NOTA DEL EDITOR
Por Alfonso Gómez Godínez
El calendario político avanza y las distintas fuerzas partidistas encaminan sus esfuerzos para las próximas elecciones del 6 de junio de 2027. La lógica de la lucha electoral nos anticipa un creciente ambiente de enfrentamiento y polarización. Observamos al interior del Partido Morena una intensa lucha política entre sus corrientes y sus aliados y que se acentúa con los arranques anticipados de precampañas de muchos de sus miembros, a pesar de los intentos de su dirigencia nacional por contenerlos. Al iniciar en septiembre el próximo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la agenda legislativa cargará inevitablemente con incentivos para privilegiar el choque partidista sobre las opciones posibles de construir acuerdos y consensos, más aún al presentarse el proyecto económico para 2027.
No se necesita mucha pericia para anticipar en los próximos meses un escenario nacional más crispado, que se alimenta desde ahora con el debate abierto por los llamados Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y sus probables efectos en materia de regulación de las telecomunicaciones y libertad de expresión.
En el mismo contexto, no olvidemos la cantada secuencia de crecientes presiones y escalada de acciones provenientes del gobierno norteamericano, de sus agencias de seguridad, insatisfechas y desesperadas por lo que interpretan una falta de respuestas y omisiones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada y a supuestos pactos con personajes de la clase política. Allá también tendrán elecciones en noviembre, con resultados que determinarán el futuro de Donald Trump. El reciente bloqueo a las exportaciones de aguacate es una pequeña muestra de un previsible incremento de los conflictos con repercusiones en la gobernabilidad de nuestro país.
Dos exgobernadores ha sido recientemente encarcelados. Independientemente de sus presuntas responsabilidades en hechos que se tendrán que aclarar en juicios apegados plenamente a derecho, los mensajes políticos enviados a los dos principales partidos de oposición parecen encaminados a acorralarlos e inmovilizarlos.
Mientras esto sucede y la clase política gobernante se apresta a reafirmar su hegemonía y muchos de sus integrantes a proteger sus privilegios, uno de sus principales instrumentos de dominación como es el presupuesto público muestran señales de deterioro, de debilidades estructurales y de insuficiencias. Encerrados en sus pleitos, minimizan los riesgos de unas finanzas públicas que lanzan alertas que parece no preocupar.
El déficit fiscal, a pesar de la promesa pública y ante los mercados, de mantenerlo alrededor del 3%, hoy lo tenemos a un nivel de 4.4% del PIB. La deuda pública se ubica entre 54 y 55% del PIB y algunas consultorías como Fitch lo proyectan al 58% para 2027. Mientras que la recaudación por concepto de ISR cayó en estos primeros seis meses en 6.2%, en el mismo periodo el gasto creció en 2.1%.
La disputa por los limitados recursos fiscales aumentará de intensidad y los señalamientos públicos serán la misa de todos los días. Las señales de alerta son evidentes.
Las finanzas públicas carecen del componente dinamizador de la economía. No sorprende que en el primer semestre del año el crecimiento del PIB fue de 1.2% y que el pronóstico final para 2026 sea de solo 1%, cuando la inversión física del sector público se cayó en el mismo período en casi 8%.
El latir de la bomba de tiempo de PEMEX, sigue aumentando. Perdidas acumuladas de 28 mil millones de pesos, a pesar de los altos precios del petróleo (30% más alto que en 2025) y de los apoyos financieros del gobierno por 100 mil 400 millones de pesos y con una deuda impagable de alrededor de 100 mil millones de dólares en bonos y proveedores. Mientras que el país demanda un pacto fiscal de gran calado para enfrentar las mencionadas penurias, la brújula equivocada de la elite les cierra el camino y pone en riesgo su propia supervivencia.
