José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Este año se celebran comicios en cerca de 70 países de los cinco continentes en los que irán a las urnas casi 4,000 millones de personas que representan cerca de la mitad de la población mundial (según The Economist: https://www.economist.com/international/2024/02/11/2024-is-a-giant-test-of-nerves-for-democracy).
No obstante esta cantidad de elecciones, sigue creciendo la tendencia de que las democracias en el mundo no se encuentran en su mejor momento. Las más recientes mediciones de organismos públicos y privados sobre el desempeño y resultados obtenidos por las comunidades políticas con esta forma de gobierno (The Economist Intelligence Unit Limited en 2024, Latinobarómetro en 2023, IDEA en 2022), nos dan evidencias sobre una compleja problemática que no necesariamente se está resolviendo favorablemente.
Aunque la existencia de elecciones plurales, libres y competidas es una parte necesaria e indispensable para considerar a un régimen como democrático, no es una condición suficiente para garantizar la videncia de la democracia. Por ello, y al contrario de una corriente de opinión que sostiene que el problema se encuentra en el origen mismo y el diseño institucional de este tipo de regímenes políticos, encontramos abundante evidencia de que el comportamiento y compromiso que los actores políticos, individuales y colectivos (partidos, grupos de interés, grupos de poder) tienen respecto de la vigencia de valores y reglas democráticas en todo el espectro de la vida pública, son claves para entender su funcionamiento y pensar soluciones a los problemas que enfrenta.
Aún con las mejores instituciones políticas, una democracia sigue dependiendo del respeto y cumplimiento que las personas y las organizaciones tienen de las mismas, así como de su responsabilidad para participar en la vida pública y contribuir en la construcción de la cooperación y la acción colectiva. Por esta razón, aunque parezca poco significativo, sigue siendo importante considerar la forma en que las elecciones se llevan a cabo y si estas pueden calificarse de libres, justas y cometidas.
Algunos de los comicios ya se realizaron en estos primeros dos meses del año, tanto en países en que son libres y efectivamente competidas como en Finlandia y Taiwán, como en países que tienen procesos electorales en que pueden observarse violaciones a la libertad y la competencia, y en el peor de los escenarios, representaciones teatrales para ocultar verdaderos regímenes no democráticos y que utilizan a las elecciones como una fachada como El Salvador, Paquistán, Bangladesh y Azerbaiyán. En otros casos se han suspendido o retrasado los comicios debido a severas regresiones democráticas (Senegal y Mali) o estados de violencia y confrontación y golpes de Estado (Burkina Faso, Chad y Nigeria).
Algunas de las cuestiones que más preocupan a los especialistas en torno a la integridad democrática de los procesos electorales, y que son sólo algunas de las que tenemos que estar atentos en México para que las elecciones sigan siendo verdaderamente herramientas democráticas para expresar las preferencias de la ciudadanía al integrar gobiernos y garantizar la vigencia de las libertades y los derechos, tienen que ver con factores tales como:
- La pluralidad de opciones políticas que no sólo presentan candidaturas, sino que ponen discusión verdaderos y diversos proyectos de comunidad que, por supuesto, implica el derecho a participar en los asuntos públicos y en la vida política de una comunidad, aún si esto significa estar en desacuerdo y oponerse a la visión mayoritaria.
- La libertad para acceder a diversas fuentes de información que ayuden a configurar las preferencias políticas de las personas, que por supuesto incluye la calidad de la información y la libertad de periodistas y activistas para desarrollar libremente y con seguridad sus labores.
- El estrechamiento de la arena de la deliberación pública y la complicación excesiva para construir respetuosamente acuerdos de cooperación y acción colectiva entre quienes piensan diferente y tienen intereses distintos.
- Garantizar autonomía política y financiera de los organismos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, para garantizar una actuación imparcial, profesional y técnicamente eficiente y, además, revertir la tendencia centralizadora de las tareas electorales para recuperar el federalismo electoral.
- La realización de campañas en marcos institucionales que inhiban el acceso ilegal a recursos financieros, materiales y humanos, ya sea que provengan de gobiernos, de actores y organizaciones públicos o privados y, en el peor de los casos, de grupos del crimen organizado.
- La amenaza o intervención violenta de grupos vinculados a actividades delictivas para limitar la libertad de participación de los electores o las posibilidades reales de competencia política entre contendientes.
