta categoría busca evitar que las plataformas expongan a los menores a mensajes que inciten a la hostilidad o a agresiones contra personas o grupos.
4. Violencia escolar
También se contemplan contenidos compartidos entre usuarios que promuevan o inciten al odio o a la violencia, particularmente en el entorno escolar. La disposición resulta relevante ante la difusión digital de amenazas, agresiones y materiales que puedan contribuir al hostigamiento entre estudiantes.
5. Conductas ilícitas y apología del delito
Las plataformas deberán impedir el acceso de menores a publicaciones que promuevan actividades ilegales o hagan apología del delito. La categoría se refiere a contenidos que alientan o justifican conductas delictivas, más allá de la mera referencia informativa a un crimen.
6. Pornografía y material sexual explícito
El decreto incluye contenidos pornográficos y materiales de naturaleza sexual explícita. La disposición busca limitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a imágenes y videos que no son apropiados para su edad.
7. Suicidio, autolesiones y trastornos alimentarios
La última categoría comprende contenidos que generen o promuevan el suicidio, las autolesiones deliberadas y los trastornos de la conducta alimentaria. La preocupación central es evitar que los menores reciban materiales que alienten estas conductas o las presenten como deseables.
El desafío: proteger a los menores sin perder de vista los derechos digitales
La aplicación del decreto plantea retos importantes. Uno de ellos será determinar cómo verificar la edad de los usuarios de manera efectiva sin recopilar datos personales innecesarios ni comprometer su privacidad.
También será necesario definir cómo identificar contenidos que promuevan conductas dañinas, especialmente en servicios que manejan millones de publicaciones, videos y mensajes diariamente.
La moderación automatizada puede ayudar, pero no siempre distingue adecuadamente entre una publicación que promueve la violencia y otra que informa sobre ella, la denuncia o la documenta.
Por esa razón, la implementación de la norma deberá prestar atención a la transparencia de los procedimientos, los mecanismos de revisión y las posibilidades de reclamar decisiones equivocadas.
Otro desafío será comprobar que las empresas cumplan efectivamente con las obligaciones y que las medidas adoptadas no se queden en cambios formales de configuración o en avisos que los usuarios puedan ignorar fácilmente.
En Jalisco, donde las actividades tecnológicas, la industria digital y los servicios vinculados con internet tienen una presencia relevante, la aplicación de la disposición también puede interesar a empresas desarrolladoras, plataformas y familias que utilizan estos servicios de manera cotidiana.
