Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
Quedaron en el pasado los discursos cargados de promesas y buenos deseos externados durante la campaña. Al final se logró el objetivo de ganar la presidencia de México. En esta semana, a la candidatura triunfante se le deberá presentar una agenda económica de trabajo con temas delicados y de urgente atención. Una agenda que poco o nada se abordó durante el proceso electoral y que ahora reclama la atención: Una agenda oculta de la economía.
En la agenda se resalta la persistente y terca inflación. Los precios no ceden, principalmente los precios de los productos agropecuarios y los servicios. La tasa de inflación anualizada alcanza actualmente el 4.7%, por encima de las expectativas originales y se tiene en duda lograr la meta establecida por el Banco México. Los factores climáticos y la extorsión del crimen organizado a los productores y comerciantes son causales de la inflación y donde las políticas monetarias restrictivas nada pueden hacer.
Las autoridades monetarias deberán mostrar su compromiso con la meta de inflación y posiblemente posterguen la ansiada baja de las tasas de interés que está teniendo altos costos en limitar el crecimiento económico y afectar la deuda interna de las finanzas públicas.
También en la agenda se pondrá en evidencia que durante el primer trimestre de este año el crecimiento económico se muestra lento y por debajo de lo previsto. El Producto Interno Bruto en el primer trimestre de 2024 creció de manera minúscula con un 0.2% respecto al mismo trimestre del año anterior, siendo que se estableció como meta para 2024 un crecimiento del PIB de 2.2%. Se deberá presentar un dinamismo económico postelectoral para alcanzar dicha meta, fenómeno que sería atípico debido al cambio de gobierno.
En la propia agenda oculta de la economía se enfatiza la imperiosa necesidad de cumplir con la meta para 2025 de reducir el déficit fiscal que se aumentó en el presupuesto de 2024. Es un compromiso de la autoridad hacendaria ante los mercados y de su logro dependerá en buen parte la credibilidad de las autoridades y el mantenimiento de márgenes de maniobra a favor de la estabilidad económica.
Las nuevas autoridades electas deberán intervenir en el diseño del paquete económico que se discutirá en el Congreso de la Unión a partir del mes de septiembre. De mantenerse el compromiso de reducir el déficit fiscal a 3% del PIB se tiene que hacer una complicada tarea de recorte al gasto y de consenso con los nuevos diputados.
El nuevo gobierno deberá priorizar su ajuste presupuestal, enfrentar los reclamos de los diputados de oposición y convencer a la ciudadanía y a los mercados de la pertinencia de estos. Mantener tantas promesas electorales en un contexto de recorte presupuestal será algo complicado.
En el mismo tema aparecerá el dolor de cabeza llamado PEMEX. Su monumental deuda financiera de alrededor de 106 mil millones de dólares (5.6% del PIB) y la insostenible presión de sus proveedores a los que se les debe un monto estimado de 21,260 millones de dólares. Un ogro insaciable que consume monumentales recursos económicos a cambio de mantener un discurso nacionalista. Aquí mismo se deberá decir que política seguir en materia de los precios de gasolina y sus subsidios. Una mecha puede incendiar el pastizal.
Finalmente, la agenda oculta apunta hacia Estados Unidos y sus implicaciones económicas y comerciales para México a partir del resultado de sus elecciones presidenciales.
Esperamos autoridades económicas y financieras responsables y sensibles por los caminos que transitará México en los próximos meses. Ojalá que la democracia no nos desencante.
