En los próximos dos años se deberá de definir la ratificación o no de cinco magistrados y el relevo de siete que llegaron a la edad obligada para el retiro y de quienes concluyeron su segundo período como integrantes del Supremo Tribunal de Justicia.
Por Julio César Hernández
A partir de los próximos meses los poderes Legislativo y Judicial del estado entrarán en una vorágine en la que estará a prueba la autonomía e independencia del primero y el respeto a la autonomía e independencia del segundo, pues tienen en agenda la designación o ratificación de una docena de magistrados.
Y esto cobra especial relevancia a partir de aquella carta abierta que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dirigió, a través de sus redes sociales, al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, en el que le advierte que en la mesa de diálogo que propone no negociará la designación de magistrados, cuando es un tema que corresponde al Congreso del Estado a petición del presidente del Poder Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia.
O sea, el asunto es entre diputados y magistrados.
Sin embargo, para nadie es desconocido que es prácticamente una tradición o una ley no escrita, que la aprobación o veto en el caso de magistrados del Supremo Tribunal o de consejeros del Consejo de la Judicatura pasa por el Poder Ejecutivo, independientemente del nombre y apellido del gobernante en turno y del partido al que pertenece.
También es una práctica común que estas designaciones se den como parte de un acuerdo de reparto de “cuotas” entre “cuates” de las diversas fracciones parlamentarias representadas en el Poder Legislativo, y que ciertos espacios se asignen a los partidos políticos o a ciertos liderazgos en los mismos.
PODER JUDICIAL, EL “PATITO FEO”
Por siempre, el Poder Judicial ha sido visto como el “patito feo” de los tres que integran los poderes del Estado. Su reclamo o clamor por manejar su propia hacienda judicial ha sido ignorada por el Ejecutivo y Legislativo, quienes prácticamente lo tienen sometido a sus decisiones, no obstante que en pasadas Legislaturas se han hecho intentos por que eso ocurra, concretamente por diputados como Héctor Pizano Ramos y Enrique Velázquez.
Pero no ha procedido y todo ha quedado en buenas intenciones.
Eso ha permitido, en muchos casos, que los presidentes del Poder Judicial terminen cediendo a las presiones que les imponen desde los otros dos poderes, principalmente en ese reparto de “cuotas” entre “cuates”. Sin embargo, no son pocos los magistrados que en el ejercicio de sus obligaciones de impartir justicia hacen valer en lo particular la autonomía e independencia que debe de existir entre iguales, y sus resoluciones son apegadas a derecho, mientras que su trabajo en las diversas comisiones o comités existentes avalan su hoja de servicio.
RELEVOS Y RATIFICACIONES
En lo que resta de este año, se tienen en agenda la renuncia de dos magistrados por razones de edad, y la ratificación de uno más por un segundo período en el Supremo Tribunal de Justicia.
En junio pasado, el decano y magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos renunció por razones de edad al llegar a los 70 años, razón por la que en diciembre próximo también deberá de renunciar el magistrado Guillermo Valdez Angulo. Ambos fueron presidentes del Poder Judicial e integraron al grupo de magistrados que alcanzaron la inamovilidad en su cargo.
El Congreso del Estado deberá de emitir la respectiva convocatoria para cubrir la vacante del exmagistrado Ramiro Ramos, y en enero próximo deberá hacer lo mismo para cubrir el espacio de Valdez Angulo.
La ratificación que está en proceso es la del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, quien tras cumplir su primer período en el cargo, ya recibió el respaldo y aprobación del pleno del Supremo Tribunal de Justicia y en particular de los presidentes de las diversas Salas para que continúe por un segundo período como integrante del Poder Judicial.
El pleno del Supremo Tribunal emitió ya el dictamen técnico correspondiente, solicitando al Congreso del Estado la ratificación. Dicho dictamen ya se encuentra en poder de la Comisión de Justicia y se espera que sea presentada al pleno en las próximas semanas para su aprobación, lo cual debería de ocurrir en octubre próximo a más tardar.
Se sabe que no hay objeción alguna para que el magistrado Villanueva sea ratificado.
Para el próximo año la agenda registra la renuncia del magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández por razones de edad, el nueve de enero, y la solicitud de ratificación de los magistrados Antonio Flores Allende y Francisco Castillo Rodríguez, quienes concluyen también su primer periodo en el cargo, el primero el 12 de enero y el segundo el 14 de abril.
2024, EL AÑO DEFINITIVO
Será el 2024, año de la elección presidencial, cuando el Poder Judicial de Jalisco registre el mayor número de movimientos entre los magistrados, pues cuatro de ellos concluyen su segundo período en el cargo y dos más el primero con posibilidades de ser ratificados. Los primeros, al ya no existir la inamovilidad, deberán de dejar sus magistraturas y serán relevados por nuevos perfiles que habrá de aprobar el Congreso del Estado.
Quienes concluyen su primer período y su ratificación o no deberá de ser sometida al Legislativo, están los magistrados Felipe Sánchez Montes de Oca y Carlos Oscar Trejo Herrera. El primero concluye su período el primero de agosto, mientras el segundo lo hará hasta el dos de octubre de aquel año.
Por otro lado, los magistrados que dejarán de serlo en el año electoral son: Lucía Padilla Hernández, el 24 de enero; Antonio Fierro Ramírez, el 15 de febrero; Federico Hernández Corona, también el 15 de febrero; en tanto Espartaco Cedeño Muñoz lo hará el 30 de agosto.
Así, pues, antes de que concluya la actual administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se habrá de haber renovado casi la mitad del total de los 34 magistrados que integran el Poder Judicial de Justicia.0
En este sentido, queda la expectativa de hasta donde se aplicará la fórmula de las famosas “cuotas” en la designación de nuevos magistrados, y si en el Congreso del Estado sortearán el riesgo de judicializar las ratificación de los magistrados por la tentación de meter a sus “cuates”.
