Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
En el paquete económico 2024 que se presentó ante el Congreso de la Unión para que se autorice el presupuesto de egresos de la Federación, la responsabilidad fiscal del actual gobierno se ha terminado, no sólo porque sus afirmaciones sobre la salud de las finanzas públicas y no contratación de deuda no son verdaderas, sino por la difícil condición que provocará para el futuro de corto y mediano plazo.
La Secretaría de Hacienda propone el mayor presupuesto histórico del gobierno federal: más de 9 billones de pesos, pero sólo una recaudación de 7.3 billones. Esto implica un déficit presupuestal (el gasto propuesto superaría los ingresos) de 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que también solicita autorización para contratar deuda pública, tanto interna como externa, por 2.5 billones de pesos. Este déficit sobrepasa cualquier cifra registrada en más de 30 años, por lo que diversos análisis financieros de organismos nacionales e internacionales (BBVA, City Group, Moody´s…), ya han considerado que tendría impactos negativos en las finanzas públicas y el crecimiento de la economía, presionando aún más al siguiente gobierno para generar una reforma fiscal, que permita seguir financiando la salud, la educación y la seguridad públicas, así como el pago por servicios de la deuda y los montos crecientes por pensiones (contributivas y universales o no contributivas).
Un ejemplo concreto de que las prioridades del proyecto de presupuesto 2024 no son necesariamente las de mayor trascendencia para la calidad de vida de las personas, puede verse en el particularmente sensible tema de salud. Se esperaba que dado el aumento de la población con carencias de acceso a la salud de 2018 a 2022, que pasó de 20.1 a 50.4 millones de personas, esto es del 16.2% al 39.1% de la población (CONEVAL, 2023), se destinaría mayores recursos a este rubro. Aunque la propuesta es un aumento del 5.8% respecto de 2023, representaría tan sólo el 10.6% del presupuesto total de egresos del Gobierno Federal, es decir tan sólo el 2.8% del PIB. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que la inversión en este rubro debe ser al menos del 6% del PIB de un país, el presupuesto destinado en México del 2018 a 2024 nunca fue mayor a 3%.
Por otro lado, el monto destinado a la política más reconocida del actual gobierno, las pensiones, significarán cerca del 22% del presupuesto. No es una coincidencia que el presupuesto más grande de la historia para el gobierno federal sea justamente en el año de la elección presidencial. El manejo político clientelar que se ha dado al programa de pensiones no contributivas o universales (que no incluye a las contributivas), que pasará de 355 mil 630 a 465 mil 049 millones de pesos (El Economista), es tan sólo una muestra de cómo en año electoral puede ser operado el presupuesto federal con la intención de fortalecer las aspiraciones políticas del partido en el gobierno y sus candidatas y candidatos.
