Por Dr. Ulises Hernández Vázquez
Politólogo, Abogado y Doctor en Administración Pública
Andrés Manuel López Obrador nunca pudo demostrar que Lorenzo Córdova fuera el delincuente electoral que su discurso político pretendía construir, tuvo que conformarse con verlo concluir su mandato y aprovechar la renovación institucional para impulsar un INE políticamente más cercano a su proyecto, lo que durante décadas fue un organismo de referencia internacional por su profesionalización y autonomía y que terminó atrapado en una disputa sobre la concentración del poder, la independencia de sus decisiones y la subordinación frente al gobierno.
El problema no comenzó con Guadalupe Taddei, pero su presidencia representa uno de los capítulos más controvertidos de esta transformación, la concentración de facultades en la presidencia del Instituto, las disputas internas y los cuestionamientos sobre decisiones electorales debilitaron la confianza en una institución cuya principal fortaleza siempre debió ser su independencia.
Las controversias por la asignación de la mayoría calificada después de las elecciones de 2024, las decisiones adoptadas durante la elección judicial de 2025 y los señalamientos sobre contrataciones administrativas obligan a revisar no solamente las actuaciones de Taddei, sino también el funcionamiento de los contrapesos institucionales, porque la autonomía electoral no desaparece únicamente cuando se modifica una ley; también se erosiona cuando quienes deben ejercerla dejan de actuar con independencia.
Ahora, el escándalo por los presuntos vínculos con proveedores y posibles conflictos de interés coloca a la expresidenta frente a investigaciones que deben llegar hasta sus últimas consecuencias, la confrontación política y las disputas por contratos abren interrogantes sobre quién conocía las irregularidades, quiénes pudieron beneficiarse y por qué las alertas no produjeron consecuencias oportunas.
Resulta especialmente significativo que Guadalupe Taddei, designada para permanecer hasta 2032, haya pasado en cuestión de días de rechazar su salida a presentar una renuncia anticipada. ¿Qué cambió? ¿Se agotó su respaldo político? ¿Existieron presiones desde el poder? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades administrativas y políticas? ¿Y qué información podría surgir sobre las decisiones adoptadas en los procesos electorales de 2024 y 2025?
Pero existe una pregunta todavía más importante: ¿terminará todo mediante una negociación política que sustituya la rendición de cuentas por una salida discreta y una impunidad conveniente para todos?
Hasta hoy, las acusaciones requieren investigación y prueba; no pueden confundirse las sospechas con sentencias. Sin embargo, tampoco puede utilizarse la renuncia como mecanismo para cancelar responsabilidades, la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades competentes y los órganos de control tienen la obligación de esclarecer los hechos, identificar posibles beneficiarios y determinar si existieron daños al patrimonio público.
La democracia mexicana no necesita otra telenovela de escándalos, filtraciones, traiciones y arreglos entre grupos de poder. Necesita saber quién decidió, quién autorizó, quién cobró y quién permitió.
Porque si todo termina con Guadalupe Taddei fuera del INE, conservando cualquier beneficio económico obtenido ilícitamente —si llegara a acreditarse— y sin que nadie responda por las irregularidades, el mensaje será devastador: que en México la corrupción puede negociarse políticamente y que la autonomía institucional solamente importa mientras no incomode al poder y entonces el verdadero fracaso no será solamente el de una funcionaria, sino el de un sistema político que debilitó sus contrapesos y después se sorprendió de las consecuencias.
Las personas se van, las instituciones permanecen; pero cuando se destruye su credibilidad, la democracia entera paga las consecuencias.
