Cuando la seguridad deja de ser un asunto doméstico y se convierte en una pieza del ajedrez geopolítico
Por Amaury Sánchez
Politólogo
Hay silencios que pesan más que un discurso y reconocimientos que valen más que una condecoración. En la política internacional nadie regala prestigio, mucho menos cuando se trata de seguridad nacional. Washington podrá cambiar de presidente, de partido o de estrategia, pero hay una constante que nunca modifica: la confianza se gana con resultados, no con simpatías.
Por eso, cuando el administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó públicamente que mantiene comunicación permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y que ambos continúan trabajando juntos en el combate al crimen organizado, no pronunció una frase de cortesía. Emitió un mensaje cuidadosamente medido, destinado no solamente a los gobiernos de ambos países, sino también a las organizaciones criminales, a los inversionistas, a los mercados y a la comunidad internacional.
En el lenguaje de la diplomacia, las palabras suelen esconder más de lo que revelan. En el lenguaje de la inteligencia, cada palabra tiene destinatario. Cuando un alto funcionario estadounidense reconoce públicamente a un funcionario mexicano encargado de la seguridad, el mensaje trasciende el ámbito bilateral y adquiere una dimensión geopolítica. No significa que Washington haya entregado un cheque en blanco al gobierno mexicano ni que exista una aprobación absoluta de toda su estrategia de seguridad. Significa algo más preciso y quizá más importante: Estados Unidos identifica en Omar García Harfuch a un interlocutor confiable para enfrentar una amenaza que dejó de pertenecer a un solo país.
Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos estuvo marcada por una paradoja permanente. Ambos compartían la misma frontera, los mismos mercados y buena parte de los mismos problemas, pero desconfiaban profundamente uno del otro cuando se trataba de seguridad. Cada administración construía puentes que la siguiente se encargaba de debilitar. La cooperación avanzaba y retrocedía al ritmo de las crisis diplomáticas, de los cambios políticos y de las presiones internas.
Hoy el escenario es distinto. El crimen organizado ya no puede entenderse únicamente como un problema de violencia local. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el comercio ilegal de armas, las redes financieras internacionales y las organizaciones criminales con presencia multinacional han convertido la seguridad en uno de los principales ejes de la relación entre ambos países. La frontera ya no separa dos realidades; conecta un mismo fenómeno criminal que afecta por igual a mexicanos y estadounidenses.
En ese contexto aparece la figura de Omar García Harfuch. No como un político de tribuna ni como un protagonista mediático, sino como un operador institucional cuya principal fortaleza parece residir en la construcción de canales de comunicación entre agencias que históricamente trabajaron con reservas mutuas. La confianza expresada por la DEA no nace de un acto protocolario; surge de una relación de trabajo que, según las propias declaraciones públicas, se mantiene de manera constante.
Sin embargo, conviene mirar el fondo del tablero. La política internacional no conoce amistades permanentes; conoce intereses permanentes. Washington coopera con México porque necesita hacerlo. El mercado de drogas sintéticas, las redes financieras del crimen y el tráfico ilegal de armas no reconocen aduanas ni discursos soberanistas. Del mismo modo, México coopera con Estados Unidos porque entiende que ninguna estrategia nacional puede ser completamente eficaz frente a organizaciones criminales que operan simultáneamente en ambos lados de la frontera.
Sería ingenuo interpretar el reconocimiento de la DEA como un acto de generosidad política. Estados Unidos no entrega legitimidad; reconoce eficacia cuando considera que esa eficacia coincide con sus intereses estratégicos. La confianza expresada hacia García Harfuch refleja, sobre todo, que existe una interlocución profesional capaz de producir resultados en investigaciones complejas y de mantener abiertos los canales de inteligencia necesarios para enfrentar a organizaciones criminales.
Pero la historia enseña que los reconocimientos internacionales suelen ser tan valiosos como efímeros. Lo que hoy fortalece políticamente a un funcionario puede convertirse mañana en una pesada carga de expectativas. Porque el elogio de una agencia extranjera no disminuye por sí mismo la extorsión que padecen miles de comerciantes, ni devuelve la tranquilidad a las carreteras, ni resuelve el drama de las desapariciones, ni elimina la violencia que todavía golpea a numerosas regiones del país.
El verdadero desafío de García Harfuch comienza precisamente donde termina el reconocimiento de Washington. Su responsabilidad no consiste en conservar la confianza de la DEA; consiste en traducir esa cooperación en beneficios concretos para los ciudadanos mexicanos. Cada intercambio de inteligencia deberá convertirse en investigaciones sólidas. Cada operativo tendrá que transformarse en procesos judiciales firmes. Cada decomiso deberá afectar realmente las finanzas criminales. Cada golpe a las organizaciones delictivas tendrá que reflejarse, tarde o temprano, en una reducción perceptible de la violencia.
También existe otro riesgo que la euforia política suele ignorar. Una cooperación intensa entre dos gobiernos democráticos solamente conserva legitimidad cuando se desarrolla dentro de los límites del Estado de derecho y del respeto mutuo a la soberanía. México necesita aliados, no tutores.
Necesita compartir inteligencia, no delegar decisiones. Necesita coordinación, no subordinación. La diferencia entre esos conceptos es la que define la dignidad institucional de un Estado.
En ese sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una oportunidad histórica. Si logra convertir la confianza internacional depositada en su secretario de Seguridad en instituciones más fuertes, policías mejor capacitadas, fiscalías más eficaces y mecanismos permanentes de cooperación, el reconocimiento de la DEA quedará registrado como un episodio relevante dentro de una política de Estado. Si, por el contrario, la estrategia depende exclusivamente del prestigio o de la capacidad individual de un funcionario, el riesgo será construir una fortaleza personal sobre una estructura institucional todavía insuficiente.
Quizá por eso la figura de Omar García Harfuch genera hoy tanta atención. No porque represente una solución definitiva, sino porque simboliza la posibilidad de construir una política de seguridad sustentada en inteligencia, coordinación y profesionalización. El reconocimiento estadounidense fortalece esa percepción, pero no la convierte en verdad absoluta. Será la realidad cotidiana la que termine por confirmar o desmentir las expectativas.
En política, como en la historia, los aplausos extranjeros nunca sustituyen el juicio de los ciudadanos. La opinión de Washington puede abrir puertas, facilitar la cooperación y enviar señales positivas al mundo. Pero la única opinión que finalmente decidirá el lugar de Omar García Harfuch en la historia será la de los mexicanos que algún día puedan caminar por sus calles con menos miedo que ayer. Porque, al final, ningún reconocimiento internacional tendrá mayor valor que ese: el día en que la confianza expresada desde el extranjero encuentre su reflejo en la confianza recuperada dentro de México.
