En octubre de 2026, la Zona Metropolitana de Guadalajara registró bloqueos en Chapala, Periférico y El Sauz, además de una marcha al Congreso del Estado, vecinos de colonias como Morelos, El Sauz, Rinconada San Andrés y otras reportaron agua oscura, maloliente y con sedimentos.
Por Eduardo Gómez de la O
Presidente de la Asociación
Mexicana de Gasto Público A.C.
La escasez y la mala calidad del agua se han convertido en un riesgo macroeconómico de primer orden, a nivel global, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial documentan que la escasez hídrica reduce el crecimiento del PIB, desincentiva la inversión y eleva la inflación. En México, especialistas del Consejo Consultivo del Agua estiman que la crisis podría restar entre 4 y 5 puntos porcentuales del producto interno bruto si no se acelera la inversión; el Banco de México calcula que una sequía excepcional en el norte y centro-norte puede generar pérdidas de alrededor de 0.56% del PIB, equivalentes a cerca de 102 mil millones de pesos anuales en agricultura, manufactura y suministro de agua. Estos efectos se concentran en regiones productivas y exportadoras, donde el agua es insumo crítico para la competitividad.
Estos costos económicos no se materializan en el vacío: se traducen en protestas sociales recurrentes que evidencian la tensión entre el derecho humano al agua y los usos productivos. En 2020, en Chihuahua, campesinos bloquearon carreteras y se enfrentaron a la Guardia Nacional cuando el gobierno federal ordenó extraer agua de las presas para cumplir con el Tratado de 1944 ya que los productores argumentaban que sus pozos bajaban mientras el recurso se destinaba a Estados Unidos; el conflicto dejó en evidencia la fragilidad de la gobernanza en acuíferos sobreexplotados del norte y el costo político de priorizar compromisos internacionales sobre la producción local. En el Bajío y el norte, la competencia entre agricultura, industria (incluyendo plantas automotrices y centros de datos) y consumo urbano ha generado tensiones crecientes por concesiones y tandeos.
En octubre de 2026, la Zona Metropolitana de Guadalajara registró bloqueos en Chapala, Periférico y El Sauz, además de una marcha al Congreso del Estado, vecinos de colonias como Morelos, El Sauz, Rinconada San Andrés y otras reportaron agua oscura, maloliente y con sedimentos; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario documentó cientos de quejas y muestreos que hallaron coliformes y metales. El SIAPA reconoció afectaciones en al menos 342 colonias y el gobierno estatal respondió con el cierre de Las Pintas y tandeos de seis meses. Las protestas no solo exigían calidad, sino también transparencia y priorización del consumo humano frente a esquemas de financiamiento de largo plazo, en el Valle de México se han presentado amparos colectivos y movilizaciones por desabasto y mala calidad, mientras en otras entidades del norte y centro las quejas por tandeos y sobreexplotación de acuíferos se han multiplicado.
Estos episodios ilustran que la restricción hídrica no solo resta puntos al PIB o eleva costos industriales: genera conflictividad social, erosión de la confianza institucional y presión política sobre las autoridades federales y estatales, cuando las familias pagan dos veces (el recibo y el garrafón) y los productores pierden cosechas, la disputa por el agua deja de ser técnica y se convierte en un límite al crecimiento y a la gobernabilidad.
Diagnóstico de la situación en Jalisco y su impacto económico
En Jalisco la crisis es visible en la llave, desde hace meses, cientos de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara reciben agua turbia, oscura y con olor a drenaje proveniente del sistema antiguo de Chapala y de la presa Las Pintas. El SIAPA reconoció afectaciones en al menos 342 colonias; muestreos ciudadanos del IMDEC y reportes de medios documentaron coliformes, metales y falta de cloro residual en múltiples puntos y en octubre de 2026 el gobierno estatal cerró las compuertas de Las Pintas, recortando alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo (cerca del 30% del abasto) e implementó tandeos de dos o tres días por colonia durante unos seis meses, la medida busca mejorar la calidad mientras avanzan obras, pero reduce el volumen disponible y obliga a miles de familias a comprar garrafones incluso para el aseo.
El impacto económico ya se siente, organismos empresariales reportan mayores costos de operación para industria y sector inmobiliario; condominios invierten entre 200 y 300 mil pesos en sistemas de filtración, restaurantes y negocios de alimentos enfrentan riesgos sanitarios y gastos adicionales, las familias destinan una proporción creciente de su ingreso a agua embotellada, lo que reduce el consumo de otros bienes y alimenta la inflación local de servicios básicos. En una entidad cuya economía depende de manufactura, comercio, servicios y agroindustria, la incertidumbre sobre la calidad y continuidad del agua se convierte en un factor de riesgo para la inversión y la productividad, S&P Global Ratings identifica a Jalisco entre las entidades con alta exposición económica a fenómenos como El Niño, por su peso en turismo, agricultura e industria.
La alternativa del Plan Hídrico estatal y el acueducto sustituto
El gobierno de Jalisco presentó al Congreso el Plan Hídrico (o Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua), que contempla más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo, entre las obras prioritarias destacan la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara (unos 42 km de conducción cerrada), la modernización y ampliación de las plantas potabilizadoras de Miravalle (PP1), San Gaspar y Tlajomulco, el sistema La Calera y acciones de saneamiento. El costo de la obra del acueducto se cotiza en alrededor de 11,922 millones de pesos a precios de agosto de 2026, bajo un esquema C-MRO a 20 o 25 años, el Plan en su conjunto, incluyendo reingeniería de redes, saneamiento de cuencas, potabilización y resiliencia, se estima en el orden de los 80 mil millones de pesos cuando se consideran las intervenciones integrales de largo plazo.
El secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, ha sostenido que el esquema del acueducto no se trata de deuda ni de privatización del servicio, sino de un contrato financiero multianual cubierto con recursos presupuestales estatales a través de la Comisión Estatal del Agua, se afirma que no habrá aumento de tarifas del SIAPA y que el Estado mantiene la rectoría; sin embargo, el techo de pagos a 20 años se sitúa cerca de 39,689 millones y a 25 años cerca de 48,296 millones, la anualidad alta representa una proporción significativa del presupuesto de la Comisión, el dictamen es favorable pero condicionado: exige capital de riesgo, comparativo de valor por dinero contra obra pública, inscripción en registro y otras salvaguardas.
Lo pendiente por ejecutar del Plan Hídrico: la inversión de 80 mil millones
Más allá del acueducto sustituto y las obras inmediatas de La Calera y la primera etapa de Miravalle, el Plan Hídrico integral contempla una cartera de intervenciones cuyo costo total se estima en el orden de los 80 mil millones de pesos, esta cifra incluye la reingeniería completa de redes de distribución para reducir fugas (que en muchas zonas superan el 30-40%), la modernización integral de las plantas potabilizadoras, el saneamiento de la cuenca del río Santiago y de El Ahogado, la ampliación de capacidad de tratamiento de aguas residuales, obras de resiliencia ante inundaciones y la diversificación de fuentes mediante la conclusión de El Zapotillo y otros proyectos, gran parte de esta inversión permanece pendiente de financiamiento, licitación y ejecución.
Lo que ya está en marcha o en proceso de autorización representa una fracción, el bypass de La Calera y la ampliación parcial de Miravalle pueden aliviar la crisis de calidad en el corto plazo, y el acueducto sustituto ofrece una solución de mediano plazo para la conducción, sin embargo, sin la inversión restante en redes, potabilización a escala y saneamiento de cuencas, el cuello de botella se traslada de la fuente a la planta y a la red de distribución, un acueducto limpio que llega a una planta insuficiente o a una red con fugas masivas no resuelve la calidad en la llave ni reduce las pérdidas económicas que ya se están materializando, la coordinación con la Federación para El Zapotillo y otros proyectos es indispensable, pero el grueso de la reingeniería del sistema metropolitano depende de decisiones y recursos estatales multianuales.
Alternativas de corto y mediano plazo para mejorar la calidad
En el corto plazo, el cierre de Las Pintas y los tandeos buscan detener el ingreso de agua contaminada mientras se concluyen obras inmediatas, estas intervenciones, junto con el saneamiento del canal y la presa, y la clausura de descargas clandestinas, pueden mejorar la calidad en semanas o meses, en el mediano plazo, el acueducto sustituto cerrado permitiría dar mantenimiento al sistema antiguo, reducir pérdidas y contaminación en el trayecto, y bajar costos de bombeo, la modernización de Miravalle y otras plantas incrementaría la capacidad de potabilización, sin embargo, estas medidas son insuficientes si no se avanza en el resto de la cartera de 80 mil millones.
Riesgos para el desarrollo económico de no ejecutar las acciones
De no ejecutarse las inversiones necesarias (incluyendo el grueso de los 80 mil millones pendientes) con transparencia y candados, Jalisco enfrenta riesgos claros y cuantificables.
La falta de certidumbre hídrica puede restar competitividad en nearshoring y turismo, analistas de la OCDE, Moody’s y S&P han señalado que la disponibilidad de agua se ha convertido en un cuello de botella para convertir anuncios de inversión en capacidad instalada; S&P identifica a Jalisco entre las entidades con alta exposición económica a El Niño 2026-2027, fenómeno que podría reducir el crecimiento del PIB real nacional en alrededor de 0.6 puntos en 2026 y 0.4 en 2027 en un escenario severo, además de presionar la inflación de alimentos, el cambio climático eleva la probabilidad de sequías e inundaciones, amplificando estos costos, sin priorizar el derecho humano al agua y sin completar la cartera de inversiones del Plan Hídrico, los conflictos sociales (como los bloqueos y protestas de octubre de 2026) se intensificarán, y el crecimiento económico de Jalisco enfrentará un techo físico.
Ejecutar las obras con rigor, comparar valor por dinero contra obra pública, atar los pagos al volumen que el título de Chapala realmente permita usar (7.5 m³/s de promedio) y proteger un piso presupuestal para red y potabilización no es solo una decisión técnica, es la condición para que el desarrollo de la entidad no se estanque por falta de agua limpia y suficiente, y para que los costos que hoy ya pagan las familias y las empresas no se conviertan en una pérdida permanente de competitividad y crecimiento.
Las cifras del contrato, del Plan Hídrico y de la inversión integral del orden de 80 mil millones de pesos provienen de iniciativas presentadas al Congreso, anexos técnicos de la Comisión Estatal del Agua y reportes oficiales y de medios a octubre de 2026. La opinión es del autor.
