“En la justicia alternativa las partes son las protagonistas, son ellas las que construyen la solución”
Por Mario Díaz (El Master).-
El próximo 15 de diciembre terminará el segundo periodo de Guillermo Zepeda Lecuona como director general del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, y con ello llegará el momento de entregar una institución distinta a la que recibió en 2018.
El punto de partida que identifica el propio funcionario permite dimensionar el cambio. Cuando asumió la responsabilidad, el Instituto registraba 4 mil 788 convenios y ocupaba el cuarto lugar nacional en materia de justicia alternativa. Para este año, la expectativa es cerrar con alrededor de 46 mil convenios.
El crecimiento no solamente puede medirse en números. Durante estos años el Instituto amplió su presencia territorial, incrementó la participación de mediadores privados, fortaleció la relación con el Poder Judicial, incorporó herramientas tecnológicas y extendió la capacitación de servidores públicos, policías y otros actores vinculados con la atención de conflictos.
Pero fueron víctimas de su mismo crecimiento pues pronto abrió una nueva problemática, la capacidad instalada comenzó a ser insuficiente frente al volumen de asuntos que empezaron a atender en el Instituto.
Zepeda describe ese escenario de manera directa: “Estamos colapsados”.
La expresión forma parte de un balance que detalla para Política, y que no se limita a presentar resultados. Al hacer un recuento de su paso por el IJA, el funcionario identifica los avances que considera más importantes, pero también reconoce las áreas que requieren fortalecimiento y los desafíos que deberá enfrentar quien tome la dirección a partir de la segunda quincena de diciembre.
Para Zepeda Lecuona, el punto de fondo es modificar la manera en que se entienden y atienden los conflictos. La justicia alternativa, sostiene, no debe ser considerada una vía secundaria frente a los tribunales, sino una herramienta capaz de resolver controversias mediante acuerdos construidos por las propias partes.
“Yo creo que la mejor manera de resolver un conflicto es precisamente a través de la justicia alternativa”, sostiene con firmeza.
El planteamiento parte de una crítica a una cultura jurídica acostumbrada a la controversia y al litigio. Comenta que, bajo esa lógica, “el conflicto termina convirtiéndose en un expediente que pasa de una instancia a otra hasta llegar a una resolución judicial, mientras que la mediación propone otro camino. Tenemos una cultura muy arraigada de la controversia, de que los abogados nos formamos para litigar, para ganar, para que el otro pierda. Y la justicia alternativa rompe con esa lógica”, explica.
Para el director del IJA, el objetivo consiste en generar condiciones para que las personas puedan construir una solución que atienda sus intereses sin necesariamente trasladar el conflicto a un juez.
“En la justicia alternativa las partes son las protagonistas, son ellas las que construyen la solución”, señala.
Crecimiento y evolución del Instituto
El dato de los 4 mil 788 convenios registrados en 2018 funciona como referencia para entender la evolución que experimentó el Instituto.
En aquel momento, recuerda Zepeda, “el IJA se encontraba en el cuarto lugar nacional. La comparación con el número de asuntos que llegaban al Poder Judicial mostraba además el espacio que todavía podía ocupar la justicia alternativa. A partir de ahí comenzó un crecimiento que no fue interrumpido por la pandemia. En 2019 el número se elevó a 7 mil 900 convenios y en 2020, pese a las condiciones derivadas de la emergencia sanitaria, alcanzó alrededor de 10 mil 300”.
Posteriormente la expansión continuó hasta llegar a 40 mil 903 convenios en 2025 y la proyección que Guillermo Zepeda considera para 2026 es todavía mayor. “Este año esperamos estar alrededor de los 46 mil convenios”, afirma.
La diferencia entre las cifras iniciales y las actuales representa, para Zepeda Lecuona, una de las principales evidencias del crecimiento de la justicia alternativa en Jalisco y de la confianza que los propios ciudadanos le otorgan a este centro de mediación de conflictos.
Pero el número también muestra el tamaño de una responsabilidad institucional que se ha vuelto más compleja. El Instituto no solamente recibe más asuntos. También debe procesarlos, validarlos y garantizar que los acuerdos tengan condiciones para cumplirse.
Uno de los primeros problemas que encontró la administración fue precisamente la confianza que existía alrededor de los convenios alcanzados mediante mediación. “una parte importante del trabajo consistió en lograr que los jueces confiaran en estos mecanismos y reconocieran la validez de los acuerdos. Uno de los principales problemas que encontramos fue que los jueces no confiaban en la justicia alternativa”.
El reto no se resolvía únicamente con discursos. Era necesario establecer mecanismos que permitieran dar certeza a los acuerdos.
“Nos sentamos con el Consejo de la Judicatura, nos sentamos con los jueces y empezamos a trabajar en unas guías para la validación de los convenios, el objetivo era generar criterios que permitieran revisar los acuerdos y facilitar su ejecución”.
El funcionario sostiene que ese trabajo produjo cambios importantes.
“Antes uno de cada seis jueces aceptaba los convenios y ahora son cinco de cada seis”, señala con cierto orgullo reflejado en su rostro, al exponer este camino y esfuerzos que se tuvieron que realizar para lograr esta situación.
“A la par se desarrolló un proceso de capacitación. De los 208 jueces que integraban el universo, 145 habían tomado un curso relacionado con métodos alternativos. Esta capacitación contribuyó a modificar la relación entre la justicia alternativa y el sistema judicial.
“La mediación dejó de plantearse como una actividad paralela y comenzó a ser considerada como una herramienta que podía ayudar a resolver una parte de los conflictos que llegaban a los tribunales”.
Efectos de la Justicia Alternativa
La expansión del Instituto también es analizada por el Doctor Guillermo Zepeda desde la perspectiva de la carga de trabajo del Poder Judicial. Su argumento es que “cada conflicto que se resuelve mediante un convenio representa un asunto que no necesariamente tendrá que continuar por la vía judicial. Uno de cada cuatro casos que entran al Poder Judicial de Jalisco entra por justicia alternativa”, afirma.
El dato, en su lectura, adquiere mayor dimensión cuando se compara con la situación nacional, en donde representan el 9%, la diferencia refleja, de acuerdo con el funcionario, el grado de penetración que alcanzó la justicia alternativa en Jalisco. Y compara el número de convenios con las sentencias dictadas por los jueces.
“Estamos hablando de 40 mil 900 convenios contra 64 mil sentencias de los jueces”, explica.
A partir de esos números plantea una diferencia en la carga de trabajo que enfrenta el sistema.
“En Jalisco tenemos una sentencia judicial por cada 1.9 convenios de justicia alternativa, mientras que, en otros estados, de acuerdo con sus cifras, la relación llega a 18 asuntos por cada convenio de mediación”.
El propósito de esta comparación no es plantear que la mediación sustituya a los tribunales, sino mostrar el espacio que puede ocupar en la resolución de controversias.
“Lo que queremos es que los jueces tengan menos asuntos, pero que tengan los asuntos que verdaderamente necesitan una resolución judicial, bajo esta lógica, la justicia alternativa funciona como una vía de descongestión, pero también como una forma de acceso a la justicia que busca que las personas tengan mayor participación en la solución de sus problemas con el agregado muy importante de que los servicios de mediación que se generan son totalmente gratuitos”.
El caso familiar y los divorcios
Uno de los campos donde el crecimiento resulta más visible es el familiar.
Guillermo Zepeda señala que 54 por ciento de los convenios del Instituto están relacionados con divorcios, custodia, convivencia y alimentos.
“Más de la mitad de nuestros convenios son familiares, en donde uno de cada tres divorcios por mutuo consentido se ve en justicia alternativa, esta cifra adquiere relevancia porque, la mediación permite que el procedimiento no termine necesariamente en una confrontación prolongada. El mediador tiene que facilitar el diálogo y ayudar a las partes a identificar aquellos puntos en los que pueden alcanzar un acuerdo”.
Zepeda utiliza dos expresiones para describir esa función.
“Yo digo que el mediador es un ingeniero de consensos”, pero también a lo largo de la entrevista lo definió como un “alquimista emocional”.
La razón, se explica al considerar que “la mediación no consiste únicamente en revisar documentos o aplicar procedimientos jurídicos. En numerosos conflictos existen emociones, resentimientos y relaciones personales que deben ser consideradas. Aquí entendemos que atrás de cada expediente hay personas”, plantea.
En los asuntos familiares esta dimensión adquiere mayor importancia porque las partes pueden seguir relacionadas después de la conclusión del procedimiento.
“Padres y madres que acuerdan cuestiones de custodia o convivencia tendrán que mantener una relación posterior. Por ello, la solución no consiste solamente en determinar quién tiene la razón, sino en construir condiciones que permitan continuar con la relación familiar”.
En ese contexto, Zepeda destaca un dato relacionado con el cumplimiento de los acuerdos. “Tenemos un cumplimiento espontáneo del 98 por ciento de los convenios, el dos por ciento restante, corresponde a casos en los que existe incumplimiento y que pueden terminar ante un juez”.
Arrendamiento
En materia de arrendamiento, agrega, los niveles de cumplimiento se ubican también entre 97 y 98 por ciento. Para el director del Instituto, esas cifras representan una de las principales fortalezas de la justicia alternativa.
“No se trata solamente de conseguir que las personas firmen un documento, sino de lograr que lo acordado sea cumplido”.
La evaluación que realiza Guillermo Zepeda también considera el comportamiento de los asuntos que ingresan al Poder Judicial.
Según sus datos, “los asuntos civiles disminuyeron de manera importante en la proporción que representan dentro de la carga de los juzgados. Los asuntos civiles pasaron de representar el 26 por ciento al 10 por ciento”, comenta.
En otro momento del balance refiere una reducción de “treinta y tantos por ciento” en los asuntos civiles. También menciona que el número de asuntos que ingresan al sistema judicial pasó de alrededor de 153 mil a 139 mil.
En materia penal, destaca igualmente una reducción en la carga de las salas.
“Las salas penales han reducido 49 por ciento sus asuntos, el impacto de la justicia alternativa se relaciona además con los acuerdos de reparación, aquí en Jalisco 53 por ciento de los procedimientos penales se resuelven por acuerdos reparatorios”, asegura.
Reconoce por otro lado que la justicia restaurativa aparece en este punto como uno de los campos que el Instituto todavía debe desarrollar con mayor fuerza.
“Aunque existen profesionales certificados, la capacidad institucional sigue siendo limitada, tenemos 20 profesionales certificados en justicia restaurativa, pero actualmente solamente una persona se encuentra dedicada a esa unidad”.
En rezago también reconoce a la justicia terapéutica “nos falta mucho en justicia terapéutica”, admite. Por ello, aunque considera que el Instituto llega a la transición con una estructura más consolidada, reconoce que existen estas áreas que requieren continuidad y crecimiento.
Expansión en la acción del IJA
Otro de los cambios que identifica Zepeda Lecuona es la expansión territorial.
“El objetivo fue llevar los mecanismos alternativos fuera de la zona metropolitana y acercarlos a municipios donde antes las personas tenían que trasladarse para acceder a este tipo de servicios. Llegamos a 58 municipios”, expone.
Con esa cobertura, sostiene, se alcanza a 91 por ciento de la población de Jalisco.
Posteriormente, con los cambios legales y el crecimiento de los puntos de atención, la red llegó a alrededor de 450 espacios entre públicos y privados distribuidos en 75 municipios.
La expansión también permitió detectar conflictos que anteriormente permanecían fuera de los registros institucionales, como lo que califica de “cifra negra” de los conflictos.
El ejemplo de Cihuatlán resulta significativo.
Recuerda que un juzgado podía recibir alrededor de 650 o 680 asuntos, mientras que seis centros públicos de mediación atendían alrededor de 900 casos.
“Nos dimos cuenta de que había una cifra negra de conflictos, es decir, había problemas que existían, pero que no necesariamente llegaban a los tribunales la mediación permitió hacer visibles algunos de esos conflictos y ofrecer una vía de atención”.
“Qué es esta cifre negra, pues un pagaré de 5 mil pesos que es incobrable, porque lo tienes que pagar en Villa Purificación, súmale el traslado, gasolina, ahora se resuelve, y esos casos no se notaban hasta que acababan en tragedias, ya se encontraban el deudor y el acreedor, se hacían de palabras y se mataban; una tanda por cobrar, antes si el problema no era superior a los diez mil pesos no había abogado alguno que tomara el caso, con los puros honorarios casi se le iba al doble, hoy ya no hay por decirlo de una manera, no hay cover para la justicia”.
Refiere que el acceso a la justicia ya se encuentra en los centros municipales en 27 municipios que no tienen juzgado, por lo que estos espacios representan la opción más adecuada.
“Ahora ya tenemos que ver asuntos de 450 pesos, como les dije de una tanda, en donde el afectado estuvo pagando todas las semanas y ahora que le toca nadie paga, entonces eso exacerba, son 450 pesos, pero se resuelven”.
Comentó que, en los municipios de Villa Purificación, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Casimiro Castillo, Cihuatlán, cuentan con centros de mediación municipal.
Para Zepeda, esto demuestra que el crecimiento de la justicia alternativa no debe medirse exclusivamente por la cantidad de convenios celebrados, sino que también debe considerarse cuántas personas tienen acceso a un mecanismo para resolver una controversia antes de que ésta escale.
Mediadores privados
Por lo anterior se considera como una parte importante de la expansión del modelo corresponde a los mediadores privados. Guillermo Zepeda señala que 85 por ciento de los 40 mil 903 convenios registrados en 2025 fueron generados por mediadores privados.
“Son los mediadores privados los que están haciendo el 85 por ciento de los convenios, Jalisco cuenta además con una concentración significativa de profesionales certificados, tenemos 38 por ciento de los mediadores certificados del país”, destaca.
El dato permite dimensionar el papel que adquirió el sector privado dentro del modelo de justicia alternativa. Los centros públicos mantienen una función importante, especialmente en asuntos familiares y comunitarios, pero la capacidad de atención se complementa con la red privada.
El crecimiento de esta estructura fue acompañado, siempre, por procesos de capacitación y certificación y refiere que durante estos años se capacitó a más de mil 600 servidores públicos y a alrededor de 3 mil 800 policías.
También se involucró a generaciones de trabajadores de la educación. La intención, explica, es que la prevención y la solución pacífica de conflictos no dependan exclusivamente de la existencia de un expediente judicial.
Adelantarse al conflicto
El modelo que describe Zepeda Lecuona incluye diferentes líneas de trabajo.
Entre ellas menciona el capital humano, la prevención, la reducción de la cifra negra de conflictos, el acceso a la justicia, la justicia intrajudicial y la justicia restaurativa.
“La idea de prevención es particularmente relevante porque busca intervenir antes de que el conflicto se convierta en un proceso judicial. Para ello se requiere capacitación, herramientas de diálogo y conocimiento de los mecanismos de solución”.
“La justicia intrajudicial constituye otro componente. En estos casos el asunto ya llegó a un tribunal, pero todavía existe la posibilidad de que las partes encuentren una salida negociada. El objetivo es que la mediación no se limite a los conflictos que todavía no llegan a los juzgados. También tenemos que entrar cuando el asunto ya está dentro del Poder Judicial”, explica.
De esta manera, ha llevado a la justicia alternativa hasta convertirla en Jalisco en un mecanismo que puede actuar antes y durante un proceso judicial.
Éxito que genera presión
El balance que presenta el Doctor Guillermo Zepeda tiene una paradoja.
El crecimiento que considera uno de los principales logros del Instituto gracias a la pasión que le imprime todo el personal que labora en esta dependencia, también es el origen de algunos de sus problemas actuales.
“El volumen de convenios aumentó de manera significativa, pero la infraestructura y el número de personas dedicadas a procesarlos no crecieron necesariamente al mismo ritmo. Actualmente se realizan alrededor de 240 convenios diariamente, el número de validadores pasó de siete a 22 sin embargo, la demanda sigue creciendo”.
“Cada validador puede revisar alrededor de 17 asuntos diarios, mientras que anteriormente se atendían aproximadamente 15 por semana. La diferencia muestra el nivel de presión que existe actualmente toda vez que la legislación establece un plazo de 30 días hábiles para la validación, pero el crecimiento de la demanda ha provocado que las citas que antes podían conseguirse en cinco días ahora tarden alrededor de 15 días. Estamos colapsados”, reitera.
La frase adquiere especial relevancia porque aparece justamente al cierre de una administración que se presenta con un crecimiento histórico en el número de asuntos atendidos.
El reto para quien reciba el Instituto será, por tanto, no solamente conservar los resultados alcanzados, sino generar la capacidad suficiente para atender la demanda que produjo esa expansión.
Presupuesto y capacidad institucional
El tema presupuestal aparece como otro de los desafíos que deberá de enfrentar el sucesor de Guillermo Zepeda Lecuona, actualmente el Instituto recibe alrededor de cinco por ciento del presupuesto del Poder Judicial, su planteamiento es que debería alcanzar un ocho por ciento, porcentaje relacionado directamente con la carga de trabajo y con la necesidad de ampliar la infraestructura en el estado.
“Se requieren más mediadores, más validadores, mayor cobertura territorial y mejores herramientas tecnológicas implican recursos. La expansión territorial también requiere mantener espacios y personal, se tiene que reconocer que la demanda no se concentra ya en un solo punto”.
“El modelo se extendió a municipios y se complementó con centros privados, lo que generó una estructura más amplia que necesita coordinación y supervisión, el desafío presupuestal, por tanto, está directamente relacionado con la posibilidad de consolidar lo construido”.
Los pendientes
Al hacer el corte de caja, Zepeda Lecuona no presenta al Instituto como una institución terminada, sino que detalla que hay áreas que requieren continuidad.
“Una de ellas es la justicia restaurativa, otra es la justicia terapéutica. También está pendiente la ampliación de la cobertura en algunos municipios que todavía no cuentan con los mecanismos suficientes para atender sus conflictos. Sin dejar de lado el desafío más inmediato, atender la demanda actual”.
La propia evolución de las cifras plantea una responsabilidad para la siguiente administración.
“Si el Instituto cerró 2018 con 4 mil 788 convenios y puede cerrar 2026 con alrededor de 46 mil, el modelo que recibe el siguiente director tendrá una escala completamente diferente. Es una institución muy noble”, dice Zepeda al referirse al organismo que está próximo a dejar.
La expresión resume una parte de su valoración sobre el trabajo desarrollado durante estos años. Pero también habla de continuidad.
“Esperamos que queden en muy, muy buenas manos para que se siga, se le dé continuidad”, afirma.
La palabra continuidad aparece como uno de los conceptos centrales de la transición. No se trata, en su perspectiva, de comenzar nuevamente desde cero.
“La institución cuenta ya con una red territorial, mediadores certificados, personal especializado, mecanismos tecnológicos, procedimientos de validación y una relación más estrecha con el Poder Judicial”.
El corte de caja deja así una institución mucho más grande que la recibida en 2018, pero también con un desafío proporcional a ese crecimiento.
El siguiente capítulo comenzará el 15 de diciembre.
Breve resumen
El cambio de dirección del 15 de diciembre permitirá observar hasta qué punto los avances alcanzados pueden convertirse en una estructura permanente.
Guillermo Zepeda vuelve a insistir y reconocer en que uno de los principales activos del Instituto, tal vez el más importante, es su personal.
“El capital humano está también aquí, está muy, muy profesional en todas las direcciones”, destaca que la experiencia acumulada durante estos años constituye una base sobre la cual puede construirse la siguiente etapa.
“El personal conoce los procedimientos, la red de atención y los desafíos cotidianos. También existe una estructura que ya no depende únicamente de las oficinas centrales”.
“La participación de los mediadores privados amplió considerablemente la capacidad de atención. La capacitación de jueces, servidores públicos y policías generó además una mayor familiaridad con los métodos alternativos”.
La relación con el Poder Judicial también cambió. Zepeda recuerda que al inicio existían resistencias y desconfianza.
“Antes no nos querían”, afirma al describir la relación que encontró.
Con el paso de los años, sostiene, esa percepción se transformó. “Ahora nos reciben, ahora nos buscan”, reconoce con satisfacción reflejada en su rostro.
Para él, ese cambio representa uno de los resultados más importantes de la gestión. La justicia alternativa dejó de ser vista como una actividad marginal y adquirió un papel más visible dentro del sistema de justicia de Jalisco.
