RELATOS DE LA GUERRA CRISTERA
Cómo una venganza por la muerte de Anacleto González Flores derivó en una de las emboscadas más sangrientas —y políticamente más costosas— de la Guerra Cristera.
Por José Jiménez Gómez Loza
Abogado
Una venganza anunciada
Relata el historiador Jean Meyer que, el 1 de abril de 1927, Anacleto González Flores fue hecho prisionero en Guadalajara, torturado en presencia del general Ferreira y ejecutado junto con los hermanos González Vargas y Luis Padilla.
Su entierro fue seguido por la ciudad entera. Para vengar la muerte del maestro y desmentir a la prensa oficialista, que aseguraba que reinaba una “tranquilidad absoluta en todo el territorio”, el padre Reyes Vega organizó, el 19 de abril de 1927, un audaz ataque contra un tren de pasajeros. En el asalto nocturno, ocurrido cerca de La Barca, Jalisco, murieron los 52 soldados de la escolta —que se habían mezclado con los viajeros para resistir mejor— y 30 pasajeros civiles. Como consecuencia, el gobierno callista responsabilizó a los obispos y los expulsó del país, mientras el general Amaro, para castigar la complicidad manifiesta de la población, preparaba la concentración forzosa de civiles.
El padre Reyes Vega: de pastor a general
Más allá de la venganza, otro factor explica la magnitud de la operación: apenas un mes antes, en marzo de 1927, el sacerdote y general cristero José Reyes Vega había tenido su bautismo de fuego y consolidado su liderazgo militar al frente de las fuerzas rebeldes en la histórica Batalla de San Julián, donde los cristeros obtuvieron una victoria contundente sobre el ejército federal. A partir de entonces, Reyes Vega dejó atrás su rol estrictamente pastoral para convertirse en uno de los generales cristeros más eficaces —y más controvertidos— de la guerra.
Espías, rieles y una marcha nocturna
Informado por sus espías en Guadalajara de que el tren transportaría armas, municiones y 120,000 pesos del Banco de México, Reyes Vega reunió a sus hombres y, en una arriesgada marcha nocturna, se aproximó a La Barca. Con la ayuda de trabajadores ferroviarios, sus hombres levantaron los rieles y provocaron el descarrilamiento del convoy. Tras un combate sangriento, los cristeros se apoderaron del terreno y del botín: 120 sacos con mil pesos cada uno y una caja con oro, repartidos entre los jinetes antes de dispersarse para evitar una contraofensiva.
El objetivo de la emboscada era, en realidad, doble: por un lado, apoderarse de un cuantioso botín —cercano a los 120,000 pesos en oro— destinado al pago del ejército federal, además de armamento y municiones; por otro, asestar un golpe moral al gobierno callista, debilitando su principal infraestructura de transporte y comunicaciones.
El incendio y la tragedia civil
Antes de retirarse, y tras haber perdido a un hermano en el combate, el padre Reyes Vega ordenó incendiar el tren. Decenas de pasajeros que no habían logrado desalojar los vagones durante el enfrentamiento quedaron atrapados en la estructura de madera y metal; entre ellos había mujeres y niños, que murieron por impactos de bala o calcinados. Ese saldo de víctimas civiles marcaría, más que el propio golpe militar, la memoria pública del episodio.
La respuesta de Calles: propaganda y represión
Para la administración de Plutarco Elías Calles, el asalto fue la justificación perfecta ante la opinión pública nacional e internacional para endurecer las medidas represivas, desacreditar la legitimidad moral de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y presentar a los cristeros no como defensores de la fe, sino como bandoleros sanguinarios guiados por un clérigo despiadado.
Fracturas dentro del movimiento cristero
El costo político para la causa cristera fue igualmente alto: obligó a su dirigencia a replantear los códigos de disciplina militar y a endurecer el control sobre los jefes de campo, con el fin de evitar excesos que erosionaran el apoyo popular.
Miguel Gómez Loza y el freno civil a la violencia militar
El episodio ocurrió apenas unos días después de que Miguel Gómez Loza asumiera la gubernatura civil cristera, y marcó desde entonces las directrices de su gestión. Gómez Loza se opuso radicalmente a las tácticas violentas e indisciplinadas del padre Vega: consideraba que la quema de los vagones con civiles a bordo no solo había violado los principios morales de la Unión Popular, sino que socavaba la legitimidad política que él construía desde el ala civil del movimiento.
Su administración estuvo marcada, en consecuencia, por constantes fricciones con los jefes militares cristeros a causa de este tipo de excesos, que desacreditaban al movimiento y erosionaban la legitimidad de la causa. Ante ello, Gómez Loza se vio en la necesidad urgente de arrebatar a los curas con armas el control “espiritual” de las tropas, por lo que solicitó formalmente a las autoridades eclesiásticas de San Juan de los Lagos el nombramiento de capellanes castrenses oficiales: sacerdotes ordenados, ajenos a las armas, que vigilaran el comportamiento moral de los combatientes e impidieran la repetición de hechos como los aquí relatados.
