Por Mtro. José Luis Monterde Ramírez
Doctorante en Administración Pública por el IAPJ
El Sistema Institucional de Gestión Estratégica del Agua de Jalisco (SIG-J2046) se presenta como un documento de consulta pública que pretende ordenar la gestión del agua en el estado durante los próximos veinte años. Reconozco el valor de pensar en el largo plazo y de intentar superar la fragmentación institucional que ha caracterizado la política hídrica. Sin embargo, después de revisar sus planteamientos a la luz de los datos oficiales de CONAGUA, del SIAPA y de la realidad que se vive en el Área Metropolitana de Guadalajara, considero que en su redacción actual es insuficiente y desequilibrado. No responde de manera clara ni prioritaria a la crisis del agua que ya padecen miles de familias en San Pedro Tlaquepaque y en el resto de la metrópoli.
Aunque el documento invoca el derecho humano al agua y se presenta como una política de Estado, en la práctica sigue privilegiando la expansión inmobiliaria, las concesiones industriales y el uso intensivo del recurso en el campo, por encima de las necesidades cotidianas de quienes ya sufren la escasez, la mala calidad del agua y los tandeos. Esta opinión es estrictamente personal y se funda en el análisis de la evidencia disponible, no en ninguna representación institucional.
Datos incompletos y una planeación que no parte de la realidad
El SIG-J2046 trabaja con balances hidrológicos incompletos. Reconoce que hay estrés hídrico, pero no cuantifica con precisión las extracciones efectivas. En Jalisco existen 59 acuíferos delimitados por CONAGUA; de ellos, 35 presentan disponibilidad media anual negativa. El déficit consolidado alcanza los 349.5 millones de metros cúbicos al año. El acuífero de Toluquilla, del que depende gran parte del abastecimiento de Tlaquepaque, registra un déficit oficial de 75.61 millones de metros cúbicos anuales, producto de extracciones masivas para industria y vivienda. El documento lo califica como zona prioritaria, pero no propone una moratoria a nuevos desarrollos sobre su zona de recarga ni un mecanismo concreto para reducir o cancelar concesiones no medidas.
La eficiencia física del SIAPA ilustra con claridad el problema. En 2025 se perdió el 50 % del agua que entra a la red, frente al 64.1 % de eficiencia que se reportaba en 2017. Proponer grandes obras de conducción, como un segundo acueducto de Chapala, sin haber resuelto primero las fugas de la red existente, resulta poco responsable desde el punto de vista fiscal y ambiental. El presupuesto indicativo de 103 mil millones de pesos para el periodo 2027-2030, además, carece de certidumbre sobre aportaciones federales y sobre la capacidad de endeudamiento de los municipios. Sin estas condiciones, las cifras permanecen como ejercicios teóricos.
El derecho al agua y la realidad de las familias
El documento afirma que el derecho humano al agua y al saneamiento es su prioridad superior. Ese derecho, conforme a la Resolución 64/292 de la ONU y a la Observación General N° 15 del Comité DESC, no se limita a la disponibilidad. Incluye accesibilidad, calidad y asequibilidad. El SIG-J2046 concentra casi todos sus esfuerzos en la disponibilidad mediante infraestructura gris, mientras deja en segundo plano la calidad del agua que llega a los hogares y el costo real que representa para las familias.
En Tlaquepaque, colonias como Las Juntas, Miravalle, San Martín de las Flores, Santa María Tequepexpan, El Órgano, La Capilla y la Zona Centro reciben con frecuencia agua turbia, de color café o amarillento, con sedimentos y mal olor. Aunque se anuncia la rehabilitación de la planta potabilizadora de Miravalle con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, no se establecen responsabilidades claras si el servicio sigue siendo deficiente, ni se propone compensar o exentar el pago a quienes reciben agua fuera de la norma. Las familias pagan el recibo del SIAPA y, además, gastan en garrafones o pipas. Ese doble gasto puede absorber hasta el 15 % del ingreso mensual de los hogares más vulnerables. En esas condiciones, el agua no es asequible.
Letrero de alerta en el Canal de las Pintas sobre descargas clandestinas que provocan turbiedad y olor en el agua doméstica.
¿A quién beneficia realmente la propuesta?
Al examinar los anexos y los criterios de priorización, se observa que el SIG-J2046 no está diseñado principalmente bajo una lógica de justicia distributiva. Parece orientado a garantizar la viabilidad hidráulica del crecimiento urbano y de ciertos sectores productivos. Tres áreas concentran los beneficios potenciales:
- El sector inmobiliario. En los últimos sexenios el SIAPA ha otorgado factibilidades a numerosos desarrollos verticales y fraccionamientos grandes sin exigir la rehabilitación previa de la red de la zona. Las nuevas obras de conducción terminan funcionando, en la práctica, como apoyo a esos proyectos, mientras las colonias consolidadas de Tlaquepaque continúan con tandeos y baja presión.
- La industria del corredor El Salto-Tlaquepaque. El Anexo Temático III reconoce que la industria consume volúmenes importantes de agua de primer uso, de alta calidad, extraída del subsuelo. Mientras comunidades cercanas carecen de suministro continuo, plantas manufactureras, químicas y de bebidas mantienen pozos profundos sobre el acuífero de Toluquilla. Se propone utilizar agua tratada de la PTAR El Ahogado, pero no se condiciona esa medida a la reducción o cancelación de las concesiones de agua de primer uso.
- El sector agropecuario. Consume el 63 % del agua consuntiva del estado, equivalente a aproximadamente 4 953 millones de metros cúbicos al año, con una eficiencia cercana al 37 % debido al predominio de sistemas de riego por rodado y gravedad. Se destinan 20 mil millones de pesos públicos para tecnificar el campo, pero no existe un mecanismo legal que obligue a que el agua ahorrada se destine a la recarga de acuíferos o al abastecimiento de poblaciones urbanas.
La situación particular de Tlaquepaque y los problemas de gobernanza
Tlaquepaque enfrenta de manera directa las peores externalidades de este modelo. Colinda con el canal de El Ahogado y la cuenca baja del Río Santiago, uno de los corredores fluviales más contaminados de América Latina. Las descargas industriales con metales pesados, bencenos y disruptores endocrinos superan la capacidad de la planta de tratamiento. El SIG-J2046 propone ampliar plantas municipales, pero no establece un régimen efectivo de inspección continua y sanción de las descargas tóxicas, a pesar de que existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigen reparación integral para los habitantes de la cuenca.
La tristemente célebre cascada de aguas negras vertidas por el SIAPA al Arroyo Seco
El abatimiento del acuífero de Toluquilla ha producido grietas y fallas geológicas que afectan viviendas en colonias como Ojo de Agua y San Martín. Más de 30 colonias de la periferia sur y oriente carecen de red formal o reciben agua solo dos o tres horas al día, generalmente de madrugada y con presión insuficiente. La respuesta habitual del SIAPA ha sido el envío de pipas, una solución costosa, reactiva e indigna. El plan no reserva presupuesto etiquetado ni establece un calendario concreto para cerrar estas brechas de cobertura en Tlaquepaque.
En materia de gobernanza, el SIG-J2046 crea nuevas instancias estatales, pero deja intacto el diseño actual del SIAPA. Aunque los municipios aportan territorio, infraestructura local y la demanda de la población, el Gobierno del Estado mantiene el control operativo y presupuestal. Existe opacidad en la aprobación de tarifas y en el manejo de la cartera vencida, estimada en más de 13 mil millones de pesos a nivel metropolitano, y no hay representación ciudadana directa en la Junta de Gobierno. Inyectar 103 mil millones de pesos a un organismo que pierde la mitad del agua en fugas y carece de controles internos estrictos no constituye una decisión prudente.
Vista aérea de infraestructura de tratamiento de aguas residuales en la zona metropolitana.
Una opinión personal de rechazo condicionado
Por las razones expuestas, expreso de manera estrictamente personal un rechazo condicionado al SIG-J2046 en su redacción actual. No puedo respaldar un plan de veinte años que no ofrezca soluciones concretas e inmediatas a la crisis de agua turbia, a la sobreexplotación del acuífero de Toluquilla y a la falta de inversión prioritaria en las colonias más afectadas de Tlaquepaque.
Para que esta propuesta pueda aspirar a convertirse en un verdadero plan de Estado, considero indispensable incorporar al menos seis cambios de fondo:
- Una moratoria a nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas con estrés hídrico, especialmente en la cuenca de Toluquilla, hasta que se rehabilite la red y se incorporen sistemas de reúso.
- Un fondo obligatorio que destine al menos el 30 % de la inversión del SIAPA a la sustitución de tuberías obsoletas y a la eliminación de fugas físicas en el sur de la metrópoli, como condición previa a la construcción de nuevos acueductos.
- Un esquema de exención automática del pago del recibo para las colonias que reciban agua fuera de la NOM-127-SSA1-2021, de modo que se reconozca el daño a la economía familiar.
- Una reforma a la ley que crea el SIAPA que otorgue a los municipios la mayoría en las decisiones de la Junta de Gobierno.
- Un plan estricto de inspección y saneamiento de las descargas industriales en El Ahogado, con estaciones de monitoreo continuo, clausuras automáticas e indemnización ambiental a los habitantes afectados.
- Un programa amplio de cosecha de agua de lluvia en escuelas, edificios públicos y viviendas de las colonias con tandeo crónico, reorientando parte del presupuesto de infraestructura gris hacia soluciones descentralizadas.
Ningún documento, por bien redactado que esté, resuelve por sí solo la crisis del agua. La prueba real del SIG-J2046 no estará en la calidad de su redacción ni en la elegancia de su arquitectura institucional, sino en su capacidad de corregir, con hechos verificables, las desigualdades que hoy obligan a miles de familias de Tlaquepaque a convivir con agua de mala calidad, tandeos indignos y un doble gasto que erosiona su economía. El agua no puede seguir siendo un privilegio de la expansión inmobiliaria y de las concesiones industriales. Debe ser un derecho efectivo, de calidad y al alcance de todas las personas. Mientras eso no ocurra, cualquier plan de veinte años que no coloque en el centro a quienes ya padecen la crisis permanecerá como un ejercicio incompleto. Esta es mi opinión personal, fundada en los datos oficiales y en la evidencia cotidiana.
