Por Carlos Eduardo Villaseñor
Abogado
Hay una contradicción que México ha aprendido a normalizar, esta es que millones de ciudadanos tienen reconocido el derecho a la salud, pero no necesariamente encuentran un médico disponible, un medicamento completo o una cama hospitalaria cuando más lo necesitan. La distancia entre lo que establece la Constitución y lo que sucede en una sala de urgencias se ha convertido en una de las expresiones más profundas de desigualdad. Porque la verdadera dimensión de un sistema sanitario no se mide únicamente por el número de personas afiliadas, los hospitales inaugurados o los recursos anunciados en una conferencia de prensa. Se mide cuando una madre consigue atención para su hijo, cuando un enfermo recibe oportunamente su tratamiento y cuando una familia no necesita comprometer su patrimonio para enfrentar una enfermedad. En México, ese derecho continúa dependiendo, demasiadas veces, de la institución a la que se pertenece, del lugar donde se vive y del dinero que se tiene. Sin contar temas como traslados, que sería otro tema.
Las cifras explican por qué esta discusión no puede reducirse a una confrontación entre gobiernos. De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional publicada por el INEGI en agosto de 2025, correspondiente a 2024, 44.5 millones de mexicanos, equivalentes al 34.2% de la población, presentaban carencia por acceso a servicios de salud.
Es indispensable reconocer que hubo una mejoría respecto de 2022, cuando el indicador alcanzaba 39.1%; pero también resulta necesario observar que en 2016 se ubicaba en 15.6%. La trayectoria expone un deterioro acumulado que todavía no se revierte por completo. Además, esta medición registra condiciones de acceso o afiliación, no garantiza que una consulta se realice oportunamente ni que los tratamientos estén disponibles. La política sanitaria necesita dejar de confundir la cobertura administrativa con la atención efectiva, la del día a día, la que necesita el pueblo de a pie.
El diagnóstico internacional es igualmente revelador. En su informe Health at a Glance 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que México destina a la salud el equivalente al 5.9% de su producto interno bruto, frente al promedio de 9.3% de los países miembros. En términos de gasto total por habitante, ajustado por poder adquisitivo, México registra 1,588 dólares, mientras el promedio de la organización alcanza 5,967. La diferencia también aparece en la capacidad instalada, contamos con 2.7 médicos en ejercicio por cada mil habitantes, frente a 3.9 en la OCDE; tres profesionales de enfermería frente a 9.2, y apenas una cama hospitalaria por cada mil habitantes, cuando el promedio internacional es de 4.2. Son indicadores de distintos años reunidos en el informe de 2025, pero describen una brecha estructural que ningún discurso puede resolver.
Lo verdaderamente preocupante es que esta insuficiencia termina convirtiéndose en una transferencia silenciosa de costos hacia los ciudadanos. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024 documentó un gasto monetario promedio de $1,605 pesos trimestrales por hogar en cuidados de la salud. Esa cantidad puede parecer moderada, pero es un promedio que incluye hogares sin gastos médicos relevantes y otros que enfrentan desembolsos extraordinarios. No representa el costo real de una enfermedad grave ni mide, por sí sola, las necesidades que quedaron sin atender por falta de dinero. Cuando una institución no entrega un medicamento, la familia debe decidir si lo compra; cuando una consulta tarda, evalúa acudir a un servicio privado; cuando un tratamiento requiere desplazamientos constantes, el presupuesto del hogar comienza a financiar deficiencias que deberían atenderse institucionalmente. La enfermedad deja entonces de ser únicamente un problema médico y se convierte en una amenaza económica.
Las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social durante octubre de 2026 añadieron otro elemento a esta discusión. Las protestas por condiciones laborales, remuneraciones, insuficiencia de personal y presunto desabasto de medicamentos muestran que las dificultades no solamente afectan a quienes reciben atención, sino también a quienes deben proporcionarla. El IMSS ha defendido los incrementos salariales negociados y ha anunciado mecanismos de escucha para identificar necesidades en 277 hospitales, mientras trabajadores inconformes han cuestionado los resultados. El Gobierno federal, por su parte, señala avances en infraestructura y ampliación de servicios. Ambas dimensiones merecen evaluación, sería injusto desconocer el trabajo cotidiano de médicos y enfermeras o las capacidades clínicas que sí funcionan; pero sería igualmente equivocado utilizar esos avances para evitar una revisión independiente de los problemas que persisten. Un sistema puede registrar millones de consultas y seguir ofreciendo respuestas insuficientes en áreas decisivas.
Jalisco tampoco puede observar este fenómeno como un problema distante. El sistema de indicadores MIDE Jalisco registra que el 32% de su población presentaba carencia por acceso a servicios de salud, con base en la medición correspondiente a 2024. Es decir que, aproximadamente uno de cada tres habitantes enfrentaba esa condición, incluso en una entidad que dispone de importantes hospitales, centros universitarios, instituciones de especialidad y actividad económica. La concentración de servicios en las grandes ciudades plantea, además, un desafío para la atención regional. El punto no consiste en responsabilizar exclusivamente a la Federación o al Gobierno estatal, porque intervienen instituciones y atribuciones diferentes; consiste en exigir coordinación verificable, presupuesto suficiente, abasto oportuno y resultados comparables. Para un paciente, la distribución administrativa de competencias importa mucho menos que recibir el tratamiento indicado.
Hay otra discusión que debería ocupar un lugar central en las decisiones presupuestarias, cuánto cuesta intervenir tarde. La prevención suele ser menos visible políticamente que la inauguración de un hospital, pero detectar oportunamente enfermedades, controlar padecimientos crónicos y fortalecer la atención primaria puede evitar complicaciones y gastos mucho mayores. La propia OCDE reporta que, según el indicador comparable disponible, solamente el 20% de las mujeres elegibles en México habían participado en pruebas de detección de cáncer de mama, frente al 55% promedio de los países de la organización. Las diferencias metodológicas entre sistemas requieren prudencia, pero no eliminan la necesidad de ampliar el diagnóstico temprano y mejorar su seguimiento. El verdadero indicador de una política sanitaria no debería limitarse a cuántas instalaciones se construyen, sino a cuántas enfermedades se detectan oportunamente, cuántas complicaciones se evitan y cuántos años de vida saludable se preservan.
México necesita discutir una reforma sanitaria con visión financiera, administrativa y humana, no solamente una reorganización institucional cada cambio de gobierno. Eso exige conocer cuánto se ejerce realmente por paciente, dónde se concentran las vacantes médicas, qué porcentaje de recetas se surte completamente, cuánto demoran las intervenciones prioritarias y qué resultados clínicos se obtienen por cada peso invertido. También obliga a revisar los mecanismos de compra, distribución y supervisión de medicamentos, así como la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento poblacional.
No basta con asignar más presupuesto si no existen mecanismos para demostrar que produce mejores servicios; tampoco resulta razonable exigir estándares internacionales mientras se mantienen diferencias tan amplias de inversión y capacidad hospitalaria. La responsabilidad pública consiste precisamente en resolver ambas dimensiones. El debate de fondo trasciende la salud. Una nación que obliga a sus familias a elegir entre pagar un tratamiento, conservar sus ahorros o mantener el gasto cotidiano termina profundizando desigualdades que después intenta corregir mediante otros programas públicos. Ningún sistema sanitario será perfecto, pero sí debe ser capaz de rendir cuentas con indicadores transparentes y mejorar continuamente sus resultados. Los gobiernos pueden presentar presupuestos, inaugurar hospitales y anunciar nuevas estrategias; los ciudadanos necesitan atención, medicamentos y diagnósticos oportunos. Porque el verdadero costo de la crisis sanitaria no está solamente en lo que México deja de invertir, sino en lo que sus familias terminan pagando y en las oportunidades de vida que no pueden recuperar. El derecho a la salud comienza en la Constitución, pero su legitimidad se demuestra en la vida de las personas.
