Por Carlos Lara G.
Dr. en Derecho de la Cultura y Analista de la Comunicación y la Cultura
@Reprocultura
La semana pasada la Secretaría de Economía presentó un proyecto que ha denominado “La ruta para implementar una política industrial en México”. Un anuncio que, bajo su particular consideración, no había existido en mucho tiempo. Bueno, ya sabemos que a este gobierno le gustan los mitos fundacionales. Lo que realmente no había existido, no de esta manera, es la inclusión de las industrias creativas en una pretendida política industrial al lado, además, de un grupo de cinco sectores estratégicos por su relevancia en la economía, su tasa de crecimiento y su importancia en el mercado laboral, tales como el sector agroalimentario, el eléctrico-electrónico, el de electromovilidad, el de servicios médicos y el farmacéutico.
La premisa con la que han integrado a la industria creativa en este proyecto es que forma parte de los sectores con mayor crecimiento en México y con mayor expansión durante la pandemia de Covid-19. De hecho, el documento señala lo que hemos venido diciendo desde hace casi ya dos décadas con la publicación de ¿Cuánto vale la cultura? del economista Ernesto Piedras: que México tiene una economía creativa considerable para el desarrollo del país. Aquí solo se hace mención de que es uno de los países más competitivos del sector fílmico en América Latina, que tiene las condiciones para ser el líder regional y que estas industrias (las creativas) generan más de 1.2 millones de puestos laborales.
Esta política industrial fue presentada como una ruta orientada a dirigir los esfuerzos del gobierno, de la iniciativa privada y de la academia, con el propósito de crear una industria nacional innovadora. Sin embargo, contrasta con la ruta contraria que ha trazado el gobierno en la política cultural del país, donde los esfuerzos están dirigidos a atacar y desincentivar la participación de la iniciativa privada, de la academia y de la sociedad civil organizada.
En este sentido, es deplorable que no se haya pensado en hacer una conexión estatal estratégica entre la anunciada política industrial que dice abrazar la industria creativa y la política cultural que tiene estancado y centralizado el presupuesto a la cultura, que ha eliminado los instrumentos financieros de apoyo a las actividades artísticas y culturales, que tiene asfixiada la política de estímulos fiscales del sector, que ha desaparecido instituciones fundamentales como Proméxico. Todo, por la creencia del presidente en la economía moral, una economía enemiga de la economía creativa, que destruye el apoyo subsidiario e instaura un mediocre y electorero asistencialismo (léase el libro “Hacia una economía moral”, escrito por el presidente).
El cine, que es la industria que más resalta esta pretendida política industrial presentada por Secretaría de Economía en la denominada economía creativa, es una de las áreas que más ha padecido la miopía gubernamental de este gobierno (véanse los números, producto de los criterios actuales).
Hace poco más de un año el gobierno desairó las 68 propuestas presentadas por el Consejo Coordinador Empresarial para sacar adelante al país de la crisis pandémica (mismas que, por cierto, no incluían a la cultura en esta tarea). Dijo la presidencia que la Secretaría de Economía presentaría su propia propuesta. Así lo hizo su titular, dio a conocer cuatro ejes de desarrollo estratégico donde tampoco figuraba la cultura.
Por tanto, no podemos ver esta repentina inclusión de la industria creativa en la pretendida política industrial más que como un parche, una ocurrencia más. Un parche dentro de la desatinada economía moral presidencial, una economía con la que no se va a ninguna parte.
El presidente impone sus convicciones personales como elementos de política pública y su gabinete no hace más que repetir pavlovianamente un catesismo nacionalista de lo más anacrónico y absurdo, sintiéndose héroes de la patria.
