Por Carlos A. Lara González
Dr. en Derecho de la Cultura y Analista de la Comunicación y la Cultura
@Reprocultura
La ciudadanía cultural es un término cada vez más convocante. Sencillo de comprender, en apariencia, si acudimos a la literalidad de la expresión, mas no por ello exento de precisiones en tiempos en que prima el extravío conceptual en toda la geografía política. Me atrevo a decir, sin que esto sea un artículo de fe, que podríamos entenderlo desde las categorías de cultura, política, ciudadanía y libertad.
Entendiendo cultura como un ámbito que da raíz y sentido a la vida personal y social del ciudadano, cuyas distintas expresiones y manifestaciones, enmarcadas en los bienes públicos que configuran este ámbito en forma de derecho fundamental y convencional, representan parte central del bien común. Esto comporta una ciudadanía cultural activa. Esto es, hacer política (no partidista), sino pública.
Carlos Castillo Peraza solía decir que una cultura sin política se quedaba en la disertación, elucubración y regocijo intelectual y contemplativo de ideas bien pensadas y mejor formuladas. En tanto que una política sin cultura era una mera disputa casi zoológica por el poder.
En ese sentido, los creadores, agentes culturales, mediadores y destinatarios de los bienes y servicios culturales que debe prestar el Estado, es decir, los ciudadanos, estamos llamados a generar bienes públicos para el mejor desarrollo de nuestro entorno y comunidad. A entender la cultura como un deber del Estado, pero al mismo tiempo como participación ciudadana. Podríamos decir, citando a Castillo Peraza, que si los derechos individuales son exigencia y garantía de libertad, los derechos sociales (y agregaría aquí los culturales), son exigencia y garantía de participación. Por eso solía decir que la política tiene su real dimensión cuando es expresión de la cultura.
Respecto a la libertad, no recurriré a la declaración francesa ni a Montesquieu, Rousseau o Stuart Mill para precisar el concepto. Lo haré con Robert Alexy, quien la asume como un valor y, por ello, un ente valente conforme al tiempo y espacio en que se le conciba “íntimamente ligada a la responsabilidad de quien la usa”. Si bien es parte de la naturaleza humana, como valor no puede considerarse el máximo ni en política, ni en economía, ni en otros aspectos de la convivencia social.
Ese es el problema que no entienden los promotores del ideario libertario a lo Javier Milei, quien padece eso que Castillo Peraza denominaba “el criterio de adolescente”, por acariciar el sueño de la libertad (total). Nos olvidamos -decía-, de que la libertad es una conquista y en lugar de ver su realización de forma progresiva, la decretamos como un imperativo inmediato y absoluto, sin admitir avances parciales: “la queremos no como lucha, sino como milagro”. Sería el caso de la libertad creativa, que en otro momento abordaremos.
Renato Rosaldo señala que la ciudadanía cultural es aquella en que la gente tiene el derecho a su propia ascendencia y patrimonio. Una ciudadanía más allá de las acepciones legales o documentos probatorios de una eventual extensión de la patria. Que se define en las relaciones que los ciudadanos mantienen con el Estado y sus conciudadanos en barrios, escuelas, hospitales, lugares de trabajo, organizaciones civiles, etc. Espacios donde existe un sentido de pertenencia respetado y compartido. Los buenos modales públicos, dirían los clásicos griegos.
Sería la madurez para ejercer un derecho potestativo como el derecho a la cultura, participando y contribuyendo al desarrollo cultural. Para Jahir Rodríguez, comporta el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos y culturales. El derecho a manifestarse culturalmente en sociedad. El disfrute y difusión de bienes básicos, diría Carlos Monsiváis. Para quien esto escribe, es la activación sociocultural de ciudadanos capaces de convertir un hecho en un derecho y generar bienes públicos en beneficio de todos.
Esto exige asumir e interiorizar valores cívicos y democráticos: entender que la ausencia de una ciudadanía cultural fuerte es lo que facilita a cualquier gobierno la tarea de educar en la discordia.
