Por Javier Orozco Alvarado
Desde que el partido Morena llegó al poder en 2018 emprendió lo que López Obrador denominó un cambio de régimen; desde entonces, se han venido impulsado una serie de iniciativas y reformas constitucionales que han venido debilitando cada vez más el sistema democrático que se construyó durante más de ochenta años con base en acuerdos políticos, movilizaciones sociales, debates intelectuales y opiniones de la sociedad civil.
El ascenso del partido Morena al poder y su posterior consolidación en las elecciones de 2021, en las que ganó 11 gubernaturas y otras 6 más en 2024, junto con la presidencia de la república, fueron el inicio del cuestionamiento sobre la legitimidad de estos triunfos electorales, con los cuales comenzó la sospecha sobre la injerencia del crimen organizado en el financiamiento de campañas, en el secuestro de urnas, intimidación de candidatos y levantamiento y asesinato de opositores.
Desde que Donald Trump regresó al poder para un segundo mandato en enero de 2025, comenzó a insistir que México estaba gobernado por el crimen organizado. En consecuencia, solicitó el traslado de 92 criminales, a los que se suma la anterior extradición de Ovidio Guzmán y la entrega del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán –hijo- durante la administración Biden.
El gobierno norteamericano ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico y la exportación de fentanilo a los Estados Unidos, pues para que operen estas redes criminales se sospecha de la colusión con funcionarios mexicanos, quienes han facilitado no sólo el tráfico de estupefacientes, sino también de armamento y combustibles, lo que ha servido para financiar campañas y ganar elecciones.
En ese tenor, recientemente la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó la detención, con fines de extradición, del gobernador sinaloense Rocha Moya –ahora con licencia-, así como la detención de otros nueve funcionarios morenistas, entre ellos el senador en funciones, Enrique Inzunza, por vínculos con el crimen organizado, posesión de armas y facilitar el trasiego de estupefacientes a los Estados Unidos.
En respuesta a esa solicitud, la presidenta Sheinbaum ha sostenido reiteradamente que se requieren pruebas contundentes para hacer efectivo el Tratado de Extradición entre ambos países, pues según la mandataria, la FGR no encuentra delitos para detener a los imputados. Adicionalmente, la presidenta mantiene el perpetuo discurso de la soberanía nacional en defensa de cualquier injerencia externa que amenace la transformación y a su movimiento.
La realidad es que la soberanía nacional está en riesgo, no sólo porque el presidente Donald Trump amenaza con operaciones militares en suelo mexicano si nuestro gobierno no hace la tarea que le corresponde; sino también, porque el Estado ha sido incapaz de hacer valer sus propias leyes y autogobernarse sin la injerencia externa.
Además de su incapacidad para garantizar la soberanía interna frente al crimen organizado, elegir libremente a las autoridades y brindar seguridad a sus ciudadanos.
El Estado y la soberanía están secuestros desde que el crimen organizado se convirtió en patrocinador de candidatos y partidos políticos, mediante el establecimiento de pactos de impunidad y gobernanza entre funcionarios públicos y organizaciones criminales a nivel municipal, estatal y federal.
A partir de entonces, hemos venido perdiendo soberanía, tanto interna como externa; no sólo porque los Estados Unidos se han involucrado en asuntos de narco tráfico, corrupción y crimen organizado en nuestro país, sino también porque los organismos que antes eran autónomos, como la FGR, la UIF, el INE, el INAI -ahora Secretaría “Anti Corrupción y Buen Gobierno” – y la SCJN han quedado supeditados a decisiones discrecionales de la élite morenista y el poder presidencial.
Lamentablemente, en México ahora no se abren carpetas de investigación sin la autorización de la presidencia o la cúpula morenista; razón por la cual, estos organismos, han servido para perseguir opositores y encubrir delitos de quienes forman parte del gobierno.
La descomposición de la democracia ha servido para someter cada vez más al ciudadano común e imponer reformas constitucionales que favorecen la hegemonía de Morena, la impunidad de funcionarios públicos o la protección de organizaciones criminales. Por eso la FGR no investiga los casos de Rocha Moya, la Barredora, el Tren Transístmico, etcétera; pero si persigue rabiosamente a la gobernadora de Chihuahua por desmantelar recientemente un narco laboratorio.
Lo mismo sucede con el SAT o la UIF, que investigan el patrimonio de opositores, menos las operaciones financieras y el enriquecimiento inexplicable de políticos como Adán Augusto López, Fernández Noroña, por mencionar algunos.
Igualmente, la SCJN – electa con acordeones-; más que proteger a los ciudadanos de actos de autoridad que vulneran sus derechos, se convirtió en brazo ejecutor de la presidencia. Para ello, viene al caso citar la Reforma a la Ley de Amparo de 2025, que restringe los mecanismos de defensa de los ciudadanos; o la aprobación de la iniciativa que autoriza al SAT y a la UFI para congelar o inmovilizar cuantas bancarias sin orden judicial.
Por si fuera poco, podemos mencionar también la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que obliga a registrar las líneas de celular, violando el Estado de derecho y la privacidad; o que decir de la reciente Reforma al Sistema de Pensiones u otros atropellos al derecho de los ciudadanos.
Así, el secuestro del Estado en México es tan evidente que la reciente iniciativa de la Ley Monreal, amenaza con invalidar elecciones si el INE -que ahora también controlan desde la presidencia- comprueba la supuesta intervención extranjera, la desinformación en redes, la presión económica, política o el financiamiento ilícito en elecciones locales, estatales o federales.
Y ni hablar de la reciente recomendación de la presidenta, desde la mañanera, en la que sugiere a la población evitar ver TV AZTECA, violando plenamente la libertad de acceso a la información y la libertad de expresión, lo que en suma reflejan que en México no sólo hemos perdido nuestra soberanía externa e interna, sino también nuestro derecho a vivir en democracia.
