Por Jorge Cabrera
Maestría en Economía y Política Internacional. CIDE
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el próximo año no habrá nuevos impuestos y que, en el caso de las gasolinas importadas, se buscará hacer “trazable” el impuesto correspondiente. La expresión parece técnica, pero encierra una definición política de fondo: si el gobierno quiere recaudar más sin aumentar impuestos, tendrá que demostrar que puede cobrar los que ya existen. El huachicol fiscal ofrece el mejor ejemplo.
Lo que las investigaciones han comenzado a revelar no es simplemente el viejo contrabando de combustible. Es algo mucho más sofisticado: mercancías que entran al país bajo una clasificación distinta, empresas formalmente constituidas, documentos aparentemente legales, transporte, almacenamiento y finalmente venta en estaciones de servicio.
Es decir, el problema no estaba solamente en la frontera. Estaba en toda la cadena.
Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿cómo pudo suceder durante años si el Estado tenía información en Aduanas, SAT, Energía, transporte, almacenamiento y gasolineras?
La respuesta parece estar en la fragmentación. Cada dependencia podía tener una parte de la historia, pero nadie estaba necesariamente viendo la película completa. ¡O quizá sí! porque como alguna vez digo un claridoso expresidente: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República».
Eso es precisamente lo que debería cambiar.
La verdadera trazabilidad significa que cada litro tenga una identidad fiscal desde que entra al país: quién lo importó, de dónde viene, qué contiene realmente, cuánto impuesto generó, dónde se almacenó, quién lo transportó, a qué gasolinera llegó y finalmente dónde fue vendido. En otras palabras: un litro, una identidad fiscal.
Si México importa cien millones de litros legalmente, el sistema debe poder seguir esos cien millones hasta su destino. Si las gasolineras terminan vendiendo ciento diez millones, alguien tendrá que explicar de dónde salieron los otros diez.
La tecnología permite hacerlo. Lo difícil será conectar la información y, sobre todo, impedir que pueda ser manipulada, sea por un secretario de estado, por un junior traficante de influencias o por algún legislador muy cercano a la cabeza del poder.
Porque aquí aparece la otra dimensión del problema: la corrupción. Cada modificación de un pedimento, volumen, clasificación, permiso o destino debería dejar una huella digital que permita saber quién la hizo, cuándo y por qué. Y esa información tendría que cruzarse con la facturación, los movimientos financieros y los beneficiarios reales de las empresas.
El anuncio de Sheinbaum puede convertirse en algo mucho más importante que una medida administrativa. Si funciona, representaría un cambio en la manera de recaudar: no aumentar la tasa, sino impedir que el impuesto se evapore entre la aduana y la bomba de gasolina.
Pero también será una prueba política. Porque el éxito no debería medirse por el número de detenidos ni por el valor de los decomisos. Debería medirse por algo mucho más sencillo: que ningún litro pueda entrar, circular y venderse legalmente sin que el Estado pueda explicar de dónde salió y dónde quedó el impuesto que le corresponde.
El huachicol fiscal ha demostrado que México no carecía necesariamente de información. Carecía de algo más elemental: la capacidad institucional y la voluntad política para hacer que esa información se hablara entre sí.
Ahora la presidenta tiene la oportunidad de corregirlo. ¡Ya veremos !
