La falta de incentivos, interés y conocimiento de los electores avizora una muy pobre afluencia de votantes que la propia autoridad electoral estima no mayor al 20% de los casi 99 millones de ciudadanos en el país.
Por José Antonio Elvira de la Torre
El tiempo corre rápido. Luego de que en septiembre de 2024 se aprobara la reforma de 20 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la estructura, integración y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y que, entre otras cosas, estableció la elección mediante voto directo de jueces, magistrados y ministros, hoy nos encontramos a menos de dos meses de que se lleva a cabo la jornada electoral el próximo primero de junio.
Si bien la Constitución de 1857 ya consideraba la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una elección indirecta en primer grado (15 ministros electos para un período de seis años), la reforma de 2024 considera una elección directa a través del voto de la ciudadanía para un abanico más amplio de cargos en el Poder Judicial de la Federación como puede apreciarse en la siguiente tabla:
Fuente: Instituto Nacional Electoral INE: https://t.co/Wfl5xazeHH y https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/
En anteriores colaboraciones he planteado mi posición sobre los beneficios, costos y riesgos de integrar el Poder Judicial mediante elecciones, por lo que en esta ocasión me concentraré en el tema del posible nivel de participación de la ciudadanía en esta elección, que según cálculos compartidos por la Consejera Presidenta del propio INE, puede estar entre el 8% y el 15% de un listado nominal de 98 millones 987 mil 400 ciudadanas y ciudadanos que cuentan con credencial de elector para esta elección.
La cifra es sólo una previsión, pero es posible que aumente con base en el interés que desde el Poder Ejecutivo y la coalición mayoritaria de ambas Cámaras del Congreso de la Unión han mostrado para promover que más gente sufrague en la elección que ellos mismos impulsaron con su reforma, incluso siendo amparados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió, el miércoles 9 de abril pasado, que las entidades gubernamentales no están impedidas para difundir información sobre la elección, blindando cualquier posible denuncia que pudiera ocasionar sanciones a funcionarios.
A continuación, algunos factores que pueden incidir en un menor o mayor involucramiento de la ciudadanía en el proceso electoral y en la cantidad de personas que sufraguen en la jornada electoral, agrupados en dos dimensiones: a) política y b) técnica-operativa.
Legitimidad/inclusión del proceso electoral
Desde la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que incluyó la elección de cargos, la dinámica del juego entre los diferentes actores políticos (colectivos e individuales) ha sido la de un juego de suma cero, en donde existen ganadores y perdedores absolutos. Las reglas fueron definidas sin considerar todas las voces, opiniones e intereses. Esta situación ha cancelado la existencia de incentivos para que algunos participen en una elección en donde los resultados no están marcados por la incertidumbre democrática, sino por una casi certeza de que quienes obtengan la mayor cantidad de sufragios y sean electos estén respaldados claramente por una fuerza política que no sólo cuenta con el mayor respaldo político en la actualidad, sino que, por si las dudas, tiene la capacidad de utilizar recursos gubernamentales con propósitos políticos.
Hemos sido testigos de dos grandes percepciones sobre la elección: Por un lado, quienes defienden lo histórico del proceso, que es mejor hacer algo que mantener el estado de cosas en el Poder Judicial y que la reforma tiene como propósito “democratizar” a este poder. Por el otro, quienes sostienen que es un importante paso para el fin de la división de Poderes y la consolidación de una tendencia de regresión autoritaria. En medio, la gran mayoría de personas que no tienen claro los costos ni los beneficios de elegir jueces, magistrados y ministros y que no encuentran razones ni incentivos para involucrarse en un proceso que les parece lejano a su vida, sus preocupaciones y sus intereses.
El perfil de las candidaturas y el desarrollo de las campañas
Uno de los peores temores que se tenían sobre someter a elección los cargos del Poder Judicial es justamente el perfil y respaldo de las y los aspirantes. Lo mismo se han detectado a personas con buenos perfiles, con formación jurídica sólida, historial profesional apropiado y solvencia ética, que personas con perfiles insuficientes o francamente preocupantes, con vínculos a grupos de poder e interés que ponen serias dudas sobre su eventual desempeño.
Las campañas no han ayudado a mitigar esta preocupación. Entre la violación de las disposiciones legales sobre sus campañas o la banalidad, se ha dejado de lado el principal propósito de su aspiración y su función. De una muy difícil digestión han resultado hasta ahora, para quienes se preocupan en verdad por el funcionamiento y los efectos que produce en la vida de las personas el desempeño de jueces, magistrados y ministros. No significa que quienes ha optado por este tipo de actos ilegales de campaña o mensajes intrascendentes no puedan tener un buen desempeño si son electos, pero nos hace percibirlos como dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener el cargo (lo que no estaría lejos de poder traducirse en tomar determinaciones de cualquier especie, incluidas aquellas contrarias a la ley, para lograr sus propósitos personales o de los grupos que los respaldan) o, en todo caso, a no tener la capacidad de hacer valer la ley ni administrar la justicia para obtener popularidad.
Disponibilidad y calidad de la información
Para ampliar la información sobre los cargos a elegir, el tipo de boletas que se utilizarán y la información sobre los perfiles de las candidatas y los candidatos, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto a disposición información y contenidos que han sido poco utilizados. Por ejemplo, en el enlace https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/ donde se pueden revisar tanto el número como los nombres y currículums de las candidatas y los candidatos, se registran desde el 30 de marzo y hasta el 11 de abril tan sólo 1 millón 862 mil 945 consultas. Estas medidas son positivas y necesarias, aunque insuficientes para promover una mayor participación en las urnas y que ésta esté fundada en información accesible y confiable para inhibir que las personas terminen votando sin conocer los perfiles de las y los candidatos o, peor aún, que lo hagan a cambio de promesas de apoyos o bienes.
Condiciones para sufragar
Por último, tres factores técnico-operativos que han marcado una mayor dificultad para este proceso electoral. El primero, el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados realizó al presupuesto proyectado por el INE no sólo con franco desconocimiento del costo de organizar comicios, sino en una franca violación a la autonomía financiera del organismo autónomo.
El segundo, y que es una consecuencia directa del recorte presupuestal, que se instalarán sólo un poco más de 84 mil 200 casillas, casi la mitad de las 187 mil casillas instaladas en la elección de 2024. Con ello, si se presenta el escenario positivo de una copiosa afluencia a sufragar, la posibilidad de que las filas sean enormes y desincentiven a los electores, y se ponga una presión excesiva sobre los ciudadanos que en realidad son de los héroes de las elecciones en nuestro país, los funcionarios de casilla, que no es de extrañar, es difícil que deseen participar en futuros ejercicios, por la carga y dificultad de su encargo.
Tercero, la complejidad de la elección y las boletas electorales. Se votarán, para el caso de entidades como Jalisco donde sólo se realizará la elección del Poder Judicial Federal, seis diferentes boletas que tienen su grado de complejidad al pedirle al elector que distinga el origen de la candidatura y el número de identificación de la misma, y que en el caso de las boletas de Magistrados y Jueces de Distrito tendrán una buena cantidad de nombres de los que probablemente no tendrán elementos suficientes para evaluar y respaldar con su voto.
No sería raro observar a algunos electores acudir a las urnas con “acordeones” que les ayuden a recordar e identificar, a quienes les brindarán su voto.
