Por Ángel Nakamura López
La detención, la vinculación a proceso y el posterior internamiento en el penal federal del Altiplano de Ernesto Ruffo Appel colocan bajo escrutinio a uno de los protagonistas de la transición democrática iniciada a finales de los 80.
El expediente penal en contra de un personaje cuya relevancia política trasciende el cargo que ocupó forma parte de la estrategia del Estado mexicano contra el llamado huachicol fiscal. Por ello, el caso rebasa con mucho la situación jurídica del exgobernador de Baja California.
El incidente también nos hace preguntarnos hasta qué punto las instituciones mexicanas han alcanzado la madurez necesaria para procesar penalmente a figuras históricas, sin convertir los procedimientos judiciales en escenarios de disputa política.
Ruffo Appel, quien también fue senador y exalcalde de Ensenada por el panismo, rechazó las acusaciones en su contra por presunto contrabando de combustible, mientras que su familia y su defensa legal niegan su participación en los hechos, amparados bajo el principio de presunción de inocencia que establece la ley mexicana.
Somos México, el partido de reciente creación que el político de oposición ayudó a fundar y consolidar, consideró su detención como “arbitraria e ilegal”, al tiempo que exigió su inmediata e incondicional liberación, en virtud de que consideró un “atropello inaudito en contra del también Consejero Consultivo” de esa organización.
El político que rompió la hegemonía
En 1989, Ernesto Ruffo Appel se convirtió en el primer gobernador de oposición electo en la historia contemporánea de México, al ganar la gubernatura de Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
Después de décadas de hegemonía priista, Ruffo simbolizó la posibilidad de que el sistema político mexicano comenzara a aceptar la competencia electoral como un mecanismo real de acceso al poder. Su triunfo fue leído como el primer gran resquicio en un régimen construido sobre el predominio de un solo partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
Muchos de los procesos que desembocarían años después en la alternancia presidencial de 2000 encontraron en Baja California un antecedente decisivo. De esta manera, Ruffo dejó de ser únicamente un político panista para convertirse en una referencia obligada de la democratización mexicana.
Tres décadas después, el político bajacaliforniano enfrenta acusaciones por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La nueva prioridad del Estado mexicano
La imputación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) no es producto de la casualidad. Durante los últimos ocho años, el combate al robo de combustibles evolucionó.
Si durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la atención pública se concentró en las tomas clandestinas y el robo físico de hidrocarburos, actualmente las investigaciones se dirigen hacia estructuras financieras y comerciales más sofisticadas.
El denominado huachicol fiscal representa esa transformación porque no se trata solamente de combustible robado. El esquema incorpora empresas fachada, operaciones de comercio exterior, manipulación de documentación aduanera, simulación de mercancías y evasión tributaria.
En la mayoría de los casos, los hidrocarburos cruzan fronteras registrados como residuos petroquímicos u otros productos distintos para evitar controles fiscales y aduaneros.
La complejidad técnica del fenómeno explica por qué las investigaciones suelen derivar en imputaciones por delincuencia organizada: esa clasificación jurídica modifica sustancialmente el proceso.
La prisión preventiva y sus límites
Desde su detención, Ruffo Appel permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, el Altiplano.
Su abogado, Fernando Gómez Mont, denunció públicamente que el exgobernador permanece bajo «condiciones inhumanas», calificando el régimen de internamiento como una restricción desproporcionada e innecesaria.
Las autoridades federales no han respondido públicamente a esa acusación. Ello obliga a separar dos discusiones que con frecuencia se confunden en el debate público.
La primera consiste en determinar si existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal del imputado.
La segunda consiste en establecer si el Estado mexicano respeta sus obligaciones constitucionales e internacionales respecto al trato digno de una persona privada de la libertad.
Una eventual responsabilidad penal no justifica condiciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La esencia del Estado constitucional implica que el debido proceso no protege únicamente a los inocentes, sino también a quienes eventualmente podrían resultar culpables.
¿Justicia o mensaje político?
Toda investigación penal contra un personaje con la trayectoria de Ruffo adquiere una dimensión política, sobre todo cuando se llevarán a cabo elecciones que incluyen la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y mil 802 presidencias municipales.
Entre los estados que renuevan el Poder Ejecutivo se encuentra Baja California, gobernado actualmente por la morenista Marina del Pilar Ávila, quien actualmente enfrenta acusaciones de supuesta colaboración con el Gobierno de Estados Unidos a cambio de la recuperación de su visa para ingresar a suelo norteamericano.
Si bien no se ha comprobado que el proceso penal en contra de Ruffo Appel conlleva una motivación partidista para beneficiar a Morena y aliados, un sector de la sociedad interpreta los procesos judiciales a partir de la historia pública de los involucrados.
Para la oposición, este caso demuestra que el combate contra las redes de corrupción económica puede alcanzar incluso a figuras emblemáticas de la transición democrática.
El uso de delitos como delincuencia organizada y la prisión preventiva oficiosa exige un alto nivel de escrutinio, particularmente por las amplias facultades coercitivas que otorgan al Estado.
El reto institucional
En democracias consolidadas, la legitimidad de un proceso penal depende tanto de la forma como del resultado final. Un procedimiento impecable fortalece a las instituciones incluso cuando concluye con una absolución. Por el contrario, un juicio plagado de irregularidades debilita la confianza pública aun cuando termine con una sentencia condenatoria.
La Fiscalía deberá acreditar con evidencia sólida la existencia de una estructura criminal, la participación concreta del imputado y la configuración de los delitos que le atribuye a Ruffo Appel. De hecho, la FGR dijo que presentó más de 100 pruebas contra el exgobernador de Baja California por su presunta vinculación con una red de contrabando de combustible e hidrocarburo.
La defensa buscará desmontar esa narrativa mediante los recursos procesales previstos por la legislación. En ambos casos, la legitimidad dependerá del respeto irrestricto al debido proceso.
Sería un error reducir el caso en contra de Ernesto Ruffo Appel a la situación jurídica de un exgobernador. Lo que se encuentra bajo observación es la capacidad del sistema de justicia mexicano para procesar casos de alta relevancia política sin sacrificar garantías fundamentales ni permitir que la presión pública sustituya a la prueba judicial.
De esta manera, uno de los protagonistas de la transición democrática podría terminar convirtiéndose también en protagonista de otra discusión igualmente trascendente: la consolidación del Estado de derecho.
El juicio contra Ruffo Appel apenas comienza, y lo hace con un reto enorme para la justicia mexicana. Se comprobará si las instituciones mexicanas son capaces de demostrar que la ley puede aplicarse con la misma firmeza con la que respeta los derechos de quienes están sometidos a ella.
