Se requiere que después de la elección de 2024 se discutan en los Congresos federal y estatales nuevos mecanismos y disposiciones que hagan funcionar nuevamente a las precampañas como ejercicios válidos e importantes para nuestra democracia.
Por José Antonio Elvira de la Torre
Las precampañas formales para aspirantes a las candidaturas a cargos de elección local de los diferentes partidos políticos nacionales y estatales finalizaron en Jalisco el pasado tres de enero, por lo que resulta pertinente analizar si estos mecanismos siguen cumpliendo con el propósito por el que fueron incorporados a la institucionalidad electoral, y cuál fue la contribución que realizaron al fortalecimiento de la calidad de la democracia en nuestro estado. Esto, con el propósito de plantear algunas ideas y propuestas de mejora que aumenten su valor público y utilidad social.
¿Sigue teniendo sentido que estén reguladas las precampañas?
Las precampañas fueron reguladas por primera ocasión en la reforma electoral federal de 2009 y, como consecuencia, también en las Constituciones y legislaciones estatales. El propósito de incluir este tema como una de las actividades sujetas a regulación y supervisión de los organismos electorales era la imparable tendencia de funcionarios públicos, ya sea federales o estatales, para utilizar sus cargos e incluso los recursos materiales, financieros, humanos y técnicos que debían ser gestionados de manera imparcial y apartidista para favorecer a partidos políticos y/ sus propias aspiraciones político-electorales.
Algunos de los casos más fáciles de recordar de esta tendencia en los gobiernos de los estados, dado que terminaron siendo candidatos de sus respectivos partidos a la Presidencia de la República, fueron Vicente Fox en Guanajuato de 1994 a 2000; Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México del 2000 al 2006; y Enrique Peña Nieto en el Estado de México del 2006 al 2012.
Por ello, la reforma antes mencionada produjo mecanismos institucionales para limitar este tipo de conductas, estableciendo tanto en la Constitución como en la legislación secundaria de aquel entonces, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que aún siguen vigentes en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE):
Sigue teniendo sentido que se regulen las precampañas porque aunque cada vez sean más claras y contundentes las evidencias de que los mecanismos institucionales ya no son suficientes para garantizar que partidos y aspirantes se apeguen estrictamente a las disposiciones institucionales y que las autoridades electorales no lograron limitarlos de manera efectiva, no significa que podamos responder de manera simplista diciendo que entonces desaparezcan esas regulaciones. Por el contrario, se requiere que después de la elección de 2024, de manera responsable se discutan en los Congresos federal y estatales, con la participación de la ciudadanía y especialistas en la materia, nuevos mecanismos y disposiciones que hagan funcionar nuevamente a las precampañas como ejercicios válidos e importantes para nuestra democracia, considerando al menos los siguientes elementos:
a). Generar valor público y utilidad social. Vincular de mejor manera a los partidos políticos con la ciudadanía, permitiendo mayor información y conocimiento que tienen de ellos, de sus procesos internos y de sus principales liderazgos, y propiciando un mayor involucramiento en los asuntos públicos y una participación en la vida política.
b). Fortalecer la democracia interna en los partidos. La democratización y calidad de los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos, con una mayor participación, involucramiento y vigencia plena de las libertades y derechos de sus militantes.
c). Mejorar los perfiles de candidatos. Contribuir a tomar decisiones racionales de las organizaciones partidistas sobre los mejores perfiles para presentar como candidatos en las elecciones que les permita elevar el nivel de la discusión pública en las campañas, para que sean verdaderos ejercicios de contrastación de proyectos de comunidad y no sólo ejercicios vacíos de promoción de imagen y discurso.
d). Mejorar el perfil de quienes ejercerán cargos públicos. Considerar el fin último de quienes compiten por cargos públicos, integrar gobiernos democráticos, respetuosos de la legalidad, capaces de atender los problemas públicos que enfrentamos como sociedad con eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué resultados y contribuciones obtuvimos de las precampañas 2023-2024?
Con justa razón podemos hablar de que las precampañas locales que recién finalizaron en el estado de Jalisco (y las precampañas federales que aún se realizan -al momento de la redacción de este texto-) entregaron resultados poco alentadores sobre el valor público y la utilidad social que esta etapa de los procesos electorales tiene para la ciudadanía en los siguientes rubros:
Eficiencia institucional
Es evidente el agotamiento del actual esquema institucional en términos de su capacidad para restringir conductas ilegales e incentivar el desempeño legal de la mayoría de los actores políticos, ya sean colectivos (partidos, agrupaciones, organizaciones públicas o privadas) o individuales (aspirantes, militantes). Particularmente evidente en este proceso, quizá como en ningún otro en los últimos 30 años en Jalisco, fue la imposibilidad de que las autoridades electorales nacional y estatal pudieran restringir las conductas indebidas de algunos funcionarios públicos federales y estatales, que incurrieron en promoción personal indebida para sus aspiraciones posteriores a cargos electorales.
De mantenerse las reglas actuales sin mejoras sustanciales, lo que seguiremos observando en las precampañas es una ventaja indebida para los partidos políticos que ejercen responsabilidades gubernamentales. Resulta indispensable regresar a la mesa de diseño de mecanismos legales y fortalecer a las instancias de autoridad electoral para inhibir la creciente tendencia de funcionarios que incurren en prácticas ilegales al promover programas y resultados gubernamentales como logros partidistas o de personas en particular, usar políticamente información pública como, por ejemplo, padrones de beneficiarios de programas públicos para generar trabajo partidista, utilizar funcionarios gubernamentales en tareas de promoción partidista, condicionar el acceso a bienes o servicios públicos y chantajear a los beneficiarios sobre la continuidad de los apoyos a cambio de respaldo político electoral, entre otras.
La conveniencia de una reforma es clara, incluso en términos de una visión pragmática y de corto plazo -que en ocasiones parece prevalecer en algunos actores políticos-; los que hoy gobiernan y se benefician de esas prácticas, pueden ser mañana quienes padezcan y se inconformen ante estas prácticas ilegales y la poca capacidad real de las autoridades para frenarlas.
Utilidad social y valor público
El valor que las precampañas aportan a las personas no ha sido suficientemente claro para muchas de ellas. Hay una percepción ampliamente difundida y compartida por muchos de que las precampañas no aportan nada positivo y que, por el contrario, son una pérdida de tiempo y recursos, o incluso de la tranquilidad de la ciudadanía que está expuesta a “demasiada publicidad y propaganda”. En una sociedad como la nuestra, en donde sigue en construcción el espacio de lo público, que demanda la responsable disposición a informarse y participar de una mayoría de personas dispuestas a ejercer a cabalidad sus derechos civiles y políticos, las razones en contra de este tipo de ejercicios no escasean.
La actual legislación no permite que se discutan en precampañas proyectos de comunidad ni propuestas para resolver problemas públicos, porque se supone que es un procedimiento interno, dirigido sólo a militantes y a órganos partidistas responsables de la decisión, pero sus estrategias están orientadas a todos los públicos, a la ciudadanía en general. Estamos en el peor escenario, no hay procesos internos democráticos para seleccionar a los candidatos, pero sí tenemos ejercicios estériles de promoción de aspirantes.
Es por eso que es muy importante, incluso urgente, que quienes se dedican al ejercicio profesional de la política y las organizaciones en las que participen (fundamentalmente los partidos políticos), contribuyan a modificar la preocupante tendencia a la vaciedad de la política que estamos presenciando. Fortalecer el interés y el involucramiento responsable y democrático de las personas en la vida pública, la deliberación respetuosa y constructiva sobre el futuro de nuestra comunidad, no pasa por una campaña donde los partidos nos ofertan canciones rítmicas o aspirantes que nos comparten el color de su calzado; o peor aún, que incumplan la legislación que los obliga y que manipulen y engañen a las personas sin debatir con seriedad la viabilidad de su proyecto o los resultados que avalan su trayectoria.
Calidad de la democracia
El tercer eje para evaluar lo que nos dejaron las precampañas tiene que ver con el fortalecimiento de las condiciones para contar con una democracia de calidad. Una sustentada en el libre ejercicio de los derechos y libertades civiles y políticos; en una amplia, informada y responsable participación del mayor número posible de integrantes de la comunidad; una centrada en la permanente y obligatoria rendición de cuentas de políticos, partidos, funcionarios, entidades públicas, gobiernos y medios de comunicación.
El saldo tampoco es favorable con una constante y visible disminución del grado de institucionalidad de los partidos políticos que cada vez menos están orientados por las reglas formales y cada vez son más dependientes de los liderazgos personales y las prácticas informales para la determinación de sus decisiones políticas y sus acciones colectivas. Se observa una disminución de los márgenes de operación democrática en el funcionamiento de estas organizaciones en lo particular y del ejercicio político en lo general.
Que no se realicen ejercicios democráticos en la definición de candidaturas no es la única razón ni la más poderosa para que las personas pierdan interés en la democracia y dejen de respaldarla, pero es un elemento que contribuye. Los partidos sí son organizaciones relevantes para la democracia y su desempeño la afecta directamente, y si esto además se ve acompañado de gobiernos que no contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas y a atender con niveles justificables de satisfacción los problemas públicos, el escenario se complica. Por ello la evaluación a la democracia, a los congresos, a los partidos, se encuentra en puntos preocupantemente bajos en nuestro estado, en nuestro país, en la Latinoamérica y en el mundo.
¿Qué se requiere modificar en términos institucionales para mejorar la contribución democrática y de valor público de las precampañas?
Ser realistas respecto a las posibilidades de que esto ocurra, implica reconocer que el resultado electoral de la contienda facilitará o dificultará la tarea:
– Procesos internos democráticos de los partidos políticos.
Restricción de realizar precampañas sólo para aquellos partidos políticos que realicen procesos democráticos de selección de candidaturas. Si, por el contrario, se opta por designaciones, encuestas, tómbolas, o cualquier otro mecanismo que no implique competencia, no se tendrá derecho de realizar precampañas.
Garantizar procesos internos democráticos para la selección de candidaturas en los partidos políticos implicaría:
- a) Potenciar la institucionalización de nuestro sistema de partidos, pasando de partidos centrados en liderazgos no democráticos a organizaciones de leyes y plenitud de derechos de sus militantes
- b) Inhibir la excesiva centralización de las decisiones políticas por los órganos nacionales de los partidos
- c) Realizar elecciones democráticas internas, al estilo de las primarias en Estados Unidos, para la definición de candidaturas, que evite la simulación de las precandidaturas únicas
– Disminución de tiempos de precampaña y ajustar los montos de los topes de precampaña y campaña
Elección democrática sumada a una disminución de tiempos de precampaña implicaría para los partidos una menor dispersión de esfuerzos y una menor necesidad de ingresar recursos privados para el desarrollo de las mismas, lo que se traduce en mayor independencia de grupos de interés y de poder de los posibles candidatos, así como en ejercicios más eficientes.
Los topes de gasto de precampaña dependen, como comentamos al inicio, de la cantidad de gasto de campaña que el cargo en específico tuvo en la elección inmediata anterior y, dado que deberían ser ejercicios dirigidos a la militancia y/o a los órganos partidistas que tomarán las decisiones de las candidaturas, las cifras observadas en procesos anteriores han sido apropiadas.
No obstante, para un estado como Jalisco los topes de campaña han sido tradicionalmente muy bajos, generando una dinámica de rebase de topes de gasto de campaña entre los principales contendientes con posibilidades reales de obtener los cargos, propiciando enormes incentivos al ingreso ilegal de recursos a las campañas, o el desvío de recursos gubernamentales con ese propósito.
En el caso de los munícipes, el cálculo del tope de gasto de campaña es variable y está en función de la población de cada municipio, pero como ejemplos, el de mayor y uno de los de menor tope de gasto: Guadalajara y Ejutla, respectivamente.
La disparidad muestra que ni el tope para una ciudad como Guadalajara es apropiado, pero tampoco lo es para una comunidad como Ejutla, garantizando que los partidos en los gobiernos municipales o en la oposición que pueden competir realmente por ganar el municipio, tendrán severos problemas para ajustarse a esa cantidad en 60 días de campaña y enormes incentivos para recabar dinero y orientarlo ilegalmente a ganar la elección. La revisión de los topes de campaña para hacerlos más ajustados a la realidad poblacional del estado, más la reducción de días de campaña, mejorarían sustancialmente la situación, reconociendo que siempre habrá actores políticos que violen las disposiciones legales en función de ganar comicios. Aunque ahí entran los organismos electorales para sancionar esas conductas.
Inhibir desvío de recursos gubernamentales y participación indebida de funcionarios públicos y limitar el ingreso de recursos privados indebidos para financiar precampañas
Es necesaria una mayor transparencia y rendición de cuentas respecto al origen de los recursos que financian las precampañas, para identificar las posibles relaciones y compromisos políticos y económicos al conocer quiénes financian a los aspirantes. Las sanciones económicas no son suficientes para eliminar el desvío de recursos gubernamentales ni la participación indebida de funcionarios públicos para favorecer a partidos y candidaturas. Más efectiva, aunque poco frecuente, ha resultado la sanción de negar registro de candidaturas que incurran en este tipo de acciones.
La sanción puede, incluso, ser más efectiva, llegando al extremo de no permitir la sustitución de candidaturas a los partidos políticos que de esta manera tendrían incentivos a seguir las reglas, no a violarlas y luego cambiar candidaturas.
