Deepfakes, crimen digital y el abandono legislativo frente al nuevo saqueo de los vulnerables.
Por Simón Madrigal Caro
Internacionalista y Analista Político
A mi prima, de ochenta años, la llamó la presidenta de México. No es una metáfora. Ojalá lo fuera.
Le habló por WhatsApp con esa serenidad ensayada que asociamos con el poder. Era —o parecía ser sin fisuras— la voz de Claudia Sheinbaum. Le explicó que había sido seleccionada para participar en una inversión estratégica respaldada por bonos nacionales, riqueza energética y el futuro económico del país. No era una invitación cualquiera, sino un privilegio reservado, según la voz, para ciudadanos escogidos. Luego vino la instrucción: depositar en un Oxxo. Y mi prima obedeció.
Podría parecer una anécdota doméstica si no fuera, en realidad, una radiografía política de nuestro tiempo. Lo más revelador no es que haya caído en la estafa. Es que creyó porque tenía razones humanas para creer. Creció en una época en que una voz todavía podía equivaler a una presencia. En que la autoridad conservaba un peso simbólico. En que la palabra dada no era, por definición, sospechosa. Fue el empleado del Oxxo quien intentó detenerla. Le dijo que quizá la estaban engañando. Mi prima levantó la cabeza y respondió con una dignidad que todavía me desarma: «La presidenta me seleccionó para esto.»
No hay que burlarse de esa frase. Hay que entenderla. Porque ahí empieza esta historia. No es un ensayo sobre ingenuidad. Es un ensayo sobre depredación. Y sobre un Estado que, frente a una nueva frontera criminal, parece legislativamente dormido.
Durante años conocimos el fraude como un arte rudimentario: tiempos compartidos fraudulentos, tandas milagrosas, préstamos exprés con letra chica que valía más que el crédito. Jalisco lo sabe bien, con esa industria construida sobre el entusiasmo vacacional que fue durante décadas una máquina de despojo operando a plena luz del día, con oficinas, recepcionistas y contratos notariados. Pero eso mutó. Hoy el delito no solo promete: simula. No solo persuade: personifica. Antes falsificaba firmas. Hoy falsifica voces. Y en ese salto tecnológico se abrió una grieta moral que nuestros congresos apenas comienzan a comprender. La inteligencia artificial no solo ha democratizado herramientas; ha democratizado la impostura. La vieja estafa buscaba convencer. La nueva estafa busca parecer verdad. Y eso cambia todo.
Leí el caso de una mujer en Estados Unidos convencida de que Elon Musk la llamaba personalmente para orientarla en inversiones. Sus hijos no lograban hacerla desistir. Solo comprendió que vivía una ficción cuando alguien la sentó frente a una entrevista televisiva en vivo donde Musk aparecía hablando, y mientras lo veía en pantalla, el supuesto Musk seguía al teléfono. Solo entonces colapsó la ilusión. Pero ¿cuántos no tienen a alguien que les rompa esa burbuja en tiempo real? Esa pregunta no es sentimental. Es legislativa.
Los números no permiten minimizarlo. La Condusef procesó más de tres millones ochocientas mil reclamaciones por posibles fraudes financieros en 2025. Se estiman trece millones y medio de mexicanos afectados anualmente —una de las tasas más altas de América Latina— mientras la impunidad en fraude digital ronda el noventa y tres por ciento. Tres de cada diez quejas bancarias por fraude corresponden a personas mayores de sesenta años. El robo de identidad mediante inteligencia artificial creció cuatrocientos ochenta y cuatro por ciento en un solo año, según datos del sector financiero digital, y el setenta y nueve por ciento de los mexicanos ya percibe que el fraude con IA representa una amenaza mayor que el robo de identidad tradicional. En Jalisco, las denuncias crecen de manera sostenida y las pérdidas acumuladas por esquemas financieros fraudulentos alcanzan montos que ya no caben en la categoría de episodios aislados: un solo caso reciente en el estado acumuló cuarenta y cuatro carpetas de investigación con pérdidas superiores a los ciento ochenta millones de pesos.
Estamos frente a una economía del engaño. Y esa economía encontró en los adultos mayores un mercado ideal. No por debilidad. Por confianza. Y por una brecha digital que nadie tomó suficientemente en serio.
Pero quizá la cifra más perturbadora no sea monetaria. Es moral. Porque detrás de esos números hay jubilaciones vaciadas, pensiones comprometidas, patrimonios evaporados y miles de personas que ni siquiera denuncian. Por vergüenza. Por miedo. Y porque un sistema que debería haberlas protegido nunca les explicó que podían ser víctimas de algo que ni siquiera sabían que existía. Las víctimas lo saben antes que los legisladores, lo cual no debería sorprender a nadie que haya observado la distancia que existe en este país entre quienes padecen los problemas y quienes tienen la obligación de resolverlos.
Y ahí está la médula del asunto. En una ironía brutal de nuestro tiempo, el crimen organizado ha mostrado mayor capacidad de innovación que buena parte del aparato legislativo. Uno experimenta con algoritmos, clonación de voz y manipulación emocional; el otro sigue produciendo respuestas pensadas para delitos de otra época. No es una brecha tecnológica. Es una brecha institucional. Y esa distinción importa, porque las brechas tecnológicas se cierran con presupuesto; las institucionales requieren voluntad política, y esa —en este caso— brilla por su ausencia.
Mientras el crimen innova a velocidad exponencial, el Congreso parece seguir deliberando como si el fraude todavía ocurriera por fax. No es solo que el delito cambió. Es que el Estado no cambió con él. El crimen organizado —porque conviene decirlo con todas sus letras— entendió antes que cualquier secretaría que los datos, las emociones y la tecnología son hoy recursos tan explotables como cualquier mercado ilícito tradicional. En Jalisco, esa comprensión se tradujo en una infiltración de los esquemas de tiempos compartidos que hoy re-victimiza a quienes ya fueron engañados una vez, ofreciéndoles recuperar lo perdido a cambio de una comisión previa que también desaparece. El fraude aprendió a alimentarse de su propia historia.
¿Dónde están nuestros legisladores mientras todo esto ocurre?
La respuesta tiene una arquitectura que conviene examinar despacio, porque no es la de la incapacidad sino la de la omisión confortable. Existen iniciativas, como siempre: una propuesta para tipificar la explotación financiera de adultos mayores con penas de cuatro a ocho años, exhortos a plataformas tecnológicas por publicidad fraudulenta, una discusión en el Senado —con una lentitud que parece ensayada— sobre la prohibición de deepfakes sin consentimiento. Pero México sigue sin un tipo penal federal que sancione específicamente la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial. El deepfake que clonó la voz de la presidenta para llamarle a mi prima navega en un limbo jurídico donde el daño es perfectamente real y la respuesta penal es, en el mejor de los casos, oblicua. Uno mira ese vacío y se obliga a hacer la pregunta incómoda: ¿a quién le conviene que ese vacío persista? Porque un sistema legal que no tipifica el fraude con inteligencia artificial no está llegando tarde. Está, por omisión, protegiendo a los defraudadores.
El contraste con otras jurisdicciones no es un ejercicio comparativo académico; es un espejo que incomoda. Estados Unidos discute en este momento la Senior Security Act, que crea grupos de trabajo especializados para proteger a los mayores de sesenta y cinco años del abuso financiero, y autoriza la coordinación de investigaciones entre agencias federales y locales. La presión para legislar tiene una razón concreta: en 2024 las pérdidas de adultos mayores por fraudes financieros en ese país alcanzaron los ochenta y un mil millones de dólares, y el Congreso entendió que esa cifra también es un mandato electoral. La Unión Europea incorporó en su Reglamento de Inteligencia Artificial una prohibición explícita de sistemas que exploten vulnerabilidades asociadas con la edad, con multas que pueden alcanzar el siete por ciento del volumen de negocio global anual de la empresa infractora. India ordenó en 2025 a su agencia federal de investigación capacidad extendida para perseguir estafas digitales incluso por encima del consentimiento de los gobiernos estatales. Nigeria impone hasta diez años de prisión por delitos de identidad digital y obliga a sus instituciones financieras a reportar transacciones sospechosas. México, mientras tanto, produce exhortos. Como si el crimen esperara dictámenes. Como si los algoritmos aguardaran la próxima comisión legislativa.
Hay además una dimensión que casi no aparece en el debate político y que es quizá la más obscena del problema: muchos adultos mayores no responden estas llamadas solo por credulidad. Responden porque alguien les habla. Porque alguien parece reconocerlos. Porque alguien les dice que fueron escogidos. Los defraudadores no explotan únicamente la brecha digital; explotan la soledad. Y hay una crueldad de una sofisticación particular en eso: no es solo fraude patrimonial, es depredación afectiva. Quien diseñó el guion de la llamada a mi prima sabía exactamente que la mayor vulnerabilidad no empieza en el bolsillo. Empieza en el aislamiento. Esa es la dimensión que ni la banca ni el Congreso parecen comprender, tal vez porque obliga a admitir algo más hondo que cualquier estadística: que el Estado también abandonó a estos ciudadanos mucho antes de que llegara el deepfake.
Harari advirtió que quien controla las narrativas puede moldear las realidades. Los deepfakes son esa advertencia convertida en instrumento de saqueo. No solo alteran hechos: colonizan la percepción. Y cuando la percepción puede ser pirateada, la confianza pública entra en riesgo. Una democracia también se sostiene en la capacidad de distinguir lo auténtico de la impostura. Cuando esa frontera se borra, el problema deja de ser tecnológico para convertirse en un problema de gobernabilidad. Legislar sobre inteligencia artificial ya no es regular innovación. Es proteger ciudadanía. Es impedir que el delito use mejor la tecnología que la República.
Mi prima todavía no nos dice cuánto perdió. Le avergüenza. Pero la vergüenza debería recaer en otro lado: no en quien confió, sino en un sistema que la dejó sola frente a una tecnología que ni pidió ni entiende, sin una ley que la nombrara víctima antes de que lo fuera, sin una campaña que le hubiera enseñado a dudar, sin un banco que hubiera detenido la operación antes de que el dinero desapareciera en una caja registradora.
Cicerón decía que la seguridad del pueblo es la ley suprema. Hoy esa máxima necesita una cláusula adicional: también en el territorio digital. Porque si la ley no alcanza a proteger ahí, entonces el delito ya gobierna una parte del espacio público. Antes los delincuentes tocaban la puerta. Hoy llaman con la voz del poder. Y un Congreso que no legisla frente a eso no está llegando tarde: está eligiendo no llegar. En una república que se respeta a sí misma, eso no tendría nombre. O sí lo tiene: abandono
