Por Jorge Cabrera
Maestro en Economía y Política Internacional, CIDE
Reducir aranceles puede atraer nuevas armadoras, pero también debilitar a los proveedores nacionales si la inversión no se acompaña de una estrategia de desarrollo tecnológico.
La advertencia del presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) sobre los riesgos de reducir aranceles a determinados componentes automotrices pone sobre la mesa una discusión fundamental para la política industrial mexicana: ¿queremos atraer plantas de ensamblaje o construir una industria nacional capaz de desarrollar tecnología, fabricar componentes de mayor valor agregado y competir en el largo plazo?
El dilema no es menor. México se ha consolidado como una potencia manufacturera y exportadora de autopartes, integrada profundamente a la cadena automotriz de América del Norte. Sin embargo, una parte importante de esa producción depende de empresas transnacionales y de insumos importados. Producir millones de componentes y exportar vehículos no significa, necesariamente, que México controle la tecnología, el diseño o las decisiones estratégicas de la industria.
La reducción arancelaria puede abaratar la instalación de nuevas líneas de producción y mejorar el atractivo de México para las armadoras. Pero existe un riesgo: que resulte más conveniente importar componentes que comprarlos a proveedores establecidos en el país.
En ese escenario, la inversión y el empleo podrían crecer sin que se desarrolle proporcionalmente una industria nacional de mayor sofisticación tecnológica.
La advertencia de la INA merece atención, aunque no implica que toda importación perjudique a los fabricantes mexicanos. El problema consiste en determinar si los componentes extranjeros complementan la producción nacional o desplazan oportunidades de inversión, aprendizaje e innovación.
Para evitarlo, el gobierno de Claudia Sheinbaum debería acompañar los incentivos arancelarios con una política de desarrollo de proveedores. Esto supone facilitar crédito a pequeñas y medianas empresas para adquirir maquinaria, automatizar procesos y obtener certificaciones internacionales; impulsar la investigación, la capacitación técnica y la vinculación entre universidades y fabricantes; y establecer incentivos para que las nuevas inversiones desarrollen proveedores y capacidades productivas en México.
También resulta indispensable evaluar los resultados. No basta con contabilizar armadoras instaladas, empleos creados o vehículos exportados. Debe medirse cuánto valor agregado se genera en el país, cuántos proveedores nacionales se incorporan y qué capacidades tecnológicas permanecen en la economía mexicana. Todo ello, desde luego, con instrumentos compatibles con los compromisos comerciales del T-MEC.
El Plan México enfrenta así una prueba concreta de coherencia. Si el objetivo es fortalecer la producción nacional, los incentivos a la inversión deben contribuir a ese propósito y no limitarse a facilitar el ensamblaje.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿queremos que México sea una plataforma eficiente para ensamblar automóviles diseñados y abastecidos desde el exterior, o aspiramos a construir una industria que también genere tecnología, conocimiento y empresas mexicanas competitivas?
La diferencia entre ambos modelos determinará si la inversión extranjera se convierte en desarrollo industrial duradero o si México continúa atrapado en una posición subordinada dentro de las cadenas globales de producción.
