ANÁLISIS NACIONAL
El proceso interno de Morena y sus aliados para definir a quienes serán los llamados “coordinadores estatales de la transformación”, figura que, en los hechos, se perfila como la antesala de las candidaturas a las gubernaturas de 2027, comenzó con una paradoja política.
Por Ángel Nakamura
Si bien la dirigencia nacional insiste en que no habrá dedazos, amiguismos ni privilegios, varios de los primeros registros generaron cuestionamientos por posibles vínculos familiares, herencias políticas y presuntos incumplimientos de las propias reglas aprobadas por el movimiento.
A pocos de iniciado el registro, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que ya sumaban 124 aspirantes inscritos únicamente por ese partido.
De ellos, 33 realizaron el trámite de manera presencial y 91 en línea. A la lista se suman al menos ocho registros presenciales de integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), fuerzas que completan la coalición gobernante.
Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán y Nayarit.
Completan la lista Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
La magnitud de la participación refleja el interés que despiertan las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año. También pone bajo los reflectores casos que alimentan el debate sobre la congruencia entre el discurso oficial contra el nepotismo y las prácticas políticas que persisten dentro de la alianza oficialista.
El caso Campeche: el sobrino de la gobernadora entra a la contienda
Uno de los registros que más atención generó fue el de Gerardo Sánchez Sansores, aspirante del PT a la gubernatura de Campeche y sobrino de la gobernadora morenista Layda Sansores.
Su participación resulta particularmente sensible debido a que Morena ha impulsado públicamente medidas para limitar el nepotismo en la vida política nacional.
No obstante, Sánchez Sansores defendió su inscripción argumentando que competiría bajo las siglas del PT y no de Morena, además de sostener que mantiene con la mandataria únicamente una relación familiar y no una relación institucional.
El episodio ilustra una de las zonas grises que enfrenta la coalición gobernante: la posibilidad de que familiares de figuras en funciones participen en procesos sucesorios utilizando plataformas partidistas distintas, aunque integradas en el mismo bloque político.
La discusión no necesariamente se centra en la legalidad de la candidatura, sino en la percepción pública de continuidad familiar en espacios de poder que Morena ha prometido combatir.
Nora Ruvalcaba y el dilema de las reglas internas
Otro episodio que suscitó cuestionamientos fue el de la senadora Nora Ruvalcaba en Aguascalientes.
La legisladora acudió a registrarse pese a no contar todavía con una licencia aprobada por la Comisión Permanente del Congreso.
La propia aspirante reconoció que su situación contravenía las reglas establecidas para el proceso, aunque sostuvo que ello no le otorgaba ninguna ventaja competitiva y que la decisión final recaería en la Comisión Nacional de Elecciones.
El caso pone a prueba la capacidad de Morena para aplicar de manera uniforme las normas internas. Si el movimiento insiste en la necesidad de construir procesos transparentes y con reglas claras, cualquier excepción corre el riesgo de convertirse en un precedente político incómodo.
Los apellidos que pesan
Aunque el caso de Sánchez Sansores concentra buena parte de la atención mediática, no es el único aspirante cuya trayectoria está vinculada a familias con larga presencia en la política.
Hijos de exgobernadores buscan candidatura en Baja California
En Baja California Sur se registró Manuel Cota Cárdenas, militante del PVEM e hijo del exgobernador Manuel Cota Montaño, quien además estuvo al frente de la desaparecida Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo marcado por uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
En la misma entidad también se anotó Cristian Agúndez, integrante del PT e hijo del exgobernador perredista Narciso Agúndez Montaño.
Estos casos no constituyen necesariamente actos de nepotismo en sentido estricto, pues se trata de hijos de exgobernadores y no de funcionarios actualmente en el cargo. Sin embargo, sí alimentan el debate sobre la persistencia de dinastías políticas y la reproducción de élites familiares dentro de los procesos de selección partidista.
La presencia recurrente de apellidos conocidos evidencia una tensión permanente en la política mexicana: la coexistencia entre la narrativa de renovación y las estructuras tradicionales de poder que continúan influyendo en la competencia electoral.
Una competencia amplia y altamente disputada
Además de los casos polémicos, el proceso ha atraído a figuras de distintos perfiles políticos.
En Aguascalientes se registraron, entre otros, Ricardo Rodríguez, exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado; la exdiputada federal Salma Luévano; y la legisladora del PVEM Jenny Janet López.
En Baja California la lista incluye al senador Armando Ayala; al exsecretario de Gobierno Alfredo Álvarez; al alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño; a la exalcaldesa Montserrat Caballero; a la senadora con licencia Julieta Ramírez; al exdelegado del Bienestar Jesús Alejandro Ruiz y al expriista Fernando Castro Trenti, actualmente diputado federal de Morena.
La amplitud de los registros refleja que las definiciones estatales serán una de las principales disputas internas dentro de la coalición oficialista durante los próximos meses.
La prueba de credibilidad para Morena y aliados
Frente a las críticas, Citlalli Hernández ha insistido en que las decisiones no estarán determinadas por “dedazo, amiguismos ni de cuates” y que el proceso será conducido por mecanismos internos de evaluación y selección.
Sin embargo, el desafío para Morena no consiste únicamente en garantizar procedimientos formales, sino también en sostener la credibilidad de un discurso que ha hecho del combate al nepotismo y a los privilegios una de sus principales banderas políticas.
La aparición de familiares de gobernadores, hijos de exmandatarios y aspirantes que reconocen haberse registrado sin cumplir plenamente los requisitos establecidos coloca a la dirigencia frente a una prueba compleja.
Lo que está en juego es la consistencia entre las reglas que el movimiento promueve públicamente y la manera en que las aplica cuando se trata de sus propios cuadros.
Con 124 aspirantes registrados y aún varios estados por completar su proceso de inscripción, la carrera apenas comienza.
Sin embargo, las primeras controversias ya anticipan que la batalla por las gubernaturas estará acompañada por una discusión más profunda: la de los límites reales de la renovación política dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
