Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer como una oportunidad para que todos tomemos conciencia, discutamos y llevemos a cabo acciones en favor de la igualdad de derechos, así como para que tengan una vida sin violencia y un pleno desarrollo con libertad, seguridad, dignidad y equidad. En la vertiente de la participación política se han construido instituciones que han producido efectos positivos, como una mayor presencia de mujeres en cargos de representación a partir de la paridad en las candidaturas, o la mayor identificación y sanción de conductas de violencia política en razón de género.
No obstante, debemos reconocer estos avances como insuficientes para establecer condiciones de plena libertad e igualdad de derechos para la participación política de las mujeres. Diversos instrumentos publicados por el INEGI, como las encuestas nacionales de cultura cívica (ENCUCI) del 2020 o las de ocupación y empleo (ENOE), y seguridad pública urbana (ENSU) del 2022, ilustran cómo, por ejemplo, aunque más mujeres se interesan en los asuntos públicos y la vida política de sus comunidades (85.4% de mujeres mayores de 15 años, respecto al 80.7% de hombres), son también las que encuentran más obstáculos para participar, por ejemplo, por la inseguridad, (sólo 29.8% de mujeres considera segura su ciudad, respecto del 42.3% de hombres).
Es deseable, positivo y trascendente que más mujeres desempeñen cargos políticos y de representación, pero no bastan las reglas para que sean postuladas y compitan sino existen mecanismos para garantizar condiciones efectivas para que transformen ese interés en involucramiento y participación libre y constante en la vida política de su comunidad. Además de la libertad y seguridad para participar en la deliberación pública, nos encontramos en un momento clave para que las entidades y las políticas públicas establezcan incentivos para la cooperación y la acción colectiva que nos ayude a superar la dispersión y el aislamiento de las políticas gubernamentales actuales, incluyendo, por supuesto, los recursos (materiales, financieros, técnicos, de información, inteligencia y cooperación) que hagan posible, sino eliminar, al menos inhibir significativamente las dificultades y obstáculos que las mujeres encuentran para participar en política.
Los partidos políticos son entidades que ejemplifican cómo las reglas implementadas no han sido suficientes para la promoción y garantía de una plena y equitativa participación política de las mujeres. En Jalisco, por ejemplo, pasamos de un 2018 en que sólo 3 de los 9 partidos que contendieron en la elección local cumplieron cabalmente con la paridad horizontal al haber registrado el mismo número de candidaturas de mujeres y hombres, a una elección de 2021 en el que los 13 partidos contendientes cumplieron con al menos el 50% de candidaturas para mujeres. Sin embargo, cuando se trata de paridad transversal, esto es, que exista equidad en candidaturas para mujeres y hombres en municipios de mayor población y en importancia para la economía del estado, ninguno de los partidos se acercó a la paridad en las candidaturas.
