Lic. Miguel Angel de la Torre de la Cruz
Economista
El 1 de julio de 2026, la primera revisión sexenal del T-MEC produjo una noticia que fue interpretada con más dramatismo que precisión: Estados Unidos no aceptó extender el tratado en su forma actual. Sin embargo, el acuerdo no fue cancelado ni dejó de operar. Continúa vigente y, al no haberse alcanzado la renovación conjunta, deberá revisarse anualmente mientras los tres países negocian sus diferencias. En términos económicos, no se cerró la principal autopista comercial de México; simplemente apareció una caseta de incertidumbre cuyo costo puede aumentar cada año.
La diferencia no es menor. El T-MEC entró en vigor en 2020 con una duración inicial de 16 años. Una extensión acordada en esta revisión habría ampliado automáticamente su horizonte hasta 2042. Al no ocurrir, el tratado mantiene su vigencia hasta 2036 y puede ser prorrogado en cualquier momento si los tres gobiernos lo confirman. Por ello, hablar de “fin del T-MEC” es incorrecto. Lo que sí terminó, al menos por ahora, fue la certeza de largo plazo que requieren las inversiones industriales, logísticas y tecnológicas.
Para México, esa certidumbre tiene un valor difícil de exagerar. En 2025, las exportaciones de mercancías alcanzaron 664 mil 837 millones de dólares; 91.6% correspondió a manufacturas y 83.7% de las exportaciones no petroleras se dirigió a Estados Unidos, de acuerdo con el INEGI. A su vez, el comercio bilateral de bienes entre México y Estados Unidos ascendió a 872 mil 800 millones de dólares. En mayo de 2026, México todavía ocupaba el primer lugar entre los socios comerciales estadounidenses, con 16.8% de su intercambio total de mercancías. Estas cifras muestran que la relación no consiste únicamente en vender productos al país vecino: se trata de un sistema productivo integrado, donde componentes, capital, información y decisiones empresariales cruzan la frontera varias veces antes de llegar al consumidor.
La agenda de revisión confirma esta realidad. Las conversaciones han incluido reglas de origen para automóviles y otros bienes industriales, comercio de acero y aluminio, agricultura, condiciones laborales, medio ambiente, seguridad económica y compatibilidad regulatoria. Estados Unidos también busca reducir su déficit comercial con México, que alcanzó 196 mil 900 millones de dólares en bienes durante 2025, y limitar el uso de insumos provenientes de economías ajenas a la región. Desde su perspectiva, el tratado debe traducirse en más producción y empleo dentro de Norteamérica. México, por su parte, necesita preservar el acceso preferencial al mercado, evitar barreras unilaterales y mantener condiciones previsibles para la inversión. Ambas posiciones son comprensibles; el problema aparece cuando el equilibrio se intenta construir mediante amenazas permanentes.
El primer riesgo para la economía mexicana es, precisamente, la incertidumbre. Una empresa que evalúa instalar una planta automotriz, electrónica o de dispositivos médicos no decide con base en el próximo trimestre, sino en horizontes de diez, veinte o treinta años. Las revisiones anuales no eliminan el comercio, pero elevan la prima de riesgo, retrasan proyectos y favorecen inversiones más pequeñas o fácilmente reversibles. México registró un máximo histórico de inversión extranjera directa de 40 mil 871 millones de dólares en 2025; no obstante, el PIB creció apenas 0.8%. La comparación recuerda que atraer capital es importante, pero no basta: también importa su composición, su permanencia y su capacidad para generar productividad, proveedores nacionales y empleos de mayor valor.
El segundo riesgo se encuentra en las reglas de origen. Aumentar el contenido regional puede estimular la creación de proveedores dentro de México, Estados Unidos y Canadá; bien diseñado, sería una oportunidad para sustituir importaciones estratégicas y fortalecer cadenas norteamericanas. Pero elevar porcentajes de manera abrupta también puede encarecer insumos, reducir competitividad y hacer que algunas empresas prefieran pagar el arancel general antes que cumplir requisitos demasiado costosos. Una cifra de contenido regional, por sí sola, no fabrica un semiconductor ni capacita a un ingeniero. Para que las nuevas reglas generen desarrollo y no solo burocracia, deben acompañarse de inversión en tecnología, financiamiento, talento e infraestructura.
El tercer riesgo sería interpretar que la defensa del T-MEC depende exclusivamente de una buena negociación diplomática. La posición de México en la mesa está determinada por lo que ocurre dentro del país: disponibilidad de energía y agua, capacidad logística, seguridad, calidad regulatoria, certeza jurídica, formación técnica y articulación de pequeñas y medianas empresas con las cadenas exportadoras. Si producir en México se vuelve más caro, lento o incierto, ningún capítulo comercial podrá compensarlo por completo. El tratado puede abrir la puerta, pero la competitividad nacional decide cuántas empresas entran y cuánto valor permanece en el país.
También existe una oportunidad. La revisión puede utilizarse para modernizar aduanas, reducir trámites, homologar regulaciones, ampliar la participación de empresas pequeñas, fortalecer el comercio digital y desarrollar proveeduría regional en sectores estratégicos. México debería aspirar a algo más que conservar su papel como plataforma de ensamblaje. El objetivo económico debe ser aumentar el contenido nacional, incorporar conocimiento, elevar la productividad y diversificar exportaciones sin renunciar a la integración norteamericana. La ventaja geográfica es extraordinaria, pero la geografía no sustituye a la política industrial ni a la disciplina institucional.
El T-MEC sigue vivo y continúa siendo la principal ancla económica externa de México. No obstante, la decisión de no extenderlo en 2026 transforma la certidumbre en una variable negociable. La prioridad nacional no debe ser celebrar anticipadamente ni anunciar catástrofes, sino reducir el costo de esa incertidumbre con información, coordinación y resultados internos. En los próximos años, el tratado se defenderá tanto en las mesas de negociación como en las plantas, carreteras, puertos, universidades y oficinas públicas del país. La integración ya existe; lo que está en disputa es si México podrá convertirla en crecimiento sostenido y mayor valor agregado, o si seguirá dependiendo de una ventaja comercial que otros revisarán cada año.
