Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Inició formalmente el proceso electoral 2023-2024 en Jalisco. Algunos de los retos que en este proceso enfrentan no sólo las autoridades electorales, sino los propios ciudadanos, medios de comunicación, partidos y gobiernos, serán difíciles de atender apropiadamente por falta de herramientas institucionales o voluntad de actores y organizaciones para cumplir su responsabilidad. Pero no debemos ignorarlos si deseamos que la elección sea importante para los electores y sus resultados contribuyan a fortalecer nuestra democracia.
Autoridades electorales:
Aunque parezca innecesario decirlo, hacer cumplir la ley a partidos, candidatos, simpatizantes y financiadores para inhibir conductas indebidas y sancionar, incluso, retirando candidaturas y anulando resultados electorales. No es exagerado regular el retiro total del financiamiento público e incluso del registro a partidos por violaciones sistemáticas a la legislación (para siguientes elecciones).
Inhibir y sancionar que gobiernos y funcionarios desvíen recursos públicos para favorecer o perjudicar partidos y candidaturas (financieros, humanos, materiales, técnicos, de comunicación e información).
Blindar la elección de la influencia de organizaciones delincuenciales (financiamiento ilegal; amenazas, violencia o asesinatos a candidatas/os, electores y funcionarios de casilla; robo de boletas y actas…).
Ciudadanía:
Exigir a partidos y candidaturas: que en el marco legal de una competencia que reconozca las diferencias y el debate, no se cancele el respeto, la inclusión y la capacidad para lograr acuerdos y cooperación.
Evaluar de manera responsable e informada los proyectos de comunidad que se ofrecen y las candidaturas responsables de llevarlos a cabo.
Rechazar y denunciar el uso indebido de recurso públicos y gubernamentales con el propósito de comprar o inhibir el voto.
Contribuir al desarrollo del proceso, como funcionario de casilla, observador o elector.
Partidos:
Certificación democrática de candidaturas: cumplir plenamente la paridad de género; respetar reglas de financiamiento y no permitir el uso de recursos gubernamentales o privados ilegales; rendir cuentas de gastos de campaña y no rebasar topes legales; proponer candidaturas de personas capaces, éticas, responsables y no postular personas vinculadas con organizaciones delincuenciales; discutir responsablemente el futuro de comunidad, sin propiciar confrontación ni violencia; realizar campañas con opciones viables de atención a problemas públicos y no fomentar la vaciedad de las ideas y la política del espectáculo.
Gobiernos:
Uso imparcial de recursos públicos que garantice el acceso y distribución de bienes y servicios sin incidir ilegalmente en la elección.
Respetar la autonomía financiera y de gestión de organismos de autoridad electoral administrativa y jurisdiccional.
Blindar la integración y funcionamiento de órganos de gobierno, de personas ligadas a organizaciones delincuenciales.
Garantizar ejercicio pleno de libertades civiles y políticas sin utilizar el gobierno y sus recursos para confrontación o limitar derechos a expresarse y oponerse.
Medios de comunicación:
Facilitar el acceso a información certificada y denunciar fake news, para mejorar la comprensión sobre el proceso, partidos, candidaturas y proyectos de comunidad que proponen.
Cobertura equitativa de partidos y candidaturas, que denuncie prácticas ilegales y reconozca desempeños apegados a la ley.
