El descontento dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de ser una protesta centrada en médicos y enfermeras y se convirtió en una movilización que involucra a trabajadores de distintas áreas y regiones del país.
Por Ángel Nakamura
La exigencia es doble: mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen la atención médica y garantizar que los hospitales cuenten con el personal, los medicamentos y los materiales necesarios para atender a los derechohabientes.
La manifestación más reciente, realizada en la Ciudad de México, reunió a miles de personas provenientes de más de una decena de entidades.
Trabajadores sociales, personal de guarderías, empleados de intendencia, camilleros, operadores de ambulancias y trabajadores administrativos se sumaron a las protestas, junto con médicos, enfermeras y jubilados.
El crecimiento del movimiento refleja un malestar que va más allá de la negociación salarial.
Los participantes denuncian carencias de insumos, sobrecarga de trabajo, falta de reemplazos para el personal ausente y una propuesta de incremento salarial que consideran insuficiente.
En el centro de la disputa están el director general del IMSS, Zoé Robledo; el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Rafael Olivos, y la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno enfrenta el desafío de responder a las demandas laborales sin comprometer la operación de una de las instituciones de salud más importantes del país.
Una protesta que dejó de ser exclusivamente salarial
La movilización más reciente comenzó en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzó hacia las oficinas centrales del IMSS, sobre Paseo de la Reforma. Durante aproximadamente dos horas y media, los manifestantes recorrieron vialidades de la capital con pancartas, consignas y uniformes de trabajo.
Algunos participantes vistieron trajes blancos de protección biológica para recordar el reconocimiento que recibió el personal sanitario durante la pandemia de covid-19. Seis años después de aquella emergencia, sostienen, el reconocimiento público no se ha traducido en mejores condiciones laborales.
Una de las consignas que más resonó entre quienes presenciaron la marcha fue: «No te vayas a enfermar, porque no hay material». La frase sintetiza el vínculo que los trabajadores establecen entre sus demandas laborales y la calidad de los servicios que recibe la población.Las denuncias incluyen la falta de jeringas, alcohol, pañales y otros materiales básicos, así como la ausencia de personal para cubrir vacaciones o incapacidades.
El movimiento también recibió el respaldo de derechohabientes, estudiantes y representantes de organizaciones sindicales de otros sectores, entre ellos trabajadores de la educación, del Metro, de Petróleos Mexicanos y del sector eléctrico.
El aumento salarial que detonó el conflicto
Uno de los principales puntos de fricción es la propuesta de incremento para el periodo salarial 2026-2027, que contempla un aumento de 2.9% al sueldo tabular y de 3.9% a las prestaciones, según la información presentada por los trabajadores.
Los inconformes consideran que la oferta es insuficiente frente al costo de vida y las responsabilidades que implica trabajar en el sistema público de salud.
Para ilustrar su inconformidad, una enfermera citada en los reportes de la movilización afirmó que el aumento que recibiría por quincena sería de apenas 107 pesos, de los cuales una parte se destinaría a su ahorro para el retiro.
La consulta organizada por el SNTSS para ratificar o rechazar la propuesta también se convirtió en motivo de disputa. Los trabajadores críticos del proceso sostienen que no se respetaron los plazos legales y consideran que la consulta está «viciada de origen». Aun así, anunciaron que participarían y votarían en contra.
La inconformidad no se limita al monto. Los manifestantes cuestionan la representatividad de la dirigencia sindical y exigen un congreso nacional extraordinario, así como la salida de Rafael Olivos.
El conflicto tiene, por tanto, dos dimensiones que conviene distinguir: la negociación de las condiciones salariales con el instituto y la disputa interna por la representación de los trabajadores. Resolver una no necesariamente solucionará la otra.
Zoé Robledo: diálogo, revisión salarial y búsqueda de soluciones
El director general del IMSS, Zoé Robledo, ha respondido a las movilizaciones con un llamado al diálogo y el compromiso de escuchar directamente al personal.
Su postura inicial ha sido reconocer el derecho de los trabajadores a manifestarse, pedir que las protestas sean pacíficas y solicitar que se mantengan libres los accesos a hospitales y clínicas para no afectar la atención de urgencias.
Como parte de esa estrategia, Robledo anunció un proceso de escucha en 277 hospitales, con visitas a las áreas de trabajo para conocer las dificultades relacionadas con el abasto de medicamentos, los insumos, la infraestructura y la situación contractual de los empleados. La intención es obtener información directamente del personal y no depender exclusivamente de los reportes administrativos.
El conflicto salarial obligó al director a dar un paso adicional. Después de que los trabajadores rechazaran la propuesta sometida a consulta, Robledo anunció la instalación de una mesa de trabajo con el sindicato para analizar alternativas y construir una nueva oferta.
El funcionario también sostuvo que los servicios médicos continuaban operando con normalidad, pese a las movilizaciones. Sin embargo, el diálogo institucional no ha disipado todas las inconformidades. Voceros del movimiento aseguran que los acuerdos entre el instituto y la dirigencia sindical no representan necesariamente a la base trabajadora.
Algunos manifestantes sostienen que no han sido incorporados a las conversaciones y que, por tanto, desconocen si sus demandas serán atendidas.
Esta diferencia es central para entender el conflicto: una mesa de negociación puede abrir la puerta a una nueva propuesta salarial, pero no resuelve automáticamente los reclamos sobre la representación sindical, la falta de insumos o la estabilidad laboral.
Claudia Sheinbaum reconoce demandas legítimas, pero pone límites presupuestales
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente que una parte de las exigencias de los trabajadores del IMSS es legítima y debe atenderse.
Su respuesta se ha concentrado en tres asuntos: mejorar las condiciones laborales, corregir problemas de distribución de medicamentos y revisar la situación contractual de quienes fueron incorporados al sistema de salud durante la pandemia.
En sus declaraciones del 12 de octubre, la mandataria admitió que persisten problemas de desabasto, algunos relacionados con proveedores y otros con la distribución interna del instituto. También reconoció que todavía hay médicos, enfermeras y otros trabajadores contratados durante la emergencia sanitaria que no cuentan con todas las prestaciones o con una contratación definitiva.
Sheinbaum instruyó a Robledo a preparar un plan de acción para atender las demandas y pidió revisar directamente la disponibilidad de medicamentos en las farmacias del IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.
La mandataria explicó que buscaba contrastar los reportes administrativos con la información obtenida de los propios derechohabientes.
El 15 de octubre, tras conocerse el rechazo a la propuesta salarial, Sheinbaum anunció que el director del instituto debía trabajar en una oferta mejorada.
No obstante, estableció un límite: cualquier nuevo planteamiento tendría que ser financieramente viable.
También señaló que la negociación debía considerar otras exigencias, como la regularización contractual de personal sanitario y el pago a médicos residentes.
La presidenta también ha cuestionado el aprovechamiento político de las manifestaciones por parte de actores y grupos partidistas. Sin embargo, ha distinguido ese debate de la obligación gubernamental de atender los problemas del instituto. En su conferencia del 14 de octubre, sostuvo que las demandas legítimas debían resolverse, aunque pidió dimensionar la movilización y examinar la participación de grupos políticos.
La posición presidencial combina, por tanto, el reconocimiento de deficiencias y la promesa de corregirlas con una defensa de la viabilidad financiera y una advertencia sobre la dimensión política de las protestas. La cuestión pendiente es si ese enfoque se traducirá en acuerdos concretos que los trabajadores consideren suficientes.v
