Morena ya puso nombre y apellido a su apuesta para las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. El último tramo de definiciones llegó en una jornada maratónica que dejó a la dirigencia con el mapa estatal completo, pero también con una tarea que puede resultar tan importante como las propias encuestas: convertir a los derrotados en aliados de quienes ganaron.
Por Ángel Nakamura
Los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional actúan como la antesala de las candidaturas formales. En 16 entidades, Morena recurrió a encuestas; en San Luis Potosí, la definición se hizo por consenso.
Para reforzar la legitimidad del procedimiento, la dirigencia contrató siete empresas demoscópicas que realizaron ejercicios espejo de 1,500 entrevistas por estado y, según el partido, coincidieron con sus propios resultados.
El problema es que una encuesta puede cerrar una contienda en el papel sin necesariamente cerrar una disputa política.
En Baja California Sur, Zacatecas y Nayarit se instalaron mesas de revisión por inconformidades. En Tlaxcala, Alfonso Sánchez García manifestó su desacuerdo. En Chihuahua, Andrea Chávez quedó fuera frente a Cruz Pérez Cuéllar.
En Nayarit, el resultado de la encuesta favoreció a Héctor Santana, pero la dirigencia modificó la decisión mediante un criterio de género para designar a Jasmine Bugarín, del Partido Verde.
Y el Partido del Trabajo expresó su malestar por no obtener ninguna de las 17 posiciones, mientras el PVEM consiguió espacios en cuatro estados.
El tablero está completo, pero la operación política aún no.
Los 17 perfiles de la 4T
La lista combina militantes de larga trayectoria, figuras provenientes de otros partidos, funcionarios con experiencia administrativa, legisladores y perfiles directamente vinculados con gobiernos estatales.
En Aguascalientes, Morena designó a Nora Ruvalcaba, fundadora del partido en la entidad, exdelegada de Programas para el Desarrollo y senadora con licencia.
Ya compitió por la gubernatura y tendrá nuevamente el desafío de disputar un estado gobernado por el PAN.
En Baja California, la coordinadora es Julieta Ramírez, senadora con licencia y exdiputada federal, quien también ocupó posiciones dentro de gobiernos y estructuras de Morena en la entidad. Su selección ocurrió mediante sondeos telefónicos y generó diferencias con el PT.
En Baja California Sur, la responsabilidad quedó en manos de Manuel Cota Cárdenas, diputado federal con licencia del PVEM e hijo del exgobernador Leonel Cota Montaño.
Su proceso interno estuvo acompañado por diferencias con otros aspirantes, entre ellos la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga. Al recibir el nombramiento, Cota llamó a dejar atrás la confrontación.
En Campeche, el elegido es Pablo Gutiérrez Lazarus, tres veces alcalde de Ciudad del Carmen. Su trayectoria incluye una primera etapa con el PAN y posteriores victorias con Morena. Su conocimiento territorial en el municipio representa uno de los elementos centrales de su perfil.
Chihuahua será encabezado por Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y político con una trayectoria que pasó por el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena.
Su designación dejó fuera a la senadora con licencia Andrea Chávez, una de las figuras que había concentrado buena parte de la atención interna en el estado.
En Colima, Morena eligió a Rosa María Bayardo, presidenta municipal con licencia de Manzanillo y exfuncionaria del gobierno de Indira Vizcaíno. Su cercanía con la gobernadora fue uno de los elementos señalados durante el proceso interno.
Guerrero tendrá como coordinadora a Beatriz Mojica Morga, senadora con licencia y exmilitante del PRD que ya compitió por la gubernatura en 2015.
Su experiencia electoral y legislativa será uno de los componentes de la estrategia de Morena para conservar el gobierno estatal.
En Michoacán, el coordinador es Carlos Torres Piña, exsecretario de Gobierno y exfiscal general del estado.
Su trayectoria reciente está vinculada con la administración estatal y con investigaciones de alto impacto durante su paso por la Fiscalía.
En Nayarit, la candidatura quedó en manos de Jasmine Bugarín, senadora con licencia del PVEM y exmilitante del PRI.
Su designación fue uno de los casos en que el resultado de la encuesta no coincidió con la decisión final de la dirigencia, debido a la aplicación del criterio de género. Además, Bugarían enfrentó cuestionamientos porque nació en California, Estados Unidos, mientras sus padres, una familia nayarita de origen campesino, se encontraban en ese país por motivos de trabajo. La senadora señaló que “hace años” realizó procedimientos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para renunciar a sus vínculos con Estados Unidos y fueron nuevamente certificados en 2024, aunque no precisó cuándo realizó por primera vez ese trámite.
En Nuevo León, Morena volverá a apostar por Clara Luz Flores, quien ya compitió por la gubernatura en 2021.
La exalcaldesa de Escobedo derrotó en el proceso interno a figuras como Tatiana Clouthier y Waldo Fernández. Su regreso implica también enfrentar nuevamente los antecedentes y cuestionamientos que marcaron aquella campaña.
Analistas de la política de Nuevo León consideran que postular a Flores es una señal de que el partido gobernante espera una derrota el próximo año.
Querétaro tendrá como coordinador a Santiago Nieto, exfiscal especializado en delitos electorales, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y exdirector del IMPI. Su perfil está asociado con la investigación financiera y electoral, además de una trayectoria dentro de distintas instituciones del Estado.
En Quintana Roo, Morena eligió a Eugenio “Gino” Segura, senador con licencia y exsecretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Mara Lezama. Con 32 años, representa uno de los perfiles generacionalmente más jóvenes de la lista.
En San Luis Potosí, Elí César Cervantes Rojas será la carta de Morena.
Es el único estado de los 17 donde Morena no competirá en coalición con el PVEM. El Verde perfila una candidatura propia, mientras Morena apuesta por un militante con trayectoria dentro del movimiento desde 2012.
En Sinaloa, la coordinadora es Imelda Castro, senadora con licencia y política con una larga trayectoria en el PRD y Morena. Su relación política con el gobernador Rubén Rocha Moya se ha deteriorado públicamente, lo que añade una dimensión particular a su llegada al proceso estatal.
En Sonora, Morena designó a Lorenia Valles, senadora con licencia y exdirectora del DIF estatal durante el gobierno de Alfonso Durazo. Superó a otros cinco aspirantes, entre ellos el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, y Célida López.
En Tlaxcala, la elegida fue Ana Lilia Rivera, senadora y una de las figuras con mayor antigüedad dentro de Morena en la entidad. Su trayectoria está ligada al activismo político y a temas como la defensa del maíz nativo.
Finalmente, Verónica Díaz Robles quedó al frente de Morena en Zacatecas. Senadora con licencia y exdelegada de los Programas para el Desarrollo, su trayectoria política está estrechamente relacionada con la familia Monreal, un factor que generó cuestionamientos dentro del propio partido durante el proceso.
Una mezcla que será fortaleza y desafío
El primer elemento que sobresale es la diversidad de trayectorias. No todos son cuadros construidos exclusivamente dentro de Morena. Algunos provienen del PRD, otros del PAN o PRI y varios llegaron a la 4T a través del PVEM.
Ese fenómeno puede ampliar la capacidad territorial del bloque, porque incorpora políticos con estructuras locales, experiencia electoral y conocimiento de regiones específicas.
También introduce una pregunta política: ¿hasta dónde llega la identidad común cuando las carreras de varios de sus candidatos comenzaron en otros partidos?
El caso de Cruz Pérez Cuéllar es ilustrativo: pasó por el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena antes de convertirse en alcalde de Ciudad Juárez y ahora encabezará el proceso estatal. Jasmine Bugarín también transitó del PRI al PVEM. Beatriz Mojica y Lorenia Valles tienen antecedentes en el PRD.
La 4T está construyendo su oferta electoral con una mezcla de militancia histórica, incorporación de cuadros y acuerdos con sus aliados.
No es necesariamente una contradicción; sí es una característica que cada campaña tendrá que administrar.
El verdadero examen: la operación cicatriz
Ese será uno de los principales retos de Morena. El partido estableció que los aspirantes debían aceptar los resultados de las mediciones y respaldar a quien resultara seleccionado. La dirigencia sostiene que el proceso concluyó sin rupturas y que los ejercicios espejo confirmaron sus resultados.
También está claro que aceptar una encuesta no significa automáticamente movilizar a los seguidores del derrotado.
Una operación cicatriz efectiva tendrá que resolver al menos tres problemas: evitar que los aspirantes perdedores se conviertan en campañas paralelas, integrar sus equipos políticos y convencer a sus bases de que la candidatura seleccionada representa un proyecto común.
Los ejemplos recientes muestran la dificultad
En Baja California Sur, Milena Quiroga cuestionó el resultado y condicionó su respaldo a una aclaración técnica.
En Tlaxcala, Alfonso Sánchez García manifestó inconformidad. En Chihuahua, la derrota de Andrea Chávez deja el reto de integrar a un grupo político que había trabajado durante meses alrededor de su aspiración.
No hay evidencia todavía para determinar si esas diferencias terminarán convertidas en rupturas electorales.
Ese será uno de los primeros indicadores de la capacidad de Morena para transformar una competencia interna en una campaña unificada.
El factor PVEM y el problema del PT
La selección de los 17 coordinadores también expuso una tensión dentro de la coalición gobernante.
El PVEM obtuvo cuatro espacios: Baja California Sur con Manuel Cota, Nayarit con Jasmine Bugarín y otros dos perfiles aliados dentro del reparto estatal, mientras el PT no consiguió colocar a ninguno de sus aspirantes en las definiciones.
El reparto tiene consecuencias más allá de los nombres. Morena necesita conservar la coordinación electoral con sus aliados allí donde competirán juntos, pero al mismo tiempo debe administrar los intereses de partidos que tienen estructuras, liderazgos y aspiraciones propias.
San Luis Potosí representa el caso más evidente de esa tensión: Morena irá por separado mientras el PVEM prepara una candidatura propia.
Esto convierte a 2027 en una prueba no solamente para los coordinadores, sino para el modelo de alianza de la 4T.
¿Cuáles son las fortalezas y los puntos de presión?
Las fortalezas son diferentes en cada estado. Algunos cuentan con experiencia electoral previa. Otros tienen conocimiento territorial derivado de haber gobernado municipios. Hay quienes poseen experiencia legislativa o administrativa y quienes tienen vínculos directos con gobiernos estatales.
Ruvalcaba ya conoce una campaña por la gubernatura de Aguascalientes. Gutiérrez Lazarus tiene una trayectoria electoral concentrada en Ciudad del Carmen.
Pérez Cuéllar gobierna políticamente uno de los principales centros urbanos de Chihuahua. Bayardo llega después de gobernar Manzanillo. Y varios de los perfiles senatoriales cuentan con exposición estatal y nacional.
Los puntos de presión también son distintos.
Hay candidatos que deberán superar derrotas anteriores, como Clara Luz Flores; otros tendrán que demostrar que pueden ampliar su presencia más allá de su bastión municipal; algunos enfrentarán cuestionamientos derivados de sus vínculos políticos y otros tendrán que trabajar para recomponer relaciones con quienes perdieron la contienda interna.
No existe, por tanto, un solo modelo de campaña para los 17 estados.
La pregunta que Morena tendrá que responder
Morena llegó a esta etapa con un mecanismo diseñado para ordenar la sucesión interna: encuestas, ejercicios espejo, criterios de género y acuerdos con aliados. El mecanismo ya produjo los nombres.
Ahora comienza una fase mucho más difícil de medir. ¿Pueden los 17 coordinadores convertir esas victorias internas en estructuras electorales capaces de sumar a quienes perdieron?
La respuesta dependerá menos de la ceremonia de nombramiento que de lo que ocurra después.
Si los derrotados aceptan incorporarse, si sus equipos permanecen dentro de la estructura y si Morena logra mantener coordinados al PVEM y al PT donde corresponda, el proceso interno puede quedar como una disputa cerrada antes de la campaña.
Si ocurre lo contrario, las heridas podrían trasladarse a las urnas. La dirigencia morenista sostiene que salió del proceso unida. La elección de 2027 ofrecerá el dato que todavía no puede proporcionar ninguna encuesta: si esa unidad política existe también en el territorio.
Los 17 nombres ya están sobre la mesa. Ahora comienza la parte menos visible y probablemente más decisiva: hacer que quienes perdieron una candidatura encuentren razones políticas para trabajar por quien la ganó.
Ahí se jugará una parte importante de la estrategia electoral de Morena para 2027.
