La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, vigente hasta el próximo 21 de agosto, se ha convertido en uno de los debates más intensos del actual sexenio en materia de telecomunicaciones y de libertad de expresión.
Por Ángel Nakamura
Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo presenta como una actualización de un derecho constitucional orientada a proteger a televidentes y radioescuchas, la oposición y diversos sectores de la industria lo interpretan como un posible mecanismo de control indirecto sobre los medios de comunicación.
La discusión ha trascendido el ámbito técnico y jurídico para instalarse en el centro de la disputa política nacional. A un lado se encuentra el Ejecutivo federal, que sostiene que no existe censura y que el objetivo es garantizar información plural, oportuna y diferenciada de la publicidad y la opinión; al otro, partidos opositores, organismos empresariales y especialistas que alertan sobre riesgos de discrecionalidad y de regresión democrática.
Una reforma en consulta pública
Los lineamientos fueron aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el 24 de julio y derivan de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio de 2025.
La consulta pública se desarrolla desde el pasado 27 de julio hasta el 21 de agosto a través del portal oficial de la CRT y está abierta a audiencias, concesionarios, la academia y organizaciones civiles.
Según los datos difundidos por el propio portal, al cierre de esta edición se habían registrado 1,056 comentarios y 994 participantes únicos, una cifra que refleja el interés y la polarización que ha despertado el tema.
La propuesta aplica a concesionarias de televisión abierta, radio y servicios de televisión y audio de paga, así como a programadoras de uso comercial, público y social. Quedan fuera de su alcance las redes sociales y los medios exclusivamente digitales.
¿Qué establecen los lineamientos?
Entre las disposiciones más relevantes se encuentran la obligación de distinguir con claridad la publicidad del contenido informativo, separar la opinión de la noticia, adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa o descontextualizada y fortalecer mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad.
En televisión, los espacios patrocinados deberán identificarse con el símbolo “P” al inicio y al final del contenido, mientras que en radio la naturaleza publicitaria tendrá que anunciarse verbalmente antes de su transmisión.
Asimismo, los programas noticiosos o con segmentos informativos deberán incorporar plecas, cortinillas o elementos visuales y sonoros que permitan identificar cuándo un conductor expresa opiniones y cuándo presenta información. La iniciativa también obliga a los medios a contar con un Código de Ética, registrar una Defensoría de Audiencias y habilitar procedimientos de queja y derecho de réplica.
La defensa del gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que los lineamientos no constituyen un mecanismo de censura, sino la instrumentación de un derecho reconocido en el artículo 6 constitucional, que garantiza el libre acceso a información plural y oportuna.
Durante sus conferencias matutinas, la mandataria sostiene que el debate tiene un trasfondo político y que ciertos sectores rechazan la reforma porque ya no cuentan con los privilegios del pasado. “¿Hay censura? No hay censura. Si no se está de acuerdo con los lineamientos, hay que buscar adecuarlos para que sean más claros”, afirmó.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, reforzó esta postura al señalar que los lineamientos no facultan al Estado para decidir qué es verdad y qué es mentira, ni prevén sanciones sobre contenidos periodísticos.
Según explicó, son los propios medios quienes deben establecer, a través de sus códigos de ética, los criterios para verificar la información y designar a sus defensores de audiencias.
Alcalde subrayó además que la finalidad central es evitar la propaganda encubierta y garantizar que las audiencias sepan cuándo un contenido es pagado, patrocinado o producto de una opinión personal.
Las críticas de la oposición y de la industria
Legisladores de oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión advierten que conceptos como “información falsa”, “descontextualizada” o “veraz” podrían abrir espacios para interpretaciones discrecionales.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció que la intención declarada no es censurar, pero sostuvo que existen aspectos que deben corregirse para evitar riesgos de afectación a la libertad de expresión.
En un comunicado, la organización expresó preocupación por la posibilidad de sanciones desproporcionadas y por mecanismos de queja que podrían utilizarse como presión contra comunicadores.
El debate se ha concentrado especialmente en la capacidad de la CRT para supervisar el cumplimiento de los lineamientos. Diversos especialistas cuestionan si el organismo cuenta con la independencia suficiente respecto del Poder Ejecutivo.
El problema de la independencia regulatoria
Entre las voces más críticas se encuentra Leopoldo Maldonado, exdirector regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, quien señaló que la estructura institucional de la CRT no garantiza imparcialidad. A su juicio, un regulador vinculado orgánicamente al Ejecutivo no debería asumir funciones relacionadas con la valoración de la veracidad informativa.
La preocupación central, sostiene Maldonado, es que el Estado no puede erigirse en árbitro de la verdad periodística ni de la corrección moral de los contenidos.
No todos los especialistas consideran que la controversia se explique únicamente por la libertad de expresión. Aleida Calleja y Raúl Trejo Delarbre, exdirigentes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), plantearon que parte de la resistencia proviene de intereses comerciales afectados por la obligación de transparentar la publicidad pagada.
Desde esta perspectiva, la reforma no prohíbe contenidos patrocinados, sino que exige informar claramente a la audiencia cuando existe una contraprestación económica.
Polarización y responsabilidad periodística
El analista Gerardo Albarrán de Alba, integrante de la Organization of News Ombudsmen, recordó que los derechos de las audiencias existen en México desde hace más de una década y no representan una novedad jurídica.
Sin embargo, considera que la redacción actual de los lineamientos alimenta simultáneamente la narrativa gubernamental de protección ciudadana y la narrativa opositora de censura.
Albarrán advierte que la exigencia de separar opinión e información enfrenta un problema conceptual profundo: en el periodismo la objetividad absoluta no existe y toda narración parte de un marco interpretativo.
A su juicio, la regulación podría incentivar nuevas formas de simulación y otorgar a las defensorías facultades excesivas. También cuestionó que el proyecto contemple consecuencias económicas que podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de una concesionaria, sanciones que, según sostiene, no están previstas expresamente en la ley.
Pese a sus críticas, el especialista considera valioso que el debate haya reabierto la discusión sobre la responsabilidad social del periodismo y sobre el derecho de las audiencias a recibir información claramente identificada.
Más allá de la dicotomía
El caso de los lineamientos reveló una tensión persistente en las democracias contemporáneas: cómo proteger a las audiencias frente a la desinformación, la propaganda encubierta y la opacidad comercial sin afectar la libertad editorial ni generar incentivos para la intervención estatal.
El gobierno insiste en que se trata de un esquema de autorregulación supervisada, pero la oposición mantiene la alerta sobre un posible precedente de control indirecto de contenidos. La consulta pública abierta hasta el 21 de agosto será, en teoría, el espacio para corregir ambigüedades y construir consensos; en la práctica, se ha convertido ya en un termómetro de la polarización política mexicana.
El desenlace de este proceso definirá nuevas obligaciones para radio y televisión. De igual manera, marcará el rumbo de la relación entre Estado, medios y ciudadanía en una etapa en la que la confianza pública en la información se encuentra sometida a una presión creciente.
