Carlos Manuel Rodríguez pasó de ser Vocal Ejecutivo del INE en el estado, ahora se convirtió en el nuevo fiscal electoral de Jalisco, y reconoce que aunque fue propuesto por el Ejecutivo estatal en una terna propuesta a los diputados, quien tomó la decisión final fue el Poder Legislativo.
Por Mario Díaz
Carlos Manuel Rodríguez Morales, fiscal especializado en materia de delitos electorales, sabe que ha llegado a una responsabilidad muy importante y delicada para la constante construcción del ejercicio de la democracia en Jalisco.
Fundador del Instituto Nacional Electoral, prioriza que la libertad del sufragio es un elemento fundamental en los estados democráticos, por lo que es un bien jurídico que debe de estar tutelado por el estado mediante sus diversos órganos, entre ellos la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
“La responsabilidad que tenemos ahora es seguir procurando la edificación de la democracia en el país y en mi ámbito de acción, en Jalisco, de eso se trata”, adelanta el ex funcionario del INE.
-Dado el proceso muy cuestionado con el que fue seleccionado, se dice que pudiera ser un fiscal a modo del gobernador, de su partido, toda vez que a él le estaría debiendo esta responsabilidad.
– Hay que decirlo y de manera respetuosa: en el caso de un fiscal como en mi caso, fiscal especializado en materia de delitos electorales, una entidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política, es la que propone (Ejecutivo), pero otra es la que dispone y resuelve que es el Congreso del Estado.
– Pero con este Legislativo sumiso a los deseos del gobernador, ¿no se pierde la calidad moral con el actuar de obediencia plena por parte de la mayoría de los diputados a las instrucciones del gobernador? ¡Vaya, no respetaron las formas!
– Hay que decirlo con toda claridad: La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales goza de autonomía técnica, administrativa y, en este caso particular, es fundamental la consistencia del funcionario en cuanto a sus propias labores. Le aseguro que en el ámbito del Poder Ejecutivo habrá absoluto respeto al desarrollo de las funciones de una fiscalía como la que estoy representando. Para mí no me resulta tan preocupante, si agradezco que se hayan fijado en mi perfil, en mi historial, en mi condición de funcionario electoral, es cosa que se agradece, pero hasta ahí.
“Finalmente fue el Congreso del Estado el que tomó la determinación de una terna que se presentó, así que estamos iniciando una nueva tarea muy retadora, profesionalmente muy interesante para mí, porque anteriormente me desempeñaba en el campo de la organización de las elecciones, ahí acreditamos un desempeño imparcial, profesional con apego a la legalidad, un desempeño que contribuyó a darle certidumbre a los procesos electorales. Igualmente estamos asumiendo este compromiso en el caso del ejercicio de las funciones de fiscal especializado de delitos electorales.
“Tengan la seguridad de que realizaremos esta función con profesionalismo, con apego a ley y con apego a los derechos humanos, esto es muy importante, de tal manera que iniciamos un trayecto que finalmente esperaré llegar a la meta y cumplir como lo establece la ley en esta función”.
– Es usted un funcionario con una gran trayectoria en materia electoral, de ahí que sea usted mismo el garante de esta nueva responsabilidad.
– Si, soy de los fundadores del Instituto Nacional Electoral (1991) siempre he actuado de manera imparcial y dándole el valor que representa para la democracia en México el desempeñar un trabajo honesto que contribuya a seguir construyendo esa misma democracia, que dicho sea de paso es una labor no solo de los funcionarios electorales, partidos políticos, sino que es y debe ser un esfuerzo diario de la propia ciudadanía”.
– Una vez que tomó protesta la responsabilidad solo es de usted.
“La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cuenta con autonomía de gestión, es decir, sus decisiones se toman a través de su propio circuito de decisiones, por sus propios canales y además cuenta con una autonomía técnica, con una autonomía administrativa y presupuestal”.
Tenemos una estructura de doce funcionarios, incluyendo a tu servidor, y por supuesto que se harán planteamientos para fortalecer la estructura orgánica ante los acontecimientos que se avecinan como el proceso electoral 2024.
“Te aclaro que el instrumento normativo que utiliza la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales es, particularmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se crea en el 2014 en el contexto de aquella gran reforma electoral que le dio ese carácter al INE nacional y que le brindó facultades que le permite participar de las elecciones locales en el país”.
– Usted ha mencionado el tema de proteger los bienes jurídicos electorales, que finalmente esa será área de su trabajo.
– Efectivamente, se trata de la importancia de determinar en cada delito cuál es el bien jurídico que ese delito electoral está protegiendo. Se les hizo llegar esta inquietud al Congreso del estado, en este caso tenemos algunos bienes jurídicos claramente especificados en la ley, como proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral, la libertad del sufragio, la efectividad y certeza del voto, constituyen un objetivo claramente especificado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Hay muchos delitos que vienen a proteger estos bienes jurídicos electorales.
– Qué ocurrió con esta fiscalía en el caso de Jilotlán de los Dolores, donde el crimen organizado impidió que algunos partidos políticos pudieran registrar candidatos -solo se le permitió a MORENA-, no se protegieron estos bienes jurídicos de los que habla; esta fiscalía de plano no actuó, no fue durante su administración, claro está, pero qué piensa de ello.
– Esto es un ejemplo de la comisión de un delito electoral, infundir miedo a la población, a los propios candidatos o a ciertas entidades como a los propios funcionarios electorales, ahí se puede dar la comisión de un delito electoral. Seguramente no se le dio vista a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, entonces ya no hubo intervención, no continuaron con la investigación para la integración de una carpeta correspondiente. Y ahí quedó el tema y se resolvió formando un consejo municipal que ha estado funcionando.
“Podríamos considerar, en base a los conocimientos que se tuvieron, que se pudo haber dado la comisión grave de un delito electoral”.
– Otro tema muy frecuente en cada elección son las voces que denuncian la compra de votos el día de la elección.
– Este es un tema muy utilizado en los discursos políticos, pero en la práctica no hay denuncias concretas y que estén sustentadas en hechos que puedan ser verificables, comprobables, de tal manera que se escucha mucho en los discursos.
“Pero hay otro punto en donde se tiene que poner mucha atención: los programas sociales, que son una de las denuncias también muy frecuentes y que en este contexto normativo están contemplados algunos delitos en materia electoral. No se debe de condicionar la entrega de esos programas a cambio de un voto o de tratar de influir cierto miedo, señalando que se los pueden retirar en caso de que el partido en el gobierno pierda la elección. Esto se debe de aplicar tanto en procesos electorales como en consultas ciudadanas”.
– Dice que junto con usted esta fiscalía cuenta con doce personas para hacer su trabajo, pero el día de la elección tendrán que cubrir los 125 municipios de Jalisco ¿cómo le van hacer?
– Bueno, el día de la jornada electoral todos los agentes del Ministerio Público, los Notarios, se constituyen también de manera que puedan recibir denuncias electorales en cualquier rincón del estado o del país. Todo el personal debe de estar al pendiente del desarrollo y de los acontecimientos electorales. Cada uno se convierte en receptores de denuncias. Si llega alguien a un Ministerio Público este tiene la obligación de recibir estas denuncias, ese día de la jornada electoral deben de estar al pendiente de los acontecimientos igual los notarios públicos quienes tienen que dar fe de lo que está ocurriendo”.
“Quien amenace con suspender los beneficios que otorga un programa de apoyo social estaría cometiendo un delito electoral, pero tendrían que ser denunciados y con los distintos elementos de prueba y que puedan dar lugar a la conformación de una carpeta de investigación y que pueda concluir en una acción penal. Actualmente todos los ciudadanos cuentan con la posibilidad de grabar videos que son elementos que la autoridad deberá de considerar al darle el valor que le corresponda, pero lo importante es la denuncia”.
– Finalmente, un ciudadano que vea que su vecino va a la casilla y le ofrece llevarlo, ¿es considerado delito o solo cuando los integrantes de los partidos políticos van a las casas de sus simpatizantes para llevarlos a votar?
– Está establecida esta figura, pero se tiene que dar ciertos elementos; es uno de los aspectos que la entonces oposición señaló que constituían condiciones que de alguna manera impedía que el ciudadano votara con plena libertad, el acarreo de votantes, y se crea una figura delictiva, pero el problema es el acreditar. El documentar la comisión de todas estas acciones son muy difíciles de obtener, salvo que sean los mismos ciudadanos a quienes llevan a votar quienes entreguen estas pruebas y solo queda en denuncias dentro de los argumentos políticos”.
