Por Xicoténcatl Hurtado
Especialista en Innovación Gubernamental y Gobierno Electrónico
El 16 de octubre de 2024, el coordinador general de Innovación Gubernamental de Jalisco, Mario Roberto Arauz, presentó la política estatal de Inteligencia Artificial y Gobernanza de Datos con una frase que merece quedar registrada: Jalisco era «un faro de referencia en todo el continente», el único estado de América Latina con tres reconocimientos de la Alianza Global para la Inteligencia Artificial (GPAI, por sus siglas en inglés) y un guiño de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa Padilla, remató que el estado se posicionaba como «de los más avanzados» del país. Boletines para notas compradas en los medios, aplausos entre ellos. Puro show.
Veintiún meses después esa nota vuelve a ser relevante, pero no por las razones que Arauz y Pompa Padilla hubieran querido. El pasado lunes 20 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de un debate nacional para construir, junto con el Congreso de la Unión, una regulación de inteligencia artificial y plataformas digitales para niñas, niños y adolescentes. La acompañó el secretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, con cifras que deberían doler en Guadalajara: 70% de la población de seis años o más ya usa internet en México, cifra que sube a 90% entre adolescentes. Días antes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, había adelantado que el tema se abordaría en el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre, aunque sin dar aún detalles de su propuesta.
Lo que debería doler más es un dato que se mencionó casi de pasada. Antes de este anuncio, la SEP ya había organizado tres foros regionales: Región Metropolitana, Región Noroeste (Baja California Sur) y un Primer Foro Centro-Occidente, celebrado en Jalisco. El estado que se autonombró faro continental de la gobernanza algorítmica fue, literalmente, sede de la conversación que su propia política dice liderar, sin rastro público de que haya llegado a esa mesa con algo más que el membrete de anfitrión. Pura faramalla.
El vacío se entiende mejor visto desde el Congreso de la Unión. Un análisis del Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados, difundido el 19 de julio de 2026, advirtió que México «acumula múltiples iniciativas» para regular la IA desde 2021, sin que ninguna haya sido aprobada. La más avanzada la trabaja el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México del Senado: inició el proceso técnico-legislativo en diciembre de 2024, tiene registradas 34 iniciativas y el 19 de septiembre pasado remitió a los senadores el capitulado de la Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial en México, que retoma al menos ocho iniciativas ya presentadas en ambas cámaras. A la par, el senador Saúl Monreal Ávila presentó en febrero de 2026 una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir esa ley, y la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), propuso el 21 de abril de 2026 crear una Comisión Especial para el mismo fin. La incongruencia “farola” (así se les dice a las personas que presumen mucho y no tienen nada), es que en absolutamente ninguna de estos actos tiene entre sus impulsores a un solo legislador jalisciense visible.
La otra cara del vacío está en los códigos penales estatales, que sí se han movido mientras Jalisco discute principios abstractos. San Luis Potosí reformó en julio de 2025 el artículo 187 de su Código Penal para sancionar el «uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social». Oaxaca fue pionero al penalizar deepfakes con hasta cuatro años de prisión. El Estado de México aprobó en diciembre de 2025 penas de hasta cinco años y multas de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), unos 56 mil pesos, para quien genere contenido sexual manipulado con IA sin consentimiento. Baja California aprobó medidas similares y la Ciudad de México (CDMX) tiene ya, como propuesta pendiente, una reforma para castigar con hasta doce años los deepfakes sexuales de menores. De Jalisco, en ese mapa, no hay nada nuevamente.
Ahí es donde el discurso de octubre de 2024 se termina de desintegrar.
La política de IA que presumieron Arauz y Pompa Padilla habla de equidad, de no discriminación algorítmica, de posicionar a Jalisco como referente global, pero no aterriza en nada de lo que hoy mueve la aguja real: ni una reforma penal contra deepfakes, ni una postura técnica que alimente la ley que se cocina en el Poder Legislativo, ni una sola voz jalisciense en el debate que la propia SEP fue a montar a su territorio.
La ruta que sigue la federación (foros, especialistas y la Unesco antes de mandar la propuesta al Congreso de la Unión) es la correcta, aunque lenta: los siguientes foros son hasta el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero, y el periodo ordinario arranca apenas el 1 de septiembre. Es tiempo suficiente para que Jalisco, si en verdad quiere sostener el título que se autoasignó, deje de administrar su política de IA como trofeo de vitrina y la convierta en insumo real, con nombre y firma, para la ley que se está escribiendo con o sin su participación.
Y ese insumo no puede quedarse en principios de vitrina, porque lo que está en juego no es solo cómo se regula a las plataformas frente a la infancia, sino cómo el propio gobierno de federal utiliza la inteligencia artificial para decidir sobre la gente. La vara ya la puso la Unión Europea desde el 13 de junio de 2024, con el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA): desde febrero de 2025 exige a las administraciones públicas alfabetización obligatoria en IA y prohíbe prácticas de riesgo inaceptable, y desde agosto de 2026 obligará a todo organismo público que use un sistema de alto riesgo (reconocimiento facial, evaluación de riesgos sociales, asignación de servicios) a hacer antes una evaluación de impacto en derechos fundamentales y a registrarlo en una base pública auditable. Nada de eso existe en la política jalisciense, que se quedó en la foto del GPAI y nunca bajó a la pregunta incómoda: qué algoritmo usa el estado y la federación para decidir sobre pensiones, seguridad o trámites, y quién responde cuando se equivoca. Mientras Europa amarra la IA pública a evaluaciones de impacto y registros obligatorios, Jalisco exhibe reconocimientos internacionales como si sustituyeran la obligación mínima de rendir cuentas. Entre el boletín de Arauz y el capitulado de Zapata Bello, lo único claro es que el faro no alumbró nada. Lo prendieron desde la Ciudad de México, el Senado y Bruselas, y Jalisco se enteró como el resto del país: por la mañanera y quedó nuevamente en vergüenza por ser faro de la calle y obscuridad de su casa. Qué vergüenza!
