Por Xicoténcatl Hurtado
Especialista en Innovación Gubernamental y Gobierno Electrónico
El decreto de entornos digitales seguros salió en cinco días: se presentó el viernes 9 de octubre y el miércoles 14 ya estaba en el Diario Oficial de la Federación. Obliga a las plataformas a que a los menores no les lleguen contenidos de violencia, acoso, abuso sexual o discursos de odio, a que las cuentas de los chavos nazcan con la privacidad al máximo y a bajar rápido lo que los ponga en riesgo. Tienen 30 días para reportar qué hicieron y, por ahora, no hay multas. Y las plataformas, increíblemente, aceptaron todo. Qué bueno que se cuide a la niñez. Pero me quedé pensando en lo fácil que resultó.
Fue fácil porque cuando el gobierno llama, las plataformas contestan. Y contestan rápido porque los políticos mexicanos son de sus mejores clientes. Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, pagaron casi 18.7 millones de pesos en anuncios de Facebook e Instagram en solo tres meses de este año, más del doble que en el trimestre de verano de 2025, desde cuentas personales y con el cuento de que es dinero propio. Son más de 200 mil pesos diarios para que lo quieran. Entre Movimiento Ciudadano y su gobernador estrella (así es: no lo es Lemus) llevan más de 112 millones desde 2020.
Y que nadie se sienta santo. El Partido Verde Ecologista de México suma 57 millones en Meta desde 2020, la página oficial de Morena casi 46, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) amarró un contrato de 16 millones en redes para este año y el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) se gastó casi 6 millones en 90 días. En el primer semestre de 2026, seis partidos nacionales comprometieron cerca de 135 millones de pesos en contratos de perfil electoral, y Movimiento Ciudadano va al frente con 38.8.
En Jalisco no estamos mejor. Entre los políticos de aquí que pagan promoción personal en Meta, encabeza el gobernador Pablo Lemus con 501 mil pesos en tres meses, y le sigue el alcalde de Zapopan. Diez políticos concentran el 82 por ciento del gasto de 49 actores: siete de Movimiento Ciudadano, dos de Morena y uno del PAN.
Aquí viene lo cínico. El artículo 134 de la Constitución prohíbe que la propaganda de gobierno lleve nombres, imágenes o voces que promuevan personalmente a un servidor público. Si el gobernador o el alcalde se anuncia con dinero público, choca con eso. Si lo hace con dinero propio desde su perfil personal, pero con su cara y las obras del gobierno, huele a campaña adelantada con la vitrina del cargo. Cualquiera de las dos suena mal. El cargo es de la gente, no de su perfil.
Pero lo que se paga a la vista es lo de menos. Lo que me preocupa son los bots, que no aparecen en ninguna biblioteca de anuncios. Al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se le atribuye una red de cuentas falsas que lo aplaude y ataca a periodistas y críticos, con inteligencia artificial (IA) incluida para redactar los comentarios. También muy evidentes los bots que utilizó Pablo Lemus y su empresa favorita Euzen en sus publicaciones sobre el tema de la manifestación del domingo 11 de octubre y borraban todos los comentarios de descontento de la juventud que ya perdió electoralmente. Está por probarse, pero el método no suena a ciencia ficción. Tampoco es cosa de un solo color: desde 2012 hay evidencia de granjas de troles de los partidos grandes, y estudios universitarios han documentado cuentas no orgánicas alrededor de oficialismos distintos. ¿Cuánto se gasta en bots? Nadie sabe, porque nadie factura “bots”: se factura como consultoría, monitoreo, big data o estrategia digital (como Euzen). De esos 135 millones en contratos, ¿cuánto fue? Esa pregunta debería ser pública.
Y aquí se juntan los dos temas. El decreto prohíbe que a un adolescente le recomienden discursos de odio y extremismo violento. Muy bien. Pero eso es exactamente lo que fabrican las granjas de bots para destrozar a un periodista o a un candidato. Al chavo de 17 lo protegen. Al de 18, que ya vota, se lo sueltan al corral.
Con la IA la cosa se pone peor. El bot de antes repetía el mismo mensaje y se notaba a leguas. El de hoy escribe comentarios distintos, con modismos, y parece tu vecino. Clonar una voz o alterar un video toma segundos. Imagínese el audio del candidato diciendo lo que jamás dijo, soltado un viernes antes de la elección, en un municipio chico donde nadie alcanza a desmentirlo. Contra las candidatas es todavía más sucio, porque la violencia digital hecha con IA busca sacarlas de la contienda. Siete de cada diez internautas mexicanos no saben si existen reglas para la IA y dos de cada tres temen que los suplanten con un deepfake. Y quienes tienen el dinero para inundar la red son justo los que arriba les puse nombre y cifra.
¿Y por qué no se legisla? Porque ya es tarde. El artículo 105 de la Constitución dice que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que arranque el proceso electoral, y que durante este no puede haber cambios legales fundamentales. El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó el 10 de septiembre, así que esa puerta se cerró a mediados de junio. La Suprema Corte ya anuló en 2022 un decreto del Congreso por violar esa regla. Y la iniciativa de la propia Presidencia, del 25 de febrero, que prohibía bots para desprestigiar, obligaba a avisar el uso de IA y dejaba al INE suspender campañas con cuentas automatizadas, duerme con otras 66 de las 85 iniciativas de IA del Congreso, donde la coalición de la presidenta tiene mayoría. Para los niños, cinco días. Para la elección, casi ocho meses de nada.
Lo que sí se puede es repetir el método del decreto, pero con la mesa del INE y no la de Palacio Nacional, porque el gobierno también es parte y también paga anuncios. Si las plataformas aceptaron en días lo que les pidieron desde la Presidencia, pueden aceptar etiquetar de forma visible lo hecho con IA, transparentar quién paga cada anuncio político, abrir un canal rápido para denunciar suplantaciones y guardar evidencia para el Tribunal Electoral. Y los partidos y gobernantes podrían empezar publicando sus contratos de “estrategia digital”. ¿Les da pena? Que se la aguanten.
Protegimos a los niños de la violencia en pantalla, qué bueno. Al votante lo dejamos solo frente a los bots que pagan quienes le piden el voto. Lo bueno que ya nadie es cree, sobre todo en Jalisco.
