Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Un rasgo fundamental del funcionamiento de los gobiernos en las democracias es la rendición de cuentas (accountability), que no sólo implica la noción de responsabilidad política sino también la existencia y funcionamiento efectivo de mecanismos institucionales, apropiados y suficientes para establecer controles y contrapesos que permitan la supervisión permanente y, en última instancia, la restricción del ejercicio del poder político.
El ejemplo del jueves pasado en el Reino Unido, donde presentó su dimisión la primera ministra con apenas 45 días en el cargo (el período más breve en la historia de ese país al frente de la jefatura de gobierno), según sus propias palabras, por la imposibilidad de cumplir con el mandato para el que fue electa, es una muestra de que en las democracias estos mecanismos funcionan. Esta decisión fue propiciada por la pérdida del respaldo de los parlamentarios de su propio partido (el Conservador), así como de actores económicos estratégicos y la opinión pública, como consecuencia de una serie de propuestas de reforma en materia tributaria que hubieran tenido severas consecuencias en las finanzas del país y en la vida de las personas. Si bien la estructura institucional de un sistema de gobierno parlamentario favorece esta “inestabilidad”, es también apropiado decir que incentiva la responsabilidad política.
En un sistema de gobierno presidencial (más rígido y estable, pero igual requiere construcción de mayorías congresionales para un mejor desempeño), también es posible diseñar instituciones que propicien un ejercicio político responsable y una rendición de cuentas sistemática. El avance que en los últimos años hemos tenido en nuestro país, en un primer momento con la creación de los sistemas de transparencia y acceso a la información, y posteriormente con la creación de los sistemas anticorrupción, obliga a reconocer que sus resultados en mejorar la función pública y sus impactos en la generación de utilidad social son aún insuficientes, y a plantear la necesidad de fortalecer las instituciones, estructuras, procesos y organismos que tienen esta responsabilidad.
Justamente en las últimas semanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal y municipal, se han presentado acontecimientos de interés colectivo (destacando sensiblemente el tema de seguridad, así como la infiltración a la seguridad cibernética de la SEDENA y las filtraciones posteriores de archivos) que ponen a prueba el compromiso de los gobiernos y sus funcionarios con la rendición de cuentas, sino también la capacidad de las entidades públicas creadas para propiciarla y fortalecerla. ¿Cuáles han sido las respuestas de los gobiernos y sus funcionarios a los cuestionamientos que han surgido sobre su desempeño? ¿Qué argumentos, razones y evidencias aportan para que la discusión pública sobre estos temas de interés colectivo sea más objetiva y responsable? ¿Qué acciones están realizando para prevenir y mitigar los efectos negativos de estos hechos en la vida de las personas?
Tener respuestas no debe depender de la voluntad de quienes ejercen cargos públicos, sino de reglas que garanticen la rendición de cuentas como ejercicio permanente.
