El Senado de la República abrió una nueva disputa constitucional al aprobar una reforma que busca establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por Ángel Nakamura
El proyecto fue aprobado el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, tanto en lo general como en lo particular, y fue remitido a los congresos de las entidades federativas para continuar con el procedimiento de reforma constitucional. La controversia, sin embargo, no gira alrededor de la eliminación de la doble nacionalidad para los mexicanos en general. Ese no es el efecto planteado por el dictamen.
El punto de conflicto está en establecer una nueva condición de elegibilidad para quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o un Poder Ejecutivo estatal, así como el gobierno capitalino.
Ahí se encuentra el centro de la discusión: para el oficialismo, se trata de una salvaguarda de soberanía y de lealtad institucional; para sus críticos, introduce una restricción a los derechos políticos de mexicanos que mantienen vínculos jurídicos con otro país.
¿Qué aprobó exactamente el Senado?
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, correspondientes a los requisitos para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos estatales y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El cambio plantea que quienes aspiren a esos cargos deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana. En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura, conforme a las condiciones que establezca la legislación.
El proyecto también contempla que esa condición se mantenga durante el ejercicio del cargo, de acuerdo con el texto aprobado. Por eso, la reforma no plantea que un mexicano que tenga otra nacionalidad deje de ser mexicano. La doble nacionalidad seguiría existiendo para la población en general. Lo que cambiaría sería el requisito constitucional para acceder a determinados cargos ejecutivos.
El Senado alcanzó exactamente los votos necesarios para la mayoría calificada. Morena, PT y PVEM respaldaron el dictamen, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, con una excepción dentro del Verde.
El argumento de Morena: soberanía antes que doble vínculo
La defensa del proyecto desde el oficialismo se concentró en una idea: quien encabece el Ejecutivo mexicano debe tener un único vínculo nacional formal.
El senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que la reforma no elimina derechos políticos generales ni cancela nacionalidades, sino que busca evitar posibles conflictos de lealtad al frente del Estado mexicano. Desde esa perspectiva, la nacionalidad única funcionaría como una condición específica para quienes aspiren a ejercer el máximo cargo ejecutivo del país o a gobernar una entidad.
El razonamiento fue compartido, con distintos matices, por integrantes de Morena y sus aliados. Desde el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura sostuvo que la medida no criminaliza a los migrantes ni desconoce a las familias binacionales, sino que pretende establecer una condición de nacionalidad única para quienes aspiren a gobernar.
El PT planteó una argumentación similar. Lizeth Sánchez García señaló que el proyecto no elimina la doble nacionalidad ni desconoce a quienes tienen vínculos familiares con otros países, sino que busca establecer una salvaguarda frente a posibles intereses externos.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha defendido públicamente la propuesta bajo el argumento de que se trata de una medida relacionada con la soberanía nacional.
La oposición ve una restricción a los derechos políticos
La lectura de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano es distinta. Uno de los principales argumentos opositores es que tener otra nacionalidad no demuestra falta de lealtad hacia México.
La senadora panista Laura Esquivel Torres sostuvo que la reforma envía el mensaje de que los mexicanos que emigraron y adquirieron otra nacionalidad son menos mexicanos que quienes nunca dejaron el país. Su argumento parte de una realidad demográfica: millones de mexicanos viven en el extranjero y una parte de ellos ha adquirido la ciudadanía del país donde reside.
Para la oposición, convertir esa condición jurídica en un impedimento para aspirar a determinados cargos supone introducir una distinción entre mexicanos que actualmente poseen los mismos derechos de nacionalidad.
Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, planteó una objeción semejante: tener una segunda nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en enemiga de México y un documento de identidad no puede, por sí mismo, determinar la lealtad de un ciudadano.
El debate, por tanto, deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte también en una discusión sobre qué significa ser mexicano en un país con una población migrante tan amplia.
El punto más duro de la crítica: nacionalidad no es ciudadanía
El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas llevó la crítica a otro terreno: la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Su argumento fue que la reforma mezcla dos conceptos jurídicos distintos y termina convirtiendo el hecho de haber nacido o adquirido legalmente otra nacionalidad en un elemento que puede afectar la posibilidad de competir por un cargo de elección popular.
Desde esa perspectiva, una persona nacida en Estados Unidos, por ejemplo, pero con nacionalidad mexicana y derechos políticos en México podría conservar plenamente su nacionalidad mexicana y, sin embargo, quedar impedida para aspirar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno si mantiene la otra nacionalidad.
Colosio Riojas sostuvo que ese requisito transmite desde la Constitución la idea de que quienes tienen una nacionalidad adicional son potencialmente menos leales al país.
Es precisamente ahí donde se concentra una de las mayores controversias de la reforma: si la posesión de otra nacionalidad debe ser considerada una condición suficiente para limitar el acceso a determinados cargos públicos o si la lealtad hacia el Estado debe evaluarse a partir de otros mecanismos jurídicos y políticos.
¿La reforma elimina la doble nacionalidad?
No. Esta es probablemente la precisión más importante para entender el debate.
El proyecto no establece que los mexicanos deban renunciar a una segunda nacionalidad para seguir siendo mexicanos. Tampoco plantea eliminar el reconocimiento de las familias binacionales. La modificación está dirigida a un grupo específico: quienes pretendan registrarse como candidatos a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En otras palabras, la discusión no es si México seguirá reconociendo la doble nacionalidad, sino si una persona con doble nacionalidad debe poder ejercer los principales cargos ejecutivos de elección popular del país.
La diferencia es relevante porque buena parte de la polémica pública se ha construido alrededor de dos interpretaciones distintas de la reforma: una que la presenta como una medida de nacionalidad única para ciertos cargos y otra que advierte sobre una restricción más amplia de los derechos políticos de los mexicanos con vínculos binacionales.
El debate también tiene una dimensión migratoria
La controversia toca directamente a la relación de México con su diáspora. Durante décadas, millones de mexicanos han emigrado principalmente hacia Estados Unidos. Muchos establecieron familias, carreras profesionales y patrimonio fuera del país y, bajo las leyes de los países correspondientes, adquirieron una segunda nacionalidad.
Para quienes defienden la reforma, esa circunstancia no debe impedir que los mexicanos mantengan sus derechos como nacionales, pero sí puede justificar una condición adicional cuando se trata de ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo.
Para sus críticos, en cambio, precisamente la experiencia migratoria debería ser compatible con una participación política plena. La discusión toca así una pregunta mayor: ¿la nacionalidad jurídica adicional debe tener consecuencias sobre la posibilidad de representar políticamente a México?
No existe una respuesta compartida entre las fuerzas políticas. Y esa diferencia explica por qué el debate fue mucho más profundo que una modificación técnica de los artículos constitucionales.
¿Qué sigue después de la aprobación del Senado?
El proyecto aún no concluye su recorrido constitucional. Al tratarse de una reforma a la Constitución, debe pasar por las legislaturas de las entidades federativas. El Senado ya remitió el dictamen a los congresos estatales para continuar con el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.
La aprobación de la reforma requiere el respaldo de al menos 17 congresos locales, además de las etapas posteriores de declaratoria y promulgación correspondiente.
Esto abre una segunda fase de la discusión.
El debate dejará el Senado y llegará a legislaturas donde las correlaciones políticas son distintas y donde también existen representantes de comunidades migrantes y entidades con una relación particularmente estrecha con Estados Unidos.
La pregunta ya no será solamente cuántos senadores respaldan la reforma, sino qué posición adoptarán los congresos locales frente al conflicto entre soberanía, nacionalidad y derechos políticos.
Una reforma que modifica las reglas de acceso al poder
El alcance de la reforma dependerá, en última instancia, de su aprobación por las legislaturas estatales y de su entrada en vigor conforme a los transitorios del decreto. Pero la polémica ya dejó planteada una discusión que trasciende la coyuntura legislativa.
México tiene una población con vínculos transnacionales que forma parte de su realidad económica, social y familiar. Al mismo tiempo, la Presidencia y los gobiernos estatales concentran responsabilidades constitucionales vinculadas con la conducción del Estado y la representación institucional de México.
El oficialismo considera que esa responsabilidad justifica exigir una sola nacionalidad a quienes aspiren a ejercer esos cargos. La oposición considera que esa condición puede convertir una circunstancia jurídica —tener otra nacionalidad— en una limitación desproporcionada de los derechos políticos.
Las reservas presentadas por Clemente Castañeda Hoeflich, Maki Esther Ortiz Domínguez y Manlio Fabio Beltrones fueron rechazadas durante la sesión, por lo que el texto aprobado permaneció sin cambios antes de ser enviado a los congresos estatales.
La siguiente batalla, por tanto, ya no estará en el Senado, sino en los estados. Y con ella llegará una pregunta de fondo que la reforma todavía no ha cerrado: ¿la nacionalidad única para gobernar representa una salvaguarda constitucional frente a posibles conflictos de interés o introduce una nueva frontera entre los mexicanos que pueden aspirar a ejercer el poder y aquellos cuya historia migratoria los coloca fuera de esa posibilidad?
La respuesta jurídica dependerá del proceso constitucional que aún está en marcha. La respuesta política, mientras tanto, seguirá dividiendo a las fuerzas que respaldaron y rechazaron el cambio.
