Por Dr. Ulises Hernández
Politólogo, Abogado y Doctor en Administración Pública
Análisis histórico, jurídico y de ciencia política
En Jalisco, la historia política suele pasarle factura a la soberbia de sus gobernantes, el electorado puede dejar pasar fallos de gestión, aguantar medidas poco populares o aguantar escándalos en los medios; lo que casi nunca perdona es que el poder muestre desprecio directo hacia la gente. Mientras Emilio González Márquez marcó el declive del PAN con una mentada de madre, Pablo Lemus Navarro se expone a que una manifestación por agua limpia marque el inicio del fin para Movimiento Ciudadano en el Estado. Si bien es cierto que se trata de dos situaciones distintas en gravedad y forma, pero comparten la misma raíz: la pérdida de legitimidad que sufre un gobernante cuando cree que tener autoridad constitucional lo autoriza a pasar por encima de la ciudadanía, no toda intervención de la fuerza pública tiene el mismo significado político ni constituye necesariamente represión ilegítima.
Si nos vamos a recordar los últimos 5 periodos de gobierno, en el administración de Alberto Cárdenas Jiménez, las movilizaciones del movimiento de El Barzón produjeron confrontaciones con la autoridad, particularmente en 1999, en un contexto de demandas de organizaciones de deudores, posteriormente, durante la administración de Francisco Ramírez Acuña, los llamados globalifóbicos o altermundistas protagonizaron violentos enfrentamientos durante la Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea de mayo de 2004, en ambos episodios existieron sectores sociales que consideraron necesaria la intervención policial para restablecer el orden, sin embargo, en 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó detenciones ilegales, tratos crueles y casos de tortura, la violencia de determinados manifestantes jamás legitimó esos abusos.
La distinción es esencial: Thomas Hobbes reconocía la necesidad de una autoridad capaz de preservar la paz; John Locke advertía que el poder político debía proteger los derechos de quienes lo habían instituido, por ello una cosa es ejercer legítimamente la fuerza para impedir conductas violentas y otra convertirla en instrumento de castigo contra quienes manifiestan su inconformidad.
En 2008, Emilio González Márquez cometió uno de los errores de comunicación política más costosos de la historia contemporánea jalisciense, en un evento del Banco Diocesano de Alimentos, en medio de cuestionamientos por la entrega de recursos públicos y el financiamiento del Santuario de los Mártires, respondió con una mentada de madre a sus críticos (en específico a la prensa) la oposición convirtió aquella expresión en símbolo de arrogancia, mientras que el gobierno fue incapaz de neutralizar el daño reputacional. En 2009, las controversias por el Macrobús alimentaron el ambiente de descontento, en ese año hubo elecciones intermedias, el PAN perdió todos los municipios metropolitanos que había ganado 3 años antes, así, como la mayoría en el congreso, la escalada no paro ahí, para 2012 el PAN perdió la gubernatura después de dieciocho años de ejercicio del poder. Aunque No fue una derrota causada exclusivamente por una grosería, sino por una acumulación de agravios que encontraron en aquella expresión un símbolo perfectamente reconocible y capitalizable que se convirtió en el caldo de cultivo de lo que el principal partido político opositor (PRI) se alimentó.
Max Weber habría distinguido entre conservar legalmente el poder y perder progresivamente la legitimidad social; Maquiavelo habría advertido el peligro de despertar el rechazo popular y Robert Michels habría reconocido el proceso mediante el cual las organizaciones que llegan prometiendo renovación terminan reproduciendo los mismos vicios que denunciaban. El problema de Pablo Lemus comenzó a exhibir señales de alarma mucho antes de la manifestación del 11 de octubre de 2026, En junio de 2025, el caso de una personaje, contratada como asesora técnica del SIAPA con una remuneración superior a 73 mil pesos mensuales, provocó cuestionamientos sobre su perfil, las contrataciones y las prioridades del organismo, su contrato no fue renovado y se abrió una investigación sobre posibles irregularidades, ello no equivale a una declaración de culpabilidad, pero políticamente constituyó una quemadura innecesaria para el gobierno. Mientras miles de familias esperaban eficiencia, transparencia y agua de calidad, la conversación pública giraba alrededor de una contratación cuestionada. El episodio debió funcionar como una primera advertencia: el SIAPA no solamente tenía problemas hidráulicos, también padecía una crisis de credibilidad institucional, Lemus, después de gobernar dos veces Zapopan y Guadalajara, difícilmente podía presentarse como un recién llegado a los problemas metropolitanos.
Meses antes los ciudadanos de la ZMG se quejaban del mal aspecto y olor del agua que salía de las llaves de sus hogares, el problema empezó a escalar, quejas constantes de los ciudadanos, hay un episodio de una rueda de prensa de MC donde estos respaldaban el plan hídrico del Gobernador, al terminar la sesión y con el furor del mundial, el coordinador de los diputados terminó la rueda de prensa dando los buenos días y agrego ¡…y que gane Francia¡, a lo que una diputada de un distrito metropolitano del mismo partido culmino diciendo ¡Ahí si hay agua limpia¡ expresión que fue difundida en redes sociales dado su comentario de mal gusto. Entonces llegó el 11 de octubre, miles de ciudadanos salieron a exigir agua limpia y la movilización frente a Casa Jalisco terminó con enfrentamientos, gases lacrimógenos, chorros de agua (limpia irónicamente), personas lesionadas y detenciones denunciadas como arbitrarias. También hubo policías agredidos, conductas que deben investigarse individualmente, pero la violencia de algunos participantes no justifica los abusos contra manifestantes pacíficos, el propio gobernador reconoció errores y detenciones injustificadas, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron agresiones y posibles actos de tortura.
La diferencia política con los episodios anteriores es enorme: el agua no tiene ideología, partido ni condición económica. la necesita quien votó por Movimiento Ciudadano y quien jamás lo hizo, Cuando el agravio afecta una necesidad universal y la respuesta gubernamental aparece asociada con imágenes de ciudadanos golpeados, menores y adultos mayores afectados, el conflicto deja de pertenecer exclusivamente a los manifestantes y adquiere una dimensión social mucho más amplia. Desde Montesquieu, el poder debe encontrar límites en el derecho; desde Hannah Arendt, la violencia no sustituye la legitimidad, una administración puede explicar décadas de abandono hidráulico, pero no puede pretender que esa herencia histórica justifique una intervención policial desproporcionada.
La crisis ha trascendido ya del terreno administrativo al parlamentario, las bancadas de Morena, Futuro, Hagamos y el Partido del Trabajo exigieron la destitución y separación de los servidores públicos responsables de los abusos. También anunciaron que analizan el juicio político y otras vías de responsabilidad, la exigencia merece una respuesta institucional: investigar quién ordenó el operativo, quién autorizó los medios utilizados, quién ejecutó las detenciones y quién permitió los excesos, la responsabilidad no puede agotarse en sancionar a los policías de menor rango mientras las decisiones superiores permanecen intocables.
Pero existe una cuestión constitucional todavía más trascendente: la revocación de mandato del gobernador. El artículo 11, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco contempla este mecanismo de participación ciudadana, desarrollado por el artículo 82 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, su regulación prevé una solicitud respaldada por el 3 % de la lista nominal, con la distribución territorial exigida por la ley, y una ventana de solicitud durante los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional. Por tanto, no constituye una destitución automática ni un procedimiento que pueda convocarse inmediatamente por la indignación social, es un instrumento que exige requisitos, plazos y verificación electoral, su eventual ejercicio respecto de Lemus correspondería a la segunda mitad de su mandato, no a las elecciones de 2027.
La relevancia de esta figura consiste en recordar que el poder no es patrimonio del gobernante, la ciudadanía puede organizarse, exigir rendición de cuentas, documentar responsabilidades y, cuando llegue el momento constitucionalmente previsto, valorar la utilización de los mecanismos participativos disponibles, la revocación no debe confundirse con una sentencia de culpabilidad, pero tampoco la victoria electoral constituye una patente de impunidad.
Giovanni Sartori recordaría que la democracia necesita controles efectivos y no solamente elecciones periódicas, la legitimidad de origen no cancela la responsabilidad durante el ejercicio del cargo, precisamente ahí reside el mayor desafío para Lemus: no basta con concluir su administración; importa también en qué condiciones políticas y morales llegue al final. Las elecciones de 2027, cuando se renovarán los ayuntamientos y el Congreso local, podrían convertirse en el primer examen electoral de este desgaste, no existe una derrota inevitable para Movimiento Ciudadano, pero sí un riesgo perfectamente identificable: que el caso del escándalo de la persona contratada sin las mínimas credenciales para el cargo que ostentaba, las deficiencias del SIAPA, el agua contaminada, la actuación policial y las exigencias de responsabilidades terminen formando una sola narrativa de incompetencia, prepotencia, arrogancia y pérdida de sensibilidad gubernamental. Como en Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, los grandes derrumbes rara vez carecen de advertencias, Primero aparece un escándalo que se minimiza; después, una deficiencia que se justifica; enseguida, una protesta que se desatiende; finalmente, un acontecimiento que concentra todas las inconformidades anteriores.
Alberto Cárdenas sobrevivió políticamente al conflicto con El Barzón; Francisco Ramírez Acuña concluyó su mandato pese a los graves abusos documentados contra altermundistas; Emilio González Márquez terminó el suyo, pero dejó un PAN desgastado que perdió la gubernatura, Pablo Lemus también puede concluir su administración, La verdadera incógnita es cuánto capital político conservará Movimiento Ciudadano cuando los jaliscienses vuelvan a las urnas. Porque Emilio González Márquez convirtió una mentada de madre en un costo político para el PAN; Pablo Lemus podría convertir una crisis del agua en la factura electoral más onerosa de Movimiento Ciudadano.
La ironía resulta difícil de superar: un gobierno que no pudo garantizar agua limpia en los hogares terminó utilizando agua a presión (limpia de llenaderos) contra ciudadanos que salieron a exigirla. Quizá el agua más cara de la historia política de Jalisco no sea la que el SIAPA no consiguió potabilizar, sino aquella que el gobierno utilizó durante una protesta ciudadana, porque su verdadero costo no aparecerá en los recibos: podría cobrarse en las urnas de 2027 y perseguir políticamente a sus responsables durante el resto del sexenio.
