Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación UAG
En México solemos hablar de desigualdad como si fuera sólo una diferencia de ingresos. Decimos que unos ganan más y otros menos; que unos tienen patrimonio y otros viven al día; que unos pueden ahorrar y otros apenas alcanzan a llegar al fin de quincena. Todo eso es cierto, pero ya no basta para entender el problema. La desigualdad más dura no siempre aparece en la nómina. Aparece cuando alguien enferma y no recibe atención oportuna; cuando una familia cambia sus horarios por miedo a la inseguridad; cuando una pareja joven descubre que comprar una vivienda cerca de su trabajo es prácticamente imposible.
La desigualdad contemporánea no sólo separa bolsillos: separa vidas. Define cuánto tiempo se pierde en traslados, qué tan rápido se atiende una enfermedad, qué tan seguro se camina por la calle y qué tan posible es construir un proyecto familiar. Por eso, hablar de desigualdad en México exige mirar tres servicios básicos que organizan la vida cotidiana: salud, seguridad y vivienda.
Thomas Piketty ha insistido en una idea incómoda: cuando la riqueza se concentra y el patrimonio pesa más que el trabajo, las sociedades tienden a reproducir privilegios. La ventaja no está únicamente en ganar más, sino en poseer activos que generan nuevas ventajas. En México esto se observa con claridad. Quien tiene patrimonio puede comprar mejores servicios médicos, vivir en zonas más seguras, acceder a mejores escuelas y adquirir vivienda en lugares mejor conectados. Quien no lo tiene depende mucho más de la calidad de los servicios públicos y de las condiciones del entorno.
Ahí está el punto central. La desigualdad no sólo consiste en que algunos tengan más dinero. Consiste en que algunos pueden escapar de las fallas del Estado. Si el sistema público de salud tarda, se paga una consulta privada. Si la colonia es insegura, se busca vivir en un fraccionamiento cerrado. Si el transporte público es deficiente, se compra un automóvil. Si la vivienda bien ubicada es cara, se hereda, se financia o se adquiere con apoyo familiar. El problema es que millones de personas no tienen esas salidas. Para ellas, la calidad de los servicios públicos no es una opción: es su destino cotidiano.
Michael Sandel ayuda a entender otra dimensión del problema. En “La tiranía del mérito”, cuestiona la idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual. No niega la importancia del mérito, pero recuerda algo fundamental: nadie compite desde el vacío. El lugar donde nacemos, la familia que tenemos, la escuela a la que asistimos, la seguridad del barrio y la salud disponible condicionan profundamente nuestras posibilidades.
En México esto es evidente. No compite en las mismas condiciones quien estudia en una casa tranquila, con internet, salud y transporte seguro, que quien estudia después de dos horas de traslado, en una colonia insegura y con servicios públicos precarios. No tiene las mismas oportunidades quien puede atender una enfermedad a tiempo que quien posterga una consulta por falta de dinero o saturación institucional. No construye el mismo futuro quien vive cerca de empleos, hospitales y universidades que quien habita en periferias desconectadas.
Por eso, la desigualdad también es un problema moral. Nos gusta decir que “el que quiere, puede”, pero esa frase se vuelve injusta cuando ignora las condiciones reales de partida. El esfuerzo importa, sin duda. Pero el esfuerzo necesita piso firme. Una sociedad que exige mérito sin garantizar condiciones mínimas termina confundiendo privilegio con talento y vulnerabilidad con fracaso personal.
Paul Krugman, desde la economía, ha defendido una idea que conviene recuperar: los bienes públicos no son un lujo ni una concesión asistencialista; son parte de la infraestructura que permite que una economía funcione. La salud, la seguridad, el transporte y la vivienda no sólo mejoran la vida de las personas. También aumentan productividad, reducen costos sociales y fortalecen el crecimiento.
Una ciudad insegura no sólo produce miedo; también encarece la vida. Las familias gastan más en protección, cambian rutinas, limitan actividades y reducen movilidad. Las empresas enfrentan extorsión, robos, costos logísticos y dificultades para atraer talento. Un sistema de salud débil tampoco es sólo un problema humanitario; es un problema económico. Enfermedades no atendidas a tiempo se convierten en ausentismo, endeudamiento familiar y pérdida de productividad. La vivienda inaccesible, por su parte, empuja a miles de trabajadores hacia periferias lejanas, aumenta los tiempos de traslado y deteriora la calidad de vida.
En otras palabras, la desigualdad no sólo es injusta: también es ineficiente. Un país que permite que la salud, la seguridad y la vivienda dependan casi por completo de la capacidad de pago desperdicia talento, reduce movilidad social y erosiona la confianza en las instituciones.
La discusión pública mexicana suele quedarse atrapada entre dos extremos. De un lado, quienes creen que basta con crecer económicamente. Del otro, quienes piensan que basta con transferir recursos. Ambas visiones son incompletas. El crecimiento es indispensable, pero no garantiza por sí solo mejores condiciones de vida. Las transferencias pueden aliviar necesidades urgentes, pero no sustituyen servicios públicos de calidad.
La verdadera pregunta política debería ser otra: ¿qué bienes fundamentales deben estar razonablemente garantizados para que una persona pueda desarrollar su vida con dignidad? La respuesta no exige igualar todos los ingresos ni eliminar todas las diferencias sociales. Exige algo más básico y profundo, es decir, que enfermarse no sea una condena económica; que vivir en determinada colonia no implique aceptar el miedo como rutina; que formar un hogar no dependa exclusivamente de haber heredado patrimonio.
México no necesita una igualdad artificial. Necesita una igualdad básica de ciudadanía. Esa igualdad se mide en hospitales que funcionan, policías confiables, calles seguras, vivienda accesible, transporte digno y servicios públicos que no obliguen a las personas a comprar privadamente lo que debería estar garantizado socialmente.
La desigualdad que más duele no es saber que otros tienen más. Es saber que, frente a una enfermedad, un delito o la búsqueda de vivienda, la respuesta institucional depende demasiado del ingreso, del apellido o del código postal. Ahí se rompe la promesa democrática.
Piketty nos recuerda que el patrimonio puede convertirse en destino. Sandel advierte que el mérito pierde legitimidad cuando las condiciones de partida son profundamente desiguales. Krugman muestra que los bienes públicos son también una condición del crecimiento. En conjunto, los tres permiten formular una tesis sencilla: la desigualdad mexicana no se resolverá sólo con mejores salarios, sino con mejores condiciones comunes de vida.
Quizá el verdadero desarrollo de un país no se mide por cuántos millonarios produce, sino por cuánta tranquilidad puede ofrecer a la mayoría. Una sociedad decente no es aquella donde todos viven igual, sino aquella donde nadie queda abandonado cuando necesita atención médica, protección o un lugar digno para vivir.
La peor forma de desigualdad no es aquella que divide a ricos y pobres, sino la que lleva a una sociedad a aceptar como normal que la calidad de la salud, la seguridad y la vivienda dependa del ingreso o del código postal. Cuando esa realidad deja de escandalizar a los ciudadanos y de incomodar a los gobiernos, la desigualdad deja de ser un problema económico para convertirse en un fracaso político y moral. Ningún proyecto de nación puede aspirar a la prosperidad mientras considere aceptable que los bienes públicos fundamentales sean privilegios para algunos y derechos inciertos para la mayoría.
