Por Jorge Cabrera
Maestro en Economía y Política Internacional, CIDE
La Secretaría de Educación Pública ha abierto un debate que puede parecer sencillo, pero que en realidad toca uno de los grandes problemas educativos de nuestro tiempo: ¿deben los alumnos utilizar teléfonos celulares dentro de las escuelas?
La discusión llega cuando distintas entidades han comenzado a regular su uso y la propia SEP ha planteado la necesidad de construir una cultura digital más consciente, crítica y responsable entre niños y jóvenes.
Pero quizá estamos haciendo la pregunta equivocada.
No se trata solamente de decidir si un niño puede llevar un teléfono a la escuela. La pregunta de fondo es quién controla su atención.
Hace más de dos décadas, Thomas Davenport y John Beck publicaron «La economía de la atención». Su planteamiento era que, en una sociedad saturada de información, el recurso verdaderamente escaso sería la atención humana.
Hoy aquella idea adquiere una dimensión extraordinaria: millones de niños y adolescentes llevan en el bolsillo un dispositivo conectado permanentemente a plataformas cuyo modelo de negocio depende, en buena medida, de conseguir que permanezcan mirando la pantalla.
La escuela intenta enseñar a concentrarse, leer, escuchar, memorizar, razonar y perseverar. El teléfono ofrece, en cambio, una sucesión prácticamente interminable de estímulos: mensajes, videos, notificaciones, juegos, comentarios y recompensas inmediatas.
Eso no significa que toda tecnología sea enemiga de la educación. El teléfono puede ser una extraordinaria herramienta de información y aprendizaje. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en un competidor permanente de la atención.
Por eso, la respuesta no debería reducirse a prohibir o permitir.
Primero, las escuelas necesitan establecer reglas claras: distinguir el uso pedagógico del recreativo, con momentos y espacios libres de teléfonos cuando éstos interfieran con el aprendizaje.
Segundo, habría que diferenciar el acceso al teléfono del acceso a las redes sociales. Un adolescente puede necesitar un dispositivo para comunicarse con sus padres sin que eso signifique abrirle inmediatamente la puerta a todas las plataformas. El acceso debería ser gradual y acorde con la edad y madurez.
Tercero, necesitamos una nueva alfabetización. La escuela debería enseñar también educación para la atención: cómo funcionan los algoritmos, por qué las notificaciones están diseñadas para interrumpirnos, cómo reconocer la manipulación emocional y, sobre todo, cómo recuperar la capacidad de concentrarse durante periodos prolongados.
Cuarto, la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los maestros. Los padres también tienen que participar. De poco sirve limitar el teléfono durante seis horas de escuela si el adolescente permanece conectado otras tantas en casa. Horarios, espacios sin dispositivos y, especialmente, teléfonos fuera del dormitorio por la noche deberían formar parte de una nueva cultura familiar.
Y quinto, debemos discutir la responsabilidad de las propias plataformas. No parece razonable exigir autocontrol a niños y adolescentes frente a sistemas diseñados por empresas que compiten precisamente por capturar y retener su atención. La regulación debe exigir mayor responsabilidad sobre los mecanismos de diseño, especialmente cuando se trata de menores.
No se trata de regresar a un mundo sin tecnología. Eso sería imposible y tampoco sería deseable. Se trata de algo más ambicioso: conseguir que nuestros hijos lleguen a la tecnología con suficiente autonomía para que ésta sea una herramienta en sus manos y no sus manos una herramienta para la tecnología.
La discusión que ha abierto la SEP puede ser, por ello, mucho más importante que decidir dónde se guarda el celular durante las clases.
Puede ser el comienzo de una conversación sobre uno de los recursos más valiosos de la próxima generación: su capacidad para prestar atención, pensar por sí misma y decidir qué merece ocupar su mente.
