Por Jorge Cabrera
Maestro en Economía y Política Internacional CIDE
Existe un principio ampliamente aceptado por la teoría económica y confirmado una y otra vez por la experiencia: la competencia es el mejor mecanismo para obligar a las empresas a ser eficientes. Cuando varias compañías disputan la preferencia de los consumidores, los precios tienden a bajar, la calidad mejora y la innovación se acelera. En cambio, cuando un monopolio o un oligopolio domina el mercado, aparecen los abusos, disminuyen las opciones y el consumidor termina pagando más por menos.
No es casualidad que Adam Smith advirtiera en La riqueza de las Naciones que quienes participan en un mismo negocio rara vez se reúnen sin que la conversación termine conspirando contra el público. Más de dos siglos después, la evidencia sigue confirmando su intuición: la competencia protege al consumidor porque limita el poder de quienes dominan el mercado.
La pregunta es inevitable: ¿por qué habría de ser diferente en la política?
Un gobierno también administra recursos públicos y presta servicios esenciales como seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura. Si sabe que puede perder el poder en la siguiente elección, tiene incentivos para gobernar mejor, corregir errores y rendir cuentas. La competencia electoral cumple así una función semejante a la competencia económica: disciplina a quienes ejercen el poder.
Por ello, Montesquieu sostenía que «para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder». Los contrapesos institucionales y la posibilidad real de alternancia no son obstáculos para gobernar; son las condiciones que obligan a hacerlo mejor.
Cuando un partido concentra progresivamente el poder o las elecciones dejan de ser auténticamente competitivas, los incentivos cambian. La permanencia en el gobierno comienza a depender menos de los resultados y más del control de las instituciones, de los programas sociales, de la narrativa política o de la captura de los contrapesos.
La historia ofrece ejemplos elocuentes. Democracias consolidadas como Canadá, Alemania y Suecia han construido instituciones que favorecen la competencia política y hacen posible la alternancia, obligando a los gobiernos a responder ante los ciudadanos. En el extremo opuesto, Venezuela, Cuba y Nicaragua muestran cómo la concentración prolongada del poder suele traducirse en corrupción, deterioro institucional, menor libertad, estancamiento económico y hasta desgracias humanas. En estos momentos duele pensar que los derrumbes en los edificios perteneciente al programa ‘Gran Misión Vivienda Venezuela», sean consecuencia directa de un monopolio gubernamental en el sector de la construcción.
México conoce bien la lección. La hegemonía de un solo partido durante gran parte del siglo XX proporcionó estabilidad, pero también propició prácticas de corrupción, clientelismo y una rendición de cuentas limitada.
La transición democrática no resolvió todos los problemas, pero introdujo un elemento indispensable: la posibilidad de premiar o castigar a los gobernantes mediante el voto.
Hoy nuestro país muestra nuevamente señales preocupantes de lo que ocurre cuando la competencia política se debilita. La creciente concentración del poder en torno a Morena ha coincidido con cuestionamientos sobre el debilitamiento de los órganos autónomos, la reducción de los contrapesos institucionales y la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo.
A ello se suman investigaciones relacionadas con redes de huachicol fiscal, que han ocasionado pérdidas multimillonarias al erario (más 600 mil millones de pesos); así como denuncias e indagatorias sobre presuntos vínculos entre autoridades, actores políticos y organizaciones del crimen organizado.
Estos casos ilustran un problema institucional de fondo: cuando disminuye la competencia política y los contrapesos pierden eficacia, también se debilitan los incentivos para la rendición de cuentas y aumenta el riesgo de impunidad.
El verdadero debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en quién gobierna, sino en preservar las condiciones que hacen posible una competencia política auténtica. La libre competencia no es solo un principio económico; es también un principio democrático. Allí donde el poder —económico o político— deja de tener rivales efectivos, disminuye la eficiencia, se frena la innovación, se debilita la rendición de cuentas y las facturas terminan recayendo sobre la sociedad.
En los mercados, los monopolios perjudican al consumidor; en la política, los monopolios del poder terminan perjudicando al ciudadano.
