Hasta ahora, la alianza gobernante ha realizado diez nombramientos en entidades estratégicas, recurriendo a una fórmula que les ha resultado políticamente rentable desde 2022: la designación de “coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación”.
Por Ángel Nakamura
Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), eligieron a sus primeros candidatos a gubernaturas para las elecciones de 2027 con base en tres factores clave.
Estos incluyen la apuesta por cuadros con experiencia electoral, la influencia de los grupos políticos locales vinculados a gobernadores en funciones, así como la permanencia de figuras cuya cercanía con los liderazgos estatales genera cuestionamientos internos.
Hasta ahora, la alianza gobernante ha realizado diez nombramientos en entidades estratégicas, recurriendo a una fórmula que les ha resultado políticamente rentable desde 2022: la designación de “coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación”.
Bajo esta figura, el partido oficialista construye candidaturas, ordena disputas internas y envía señales sobre el tipo de liderazgo que busca consolidar en la siguiente etapa de expansión territorial del movimiento.
A diferencia de procesos anteriores, la definición de perfiles ocurre en un contexto distinto. Morena ya no es una fuerza política en crecimiento que busca conquistar gobiernos estatales; es el partido gobernante a nivel federal y la principal fuerza política en la mayoría de las entidades.
Por ello, la discusión gira sobre el tipo de relevo político que se está construyendo en los estados gobernados por la llamada Cuarta Transformación.
Nora Ruvalcaba en Aguascalientes
La morenista volverá a intentar conquistar una entidad que se ha mantenido como uno de los principales bastiones del PAN.
Su designación refleja una lógica pragmática: Morena privilegia el reconocimiento público y la experiencia acumulada sobre la renovación generacional.
Sin embargo, también implica riesgos. Un cuarto intento puede interpretarse como perseverancia política o como la evidencia de que el partido no ha logrado construir liderazgos alternativos suficientemente competitivos en la entidad.
Beatriz Mojica contenderá por Guerrero
Una situación similar se observa en Guerrero con Beatriz Mojica Morga. La senadora con licencia ha sido una figura recurrente en la política guerrerense durante más de una década.
Su nombramiento representa el regreso de una dirigente que ha competido previamente por la gubernatura y que mantiene presencia territorial.
Para Morena, Mojica ofrece experiencia y conocimiento del estado; para sus críticos, simboliza la persistencia de los mismos liderazgos en un movimiento que originalmente se presentó como una alternativa a las élites políticas tradicionales.
Además, la guerrerense fue una abierta crítica del obradorismo hasta hace unos años, por lo que su designación molestó a fundadores de Morena, quienes la identifican con grupos de poder del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
¿Son los gobernadores quienes deciden?
La segunda tendencia es quizá la más relevante políticamente: la influencia de los gobernadores en funciones en la definición de sucesiones locales.
Pablo Gutiérrez para Campeche
En Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus llega a la coordinación en medio de señalamientos sobre su cercanía con la gobernadora Layda Sansores, quien en distintos momentos expresó públicamente simpatía por su proyecto político.
Rosa Bayardo por Colima
En Colima ocurre algo similar con Rosa María Bayardo, cuya trayectoria política está estrechamente vinculada a la gobernadora Indira Vizcaíno.
Estos casos reflejan un fenómeno que se ha vuelto recurrente en Morena conforme ha acumulado gobiernos estatales: la creciente capacidad de los mandatarios locales para influir en la selección de sus potenciales sucesores.
Aunque formalmente los procesos son organizados por el partido, las estructuras estatales y el control político de los gobiernos terminan convirtiendo a los gobernadores en actores determinantes.
La pregunta de fondo es si Morena podrá mantener el equilibrio entre la centralización política que caracteriza al movimiento y las dinámicas de poder regional que inevitablemente acompañan a cualquier partido dominante.
Designaciones polémicas
La tercera tendencia es la presencia de perfiles cuya designación ha generado controversia interna o externa.
Imelda Castro contenderá por Sinaloa
El caso más delicado probablemente sea el de Imelda Castro en Sinaloa. La entidad atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya en medio de acusaciones formuladas desde Estados Unidos.
Aunque Castro busca marcar distancia política respecto al gobernador, sectores de la oposición y parte de la opinión pública la identifican como una figura cercana al grupo político que encabezó Rocha. La importancia de Sinaloa trasciende el ámbito local.
La elección de 2027 será observada como una prueba para determinar si Morena logra mantener competitividad electoral en una entidad marcada por la crisis política y de seguridad derivada de la salida anticipada del mandatario.
Carlos Torres contenderá por Michoacán
En Michoacán, Carlos Torres Piña enfrenta un desafío distinto. Exfiscal estatal y uno de los principales colaboradores del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, su nombramiento reactiva cuestionamientos relacionados con investigaciones realizadas durante su gestión.
Las críticas provenientes de actores políticos locales muestran que la campaña michoacana podría desarrollarse en un entorno particularmente polarizado.
Verónica Díaz contenderá por Zacatecas
Las designaciones en Zacatecas y Baja California también evidencian tensiones internas.
Verónica Díaz Robles llega a la coordinación en medio de cuestionamientos por su cercanía con la familia Monreal, uno de los grupos políticos más influyentes del estado.
La reacción de simpatizantes inconformes durante el anuncio de su nombramiento mostró que las heridas derivadas de las disputas internas siguen abiertas.
Julieta Ramírez va por Baja California
Por su parte, Julieta Ramírez Padilla fue designada en Baja California pese a las controversias que han acompañado parte de su trayectoria política.
Su nombramiento confirma que Morena privilegió la cercanía con el proyecto nacional del partido por encima de las objeciones planteadas por algunos sectores internos.
Santiago Nieto contenderá en Querétaro
Un caso particularmente interesante es el de Santiago Nieto en Querétaro. A diferencia de otros estados donde Morena gobierna o compite desde posiciones favorables, Querétaro continúa siendo uno de los principales bastiones panistas del país.
La nominación del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera revela que el partido busca una candidatura de alto perfil nacional para intentar romper la hegemonía del PAN.
La apuesta tiene lógica estratégica. Nieto posee reconocimiento público, experiencia administrativa y una imagen asociada al combate a la corrupción, uno de los ejes discursivos más importantes de Morena.
Sin embargo, también deberá demostrar capacidad para construir una estructura territorial sólida en un estado donde la oposición conserva ventajas organizativas e institucionales.
Gino Segura, una señal distinta
En Quintana Roo, la designación de Gino Segura envía una señal distinta. Más que una controversia, su nombramiento representa una definición de poder al interior del movimiento.
La decisión de favorecerlo sobre Rafael Marín Mollinedo, uno de los personajes históricamente más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, muestra que los vínculos con el obradorismo fundacional ya no garantizan por sí solos una candidatura.
Morena busca combinar lealtad, experiencia y capacidad
Detrás de cada nombramiento aparece una constante: Morena busca combinar lealtad política, experiencia electoral y capacidad de movilización territorial.
No obstante, la fórmula también exhibe limitaciones. La mayoría de los perfiles seleccionados pertenecen a estructuras políticas ya consolidadas y mantienen vínculos estrechos con grupos de poder estatales o nacionales.
Esto plantea una interrogante para el futuro del partido. Después de casi una década de expansión electoral, Morena enfrenta el reto de institucionalizar sus mecanismos de sucesión sin reproducir las prácticas que históricamente criticó en otras fuerzas políticas.
La influencia de gobernadores, las disputas entre grupos internos y las acusaciones de favoritismo muestran que el movimiento no es ajeno a las tensiones propias de cualquier partido dominante.
Además, la anticipación de estos nombramientos vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre las llamadas campañas adelantadas. Aunque las figuras partidistas utilizadas por los partidos operan en una zona gris de la legislación electoral, el fenómeno refleja la creciente dificultad de separar la competencia interna de la promoción electoral.
Con siete entidades aún pendientes de definición y la posibilidad de ajustes en las alianzas con el PT y el PVEM, el mapa rumbo a 2027 todavía está incompleto.
Los nombramientos actuales permiten observar la estrategia del oficialismo: apostar por perfiles conocidos, respaldados por estructuras políticas consolidadas y capaces de garantizar una continuidad territorial a la coalición gobernante.
La incógnita es si esa estrategia será suficiente para mantener la expansión electoral de Morena o si, por el contrario, terminará alimentando las mismas dinámicas de concentración de poder y disputas internas que han desgastado a otros partidos cuando alcanzaron posiciones dominantes.
La respuesta comenzará a definirse en los próximos meses, pero las primeras señales indican que la batalla por las gubernaturas de 2027 será también una disputa sobre el futuro modelo de liderazgo dentro de la Cuarta Transformación.
