Estamos en un momento muy significativo de la historia del sistema de partidos, en lo particular, y de nuestro sistema y régimen político, en lo general. Un partido político tiene la fuerza electoral, el control de los tres Poderes federales y de la gran mayoría de gobiernos y congresos estatales en el país.
Por José Antonio Elvira de la Torre
Desde la aparición del Partido Nacional Revolucionario en 1929 y hasta 1997, México fue el ejemplo literal de lo que significaba contar con un sistema de partidos con un partido hegemónico. En realidad, el PNR, que luego se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), para finalmente ser el Partido Revolucionario Institucional, nunca fue un partido dominante (o incluso predominante, si queremos ser muy conceptualmente cuidadosos). Ese partido, en sus tres etapas y hasta la década de los noventa, no necesitaba competir, aunque formalmente existían otros partidos, unos de oposición real (como el Partido Acción Nacional, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Mexicano, el de la Revolución Democrática, entre muchos otros) y otros como partidos fachada que en realidad cumplían la función de dar la apariencia de pluralidad y competencia política, pero eran funcionales a las estrategias y objetivos del gobierno federal y su partido.
Con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, con la contribución de una gran cantidad de actores civiles y políticos, muchos de los cuales tuvieron costos altos en términos de derechos, libertades, e incluso vidas humanas, fue que la democracia en México pudo germinar. La elección de 1997, donde el PRI perdió por vez primera la mayoría absoluta de diputados federales en el Congreso de la Unión y la posterior elección presidencial de 2000 donde por primera vez un candidato de la oposición era reconocido como ganador de la elección, fueron las fechas que marcaron el fin de la etapa del partido hegemónico.
Se concretó una situación política que a la distancia reconocemos como muy frágil, en donde al fin era posible una verdadera institucionalización democrática que blindara de recaídas autoritarias las reglas formales de lo público, lo gubernamental y lo político, y que incidiera efectivamente en limitar las muy arraigadas prácticas informales de nuestro sistema político que nos impedían vivir en una comunidad política orientada por el respeto a los derechos y la vigencia cotidiana de valores como la libertad, el respeto y la solidaridad.
Regresando al tema específico del sistema de partidos, ese momento histórico trajo consigo fe en la pluralidad, la competencia efectiva, el funcionamiento democrático de las organizaciones partidistas y la limitación de los intereses y estrategias de cada partido en lo individual que no fueran consecuentes con la cooperación. Sin embargo, esa esperanza se esfumó pronto. El funcionamiento en el Congreso federal de la nueva pluralidad resultó en un estancamiento de posiciones e intereses, muy lejano a la una dinámica de acción colectiva.
Para comenzar, el primer presidente de la República, que desde la postrevolución provenía de un partido de oposición, no tuvo el respaldo de mayoría congresional, ya fuera de su propio partido o una coalición legislativa con otros partidos. Los incentivos que el ahora principal partido de oposición, el PRI, tenía para la cooperación y la construcción de acuerdos no eran significativos, y en los temas en que si existían (como por ejemplo la aprobación de los presupuestos de egresos de la federación) le concedían una enorme capacidad de ventaja en la negociación o incluso de chantaje. El mismo escenario político se repitió luego de la elección de 2006. Aunque el PAN ganó de nueva cuenta la presidencia de la República, fue el PRI un actor central para concretar acuerdos de cooperación.
En ese período, desde el año 2000 hasta el 2012, el PRI tuvo la oportunidad de convertirse efectivamente en un partido político que no fuera una herramienta gubernamental, pero no aceptó el reto. En un primer momento, por el liderazgo no democrático de alguno de sus presidentes nacionales que llenaron el vacío y ejerció la función que durante tantas décadas realizara la presidencia de la República al ejercer el control político efectivo de la organización partidista. En un segundo momento, ante el fracaso de la candidatura presidencial del que fuera líder nacional del partido, por la cada vez mayor influencia y fuerza política y económica que tuvieron los gobernadores de los estados que militaban en ese partido.
Así, el PRI ganó nuevamente la elección presidencial de 2012 con una organización que volvió a ser dominada por el Presidente, por esa fórmula de concederle el liderazgo real y las principales decisiones partidistas. En términos reales, aunque el principal actor de la coalición electoral y congresional que los hizo regresar al poder y haber contado con mayorías congresionales absolutas durante ese sexenio, el PRI perdió la oportunidad de convertirse por primera vez en un partido dominante, es decir, uno que ganaba elecciones efectivamente competidas, de manera sistemática, por contar con la aprobación y respaldo real de los electores sin necesidad de comprar o alterar los resultados.
La elección de 2018 fue el punto de quiebre de esa posibilidad por el triunfo de MORENA, un partido de reciente creación que era en ese momento más una herramienta política en manos de un liderazgo personal claro e indiscutido, incluso más allá de lo público y lo político, que un partido institucionalizado con reglas formales para estructurar la acción política. MORENA, por sí mismo o con las cambiantes coaliciones de partidos que ha encabezado (2018 y 2021 con PT y PES, y 2024 con PVEM y PT), ganó las últimas tres mayorías en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo está en condiciones de llegar a ser el primer partido dominante (los requisitos para ser un partido predominante ya los cumplió) en la historia de nuestro sistema de partidos.
Tabla 1. Etapas en la historia del sistema de partidos de la post Revolución en México
¿Cómo se construye la dominancia o, en todo caso, cómo se retorna a la hegemonía?
MORENA ha seguido muchas de las estrategias que antes fueron aplicadas por el PRI para fortalecer su posición y ampliar su fuerza y representación política:
- Acuerdos formales de apoyo y respaldo electoral a través de coaliciones con otros partidos nacionales o estatales (PT, PES, PVEM, HAGAMOS, FUTURO…).
- Acuerdos informales con grupos de poder, presión e interés para desactivar oposiciones (SNTE, CNTE, CATEM, Mineros…).
- Cooptación de actores políticos individuales, por ejemplo, para garantizar el control de ambas cámaras del Poder Legislativo.
- Uso de recursos y estructuras gubernamentales para fortalecer su capacidad de vinculación y representación de intereses de personas y comunidades.
- Utilización de medios de comunicación (tradicionales y alternativos) y comunicadores (profesionales o no) para posicionar su discurso como el único relevante y disuadir a quienes tienen ideas o preferencias diferentes de expresarlas.
- Cancelación de contrapesos institucionales al ejercicio del poder, mediante la o creciente influencia o en su caso desaparición de organismos públicos autónomos.
MORENA está en vías de convertirse en el partido con la militancia más grande en la historia política del país (formalmente registrada, dado que el PRI en sus mejores momentos, seguramente pudo también alcanzar cifras de militancia similares, aunque no con registro formal). En el mes de diciembre pasado, el secretario de organización del partido MORENA a nivel nacional, Andrés Manuel López Beltrán, declaró que una de las metas más importantes de la actual dirigencia para 2025 es lograr una cifra de 10 millones de afiliados a este partido político en todo el país. Luego del resultado electoral de junio de ese mismo año, pareciera que la cifra es alcanzable, dado que es justamente a través de ese partido que puede conseguirse con mayor facilidad, tanto cargos públicos (en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y ahora también Judicial), como acceso seguro a beneficios concretos como los programas y las transferencias directas gubernamentales que, según datos del propio gobierno federal anterior, superaba los 25 millones de beneficiarios.
El regreso de la afiliación corporativa
Aunque la Constitución y la legislación electoral secundaria establecen la afiliación libre e individual como la única vía para registrarse como militante de algún partido político, ha sido una práctica común de MORENA la búsqueda de que diversos sindicatos y asociaciones gremiales formen parte de sus filas. Desde hace años ha sido evidente que ésta ha sido una de sus estrategias para convertirse en la primera fuerza electoral del país en un tiempo relativamente corto. Un ejemplo lo brindó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por quien fuera líder y fundador del partido Fuerza por México que perdió su registro, luego de la elección federal de 2021 y que hoy se desempeña como Diputado federal por MORENA.
El caso más reciente es el anuncio del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que también se desempeña como Senador por el mismo partido, de que dicha organización gremial aportará la cantidad de 1.5 millones de afiliados para el partido político, de entre los profesores que pertenecen al sindicato y que mediante la influencia y liderazgo con que cuentan podría llegar a 5.5 millones con sus familiares y amigos. El argumento que utilizó para negar que se trate de una campaña de afiliación masiva fue que los estatutos de la organización que dirige ya no contemplan la obligación para los profesores de ser militantes de un partido político (que antes era el PRI), por lo que, según su lógica, que el SNTE se sume a la campaña de afiliación emprendida por MORENA no incide en la libertad de sus agremiados para afiliarse voluntariamente o no hacerlo.
Ideas finales
Estamos en un momento muy significativo de la historia del sistema de partidos, en lo particular, y de nuestro sistema y régimen político, en lo general. Un partido político tiene la fuerza electoral, el control de los tres Poderes federales y de la gran mayoría de gobiernos y congresos estatales en el país, además cuenta con suficiente aprobación pública para realizar acciones políticas sin que la discusión de si son deseables, positivas y generan utilidad social y valor público a la comunidad, puedan modificar su propósito e interés.
No estoy seguro de que los valores y autocontención de esta organización y sus integrantes sea suficiente para que evitemos regresar a un esquema con un partido hegemónico, aún incluso, si esa no fuera su intención.
