Por Dr. Ulises Hernández
Politólogo, Abogado y Dr, en Administración Pública
Hay noticias que no deberían perderse entre la rapidez con la que hoy consumimos información. El fallecimiento de una agente del Ministerio Público en Jalisco en circunstancias que diversos testimonios relacionan con problemas de salud mental y presunto hostigamiento laboral, no puede verse únicamente como una tragedia individual. Si esos señalamientos llegan a confirmarse, estaremos frente a una llamada de atención sobre una realidad que desde hace años muchos trabajadores de la Fiscalía han denunciado en silencio.
La pregunta ya no es solamente qué ocurrió con una servidora pública. La pregunta de fondo es qué está ocurriendo dentro de una institución encargada de procurar justicia. Con frecuencia se habla de las víctimas de los delitos y de las cifras de incidencia delictiva, pero pocas veces se habla de quienes todos los días cargan con la responsabilidad de investigar esos delitos. Detrás de cada carpeta de investigación hay un Ministerio Público, policías investigadores, peritos, actuarios y trabajadores administrativos que enfrentan jornadas extenuantes, presiones emocionales y responsabilidades que difícilmente encuentran correspondencia con las condiciones en las que desempeñan su trabajo.
Simplemente desde hace mucho tiempo se ha normalizado que el personal trabaje bajo cargas excesivas, con recursos limitados, falta de personal, espacios insuficientes y una presión constante por cumplir metas institucionales (estadísticas, carpetas judicializadas, etc.). A ello se suma una realidad que muchos conocen: la presión constante de los exámenes de control de confianza, la pérdida de los incentivos federales, el temor a denunciar abusos por miedo a perder el empleo y, con ello, comprometer prácticamente toda una carrera profesional. En instituciones de seguridad y procuración de justicia, un despido no siempre representa solamente la pérdida del trabajo; con frecuencia significa también el cierre de futuras oportunidades laborales en cualquier lugar (público o privado).
Es difícil construir instituciones fuertes cuando la gente que trabaja en ellas lo hace con miedo. El liderazgo no se puede cambiar por intimidación, ni la disciplina por el acoso. Una Fiscalía eficiente no se logra solo con mejores edificios, más vehículos o más presupuesto; se construye, principalmente, cuidando al personal que hace que todo funcione.
A esto hay que sumar un problema que se debe analizar muy en serio: el peso exagerado que tienen ahora las estadísticas. Que se judicialicen más carpetas puede ser un dato importante, pero nunca debe ser la meta principal de una institución que busca hacer justicia. Cuando los números importan más que el criterio legal y la calidad de las investigaciones, la presión cae sobre el personal del sistema, esto provoca desgaste, estrés y resoluciones rápidas que terminan perjudicando tanto a los empleados como a las propias víctimas, quienes sufren un doble daño por culpa de la ineficacia de la autoridad.
Por desgracia, este caso no parece ser el único. Es necesario señalar que el año pasado se conoció públicamente la historia de una agente del Ministerio Público. Según denunció su propia familia, cuando ella enteró a sus superiores que tenía una enfermedad grave (cáncer), la quitaron de su puesto para mandarla a cubrir guardias de 24 por 48 horas, lo que aceleró su enfermedad y provocó que muriera en menos de un año. También casos de agentes del Ministerio Publico que en castigo, represalia o simplemente ajustes de cuentas entre ellos, los superiores los envían a puntos alejados del Estado, para ejercer con ello o una resiliencia o un renuncia voluntaria, casos hay cientos.
Estos testimonios que vuelven a salir a la luz nos obligan a pensar seriamente en la cultura de trabajo que hay dentro de la institución. Tal vez lo que más preocupa es que muchos casos jamás se llegan a saber, ya que las víctimas deciden callarse para evitarse problemas o represalias que ya describí.
Proteger la estabilidad, la salud física, mental y emocional de los trabajadores no es ningún favor ni un privilegio, sino un deber humano del Estado. Las personas que se dedican a buscar justicia también tienen derecho a trabajar en condiciones dignas, recibir apoyo psicológico, tener posibilidades reales de crecer profesionalmente, ganar un sueldo justo según su nivel de responsabilidad y contar con el equipo necesario para hacer bien su trabajo.
El mejor reconocimiento para cualquier empleado público que haya fallecido no es solo guardarse un minuto de silencio o publicar un boletín oficial. El homenaje de verdad es arreglar los fallos que pudieron influir en la tragedia y hacer lo necesario para que no pase otra vez o al menos que la dependencia no sea la causa de la consecuencia. Al fin y al cabo, ninguna institución va a ser fuerte si la gente que trabaja en ella está agotada, sin motivación o siente que a nadie le importa si se va o se muere. Una Fiscalía fuerte de verdad no es la que solo muestra buenos números, sino la que comprende que su valor principal está en las personas que la forman. Ahora mismo hace falta hacerse una pregunta difícil pero que no podemos evitar: ¿quién cuida a los que se encargan de buscar justicia todos los días en Jalisco? Mientras no haya una respuesta clara, la deuda seguirá pendiente no solo con el personal de la Fiscalía, sino con los ciudadanos, que merecen instituciones que funcionen bien, pero que también sean humanas.
