El artículo 115 de la Constitución reconoce al municipio la personalidad jurídica, el patrimonio propio y la competencia originaria sobre el servicio de agua potable.
Por Mtro. José Luis Monterde Ramírez
Síndico Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Doctorante en Administración Pública del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco (IAPEJ)
El SIAPA ha actuado con arbitrariedad contra San Pedro Tlaquepaque y, por extensión, contra los tlaquepaquenses. No hablamos de un diferendo técnico. Hablamos de un organismo que, en lugar de responder con información y transparencia, respondió con el corte del agua en la Tesorería Municipal. Eso no es administración del servicio: es abuso de poder.
Los hechos están documentados. Desde el inicio de esta administración abrimos el diálogo. Pedimos estados de cuenta, expedientes de contrato y la justificación de los recargos. En marzo de 2026 el SIAPA notificó un supuesto adeudo histórico de más de 205 millones de pesos sobre 211 cuentas. El Municipio reconoció, para efectos de revisión, solo 95 cuentas con certeza patrimonial, ofreció pagar el consumo corriente de la gestión actual por 7.6 millones de pesos y propuso compensar el saldo histórico con las inversiones municipales en infraestructura hidráulica, superiores a 280 millones. Hubo mesa de conciliación el 15 de julio. Al día siguiente formalizamos la oferta de pago. El 21 de julio exigimos, con fundamento en el derecho de petición, la documentación que respaldara los créditos. El SIAPA guardó silencio. Siete días después cortó el agua en la Tesorería. Esa secuencia no admite ambigüedad: el municipio pidió certeza; el organismo respondió con coerción.
Esta coerción no ocurre en el vacío. Es el resultado de años de pésima administración en el SIAPA. Un ejemplo elocuente de despilfarro es el caso de Eli Castro, contratada como “asesora técnica” con un sueldo mensual de más de 73 mil pesos —el segundo más alto del organismo—sin perfil profesional (apenas secundaria terminada) y sin evidencias claras de que desempeñara funciones técnicas relacionadas con el agua. La Contraloría del Estado determinó falta grave por abuso de funciones y contratación indebida; la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación por posibles delitos. Mientras se pagaban sueldos de ese calibre a perfiles sin idoneidad, el organismo acumulaba cartera vencida, fugas, redes obsoletas y una crisis financiera que hoy pretende resolver a costa de los municipios. Esa es la contradicción: se despilfarra por un lado y se coacciona por el otro.
El artículo 115 de la Constitución reconoce al municipio la personalidad jurídica, el patrimonio propio y la competencia originaria sobre el servicio de agua potable. La coordinación intermunicipal no puede convertirse en subordinación. Cuando un organismo niega la información que permitiría verificar un crédito y acto seguido suspende el servicio en un edificio público esencial, no ejerce una facultad legítima: utiliza el recurso vital como instrumento de presión. La Suprema Corte ha sostenido que el derecho humano al agua impide la suspensión total del servicio. Un corte absoluto a la Tesorería Municipal afecta la capacidad del Ayuntamiento de recaudar y de atender a la ciudadanía. Eso es, en los hechos, una afectación directa a los tlaquepaquenses.
Por eso se vuelve urgente impulsar la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se trata solo de reclamar un corte o una respuesta que nunca llegó. Se trata de confrontar el diseño legal que, en la práctica, permite invadir las competencias del municipio. El Decreto 24805/LX/13 creó al SIAPA como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo estatal y configuró un esquema en el que el municipio pierde peso real en la Junta de Gobierno y queda expuesto a facultades de cobro, sanción y corte sin contrapesos efectivos. Esa arquitectura genera una subordinación de hecho que choca con el artículo 115 constitucional. Pedimos a la Corte que invalide las normas y los actos que producen este desequilibrio, y que ordene al Congreso del Estado —con la participación del Ejecutivo y de los municipios del área metropolitana— revisar a fondo la estructura y los mecanismos de decisión del SIAPA. El objetivo es recuperar la preponderancia municipal en la Junta de Gobierno y devolver el servicio de agua a su cauce constitucional: competencia originaria del municipio.
Tlaquepaque no se niega a pagar lo que legalmente corresponda. Lo que no acepta es legitimar créditos opacos, cargar con recargos de dudosa legalidad y tolerar que el agua se use como arma de presión institucional. Hemos consignado el pago del consumo corriente, promovido el amparo, presentado denuncia penal y queja administrativa, y mantenido abierto la vía del diálogo técnico.
Esa es la posición que defiendo: la autonomía municipal no es un capricho, es un mandato constitucional. Defenderla es defender el patrimonio y los derechos de los tlaquepaquenses. El agua es un derecho. La información es un derecho. La legalidad es un deber. Ninguno de los tres puede quedar subordinado a la arbitrariedad.
