Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
La discusión y votación del dictamen que propone la desaparición de diversos organismos autónomos que se llevará a cabo el 15 de agosto próximo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es una de las más importantes de los últimos años en nuestro país por los efectos que una iniciativa de esta naturaleza tendría sobre el funcionamiento de los poderes públicos (sobre todo el Ejecutivo).
Para clarificar los antecedentes, el Presidente de la República presentó ante el Congreso, en los primeros días del mes de febrero de este año, un proyecto de decreto para modificar diversos artículos de la Constitución (3o, 6o, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134), con la que se plantea la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El argumento central de esta propuesta, según el propio gobierno federal, es la necesidad de llevar a cabo una simplificación administrativa y disminuir el gasto público orientado a estas tareas, que serían asumidas por diversas Secretarías y entidades gubernamentales. No obstante, para muchos especialistas y observadores de la vida pública, el verdadero propósito detrás de la reforma sería la eliminación de espacios autónomos que inhiben el ejercicio unilateral del poder público, haciendo valer las restricciones institucionales que la propia Constitución y las leyes secundarias imponen a los gobiernos y funcionarios públicos en el ejercicio de algunas de sus funciones.
El escenario político que surge luego de las elecciones federales de 2024 es favorable para quienes comparten la visión del gobierno federal, ya que si termina por hacerse válida la nueva integración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión (la de Diputados con mayoría calificada y la de Senadores a menos de 5 escaños de lograrse para MORENA, PT y PVEM), aún en contra de los reclamos por sobre representación indebida. Caso contrario, con un panorama muy complicado para quienes consideran que acabar con estos organismos es un golpe a los límites constitucionales para el ejercicio del poder y, en última instancia, un peligroso precedente para nuestra democracia.
Es interesante y triste, al mismo tiempo, cómo en nuestro país pasamos de sentar las bases institucionales de una democracia, imperfecta e inacabada, pero que contenía bases mínimas prometedoras para garantizar la división de poderes y el control de quienes ejercían cargos de poder público, a casi renunciar a un debate responsable e inteligente de cómo mejorar el desempeño, los resultados y la utilidad social de los Poderes públicos. Por nuestra historia de hiper presidencialismo, la prioridad fue regular el ejercicio del Poder Ejecutivo federal, dejando en segundo término sentar bases más sostenibles para el control del Poder Legislativo, y más aún del Judicial.
El esfuerzo colectivo que costó varias décadas materializar es hoy visto, por muchos, con desconfianza y, para otros, como un error histórico que debe arrancarse de raíz. Esto nos deja, a quienes sostenemos que la función que cumplen estos organismos es tan relevante para un ejercicio democrático del poder, que debe reconsiderarse la postura de eliminarlos para que, con base en un ejercicio técnico responsable, se diseñen las mejoras tanto en su dimensión institucional (de facultades legales y normas de funcionamiento), como en su dimensión operativa (estructuras, procesos, presupuestos, costos de operación, plantillas, salarios, prestaciones).
La justificación más socorrida es la económica, aduciendo principios de austeridad, pero no se considera que el costo de los organismos autónomos con respecto a los bienes y el valor público que producen es muy bajo. Por ejemplo, en el caso del INAI, para 2024 su presupuesto de 1,168 millones de pesos representa tan sólo el 0.01% del gasto total anual del Gobierno Federal. Eso no significa que se deban cerrar los ojos cuando estos organismos presentan funcionamientos insuficientes, ineficiencia o corrupción en el manejo de los recursos públicos, desempeños parciales de algunos de sus funcionarios, o un nivel poco significativo en la generación de utilidad social y valor público.
Un segundo argumento ampliamente difundido es que no se requieren estos organismos, pues el propio gobierno puede llevar a cabo sus tareas. Vale la pena cuestionarse si es válido, y una mejor opción, retornar al esquema previo en donde muchas de estas obligaciones constitucionales ni siquiera existían o donde el gobierno era el único ente responsable y con la capacidad de generar información pública sobre temas trascendentes como, por ejemplo, hacer públicos los resultados de los programas de combate a la pobreza.
La experiencia nos indica, con este gobierno y con anteriores, que siempre es buena idea contar con organismos profesionales, sólidos técnica y políticamente imparciales que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y las libertades civiles y políticas, que nos permitan evaluar con metodologías e instrumentos verificables los avances o retrocesos de nuestros gobiernos en la búsqueda de mejorar la vida de las personas. No es viable argumentar que quienes desempeñan cargos gubernamentales, por el simple hecho de haber sido designados y depender de quien fue electo por los votos ciudadanos, realizarán siempre su mejor esfuerzo, lograrán resultados positivos, cumplirán los objetivos y serán siempre ejemplos de honestidad y ética pública.
Necesitamos mecanismos e instrumentos de evaluación y organismos que garanticen un ejercicio de la responsabilidad pública con apego a la ley y respeto a los derechos, que contribuya a mejorar la generación y distribución de bienes públicos a cargo de los gobiernos. Los organismos autónomos, mejorados y fortalecidos, son clave en esta tarea. Su desaparición sólo favorecerá la concentración de poder, la opacidad en el desempeño de los cargos gubernamentales y dificultará más que los funcionarios públicos rindan cuentas ante la ciudadanía.
