A 19 meses del inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comienza a realizar movimientos que apuntan a consolidar su propio proyecto de gobierno.
Por Ángel Nakamura López
Lejos de limitarse a la continuidad automática del sexenio anterior -con la figura de Andrés Manuel López Obrador- los recientes ajustes en áreas clave del gabinete y el posible viraje en política energética sugieren una etapa de definición política en la que la mandataria busca equilibrar pragmatismo, control institucional y viabilidad económica.
Nuevo canciller, con profundo conocimiento de Norteamérica
El primer movimiento relevante se produjo el pasado primero de abril con la designación de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.
El relevo implica una apuesta por un perfil técnico con profundo conocimiento de la relación con América del Norte. Velasco no es un actor improvisado: su trayectoria reciente lo posiciona como uno de los operadores más cercanos a la agenda bilateral con Estados Unidos y Canadá, particularmente en temas sensibles como seguridad, migración, comercio y gestión de recursos compartidos.
Esto se vuelve vital porque México iniciará la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC el 20 de abril en Ciudad de México, con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer.
El paso de Velasco por la jefatura de la Unidad para América del Norte y posteriormente como subsecretario en la misma área lo consolidó como un negociador recurrente en diálogos de alto nivel.
A ello se suma una formación académica sólida, con estudios en la Universidad Iberoamericana y una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago, así como experiencia en comunicación institucional y en distintos niveles de gobierno.
El mensaje político detrás de su nombramiento es que la relación con Norteamérica seguirá siendo prioritaria, pero bajo un enfoque más técnico y menos ideologizado.
Aduanas, con titular sin vínculos con el área
El segundo ajuste ocurre en un terreno particularmente sensible: la Agencia Nacional de Aduanas de México. La salida de Rafael Marín Mollinedo no puede entenderse únicamente como un relevo administrativo.
Su eventual incursión en la contienda por la gubernatura de Quintana Roo en 2027 coloca este movimiento en una lógica abiertamente política, donde el servicio público vuelve a entrelazarse con aspiraciones electorales.
Su sustituto, Héctor Alonso Romero, llega con experiencia en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sin un vínculo directo con la operación aduanera. Este elemento refuerza una práctica persistente en la administración pública mexicana: la rotación de perfiles dentro de un mismo círculo político, sin que necesariamente medie la especialización técnica en el área asignada.
En un organismo históricamente señalado por problemas de corrupción, contrabando y redes de poder, la falta de continuidad o de rendición de cuentas clara sobre la gestión saliente abre cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno.
Mientras el control aduanero representa un frente estratégico para la recaudación fiscal y la seguridad nacional, la salida anticipada de su titular sugiere que los tiempos políticos siguen marcando el ritmo institucional.
No se trata necesariamente de un golpe de timón, sino de un ajuste que deja en segundo plano la discusión sobre resultados y fortalece la percepción de que las posiciones clave continúan siendo parte de un engranaje político-electoral.
Replanteamiento de la estrategia energética
El tercer movimiento, quizá el más significativo en términos de política pública, es el replanteamiento de la estrategia energética a través del posible regreso del fracking en Petróleos Mexicanos.
Con esta decisión, Sheinbaum se distancia de una de las posturas más firmes de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó de manera reiterada la fracturación hidráulica por sus impactos ambientales.
El giro responde a una presión estructural: la caída en la producción de hidrocarburos, la dependencia del gas importado desde Estados Unidos y las limitaciones fiscales del Estado para sostener por sí solo la exploración de yacimientos complejos.
Bajo este contexto, el fracking reaparece como una herramienta operativa. La propia presidenta ha matizado el alcance de la medida al hablar de un “nuevo fracking”, basado en tecnologías que reducirían el consumo de agua y el impacto ambiental mediante el uso de componentes biodegradables y reciclaje del líquido utilizado.
Sin embargo, el debate será intenso. La fracturación hidráulica implica riesgos documentados, desde la contaminación de acuíferos hasta emisiones de metano y afectaciones a la salud.
Aun con mejoras tecnológicas, la implementación de esta práctica plantea tensiones entre la urgencia económica y la sostenibilidad ambiental. Además, el plan contempla la participación de privados a través de contratos mixtos, lo que introduce un elemento adicional de debate en un sector históricamente marcado por la defensa de la soberanía energética.
Las metas oficiales son ambiciosas: elevar la producción de gas natural de 2,300 millones de pies cúbicos diarios a 8,000 millones para 2035. No obstante, especialistas advierten que para alcanzar la autosuficiencia se requeriría incluso un nivel mayor, cercano a los 9,000 millones, lo que implicaría un ritmo de perforación muy superior al actual.
En ese escenario, el regreso del fracking será un punto de inflexión político que redefina la relación entre el Estado, el mercado y el medio ambiente.
Una etapa de reconfiguración
En conjunto, estos tres movimientos reflejan una etapa de reconfiguración dentro del gobierno de Sheinbaum.
La llegada de perfiles técnicos en áreas estratégicas, los ajustes en posiciones clave con implicaciones electorales y el viraje en política energética delinean una administración que comienza a marcar distancia respecto a su origen político sin romper completamente con él.
La pregunta de fondo es si estos cambios responden a una estrategia de largo plazo o a la necesidad inmediata de sostener la gobernabilidad en un entorno cada vez más complejo.
