En estos tiempos en que el tema del abastecimiento del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara se lleva los titulares, es importante también saber en qué condiciones se encuentra el conflicto entre particulares y el gobierno del Estado por el Bosque de los Colomos III y esta reserva hidrológica que representa.
Por Mario Díaz (El Master).-
Para ello Revista Política, acude a la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Dra. Tatiana Anaya Zúñiga, quien en su apretada agenda aparta unos minutos para charlar de este y otros asuntos que lleva su oficina.
Quien conoce a Anaya Zúñiga, comparte la sensación de que es una mujer incansable y muy apasionada por los temas jurídicos, pero también se da tiempo para brindar capacitación, talleres en esta materia a mujeres emprendedoras para que sean capaces de potencializar sus empresas y sus capacidades personales.
Firme en sus convicciones, honorable en su desempeño y sin lugar a dudas con una fuerza que solo da el conocimiento de las leyes y el respaldo de un gran equipo de colaboradores, que la hace acudir a todos los niveles para defender los intereses de Jalisco.
De entrada, aclara que el litigio por el Bosque de los Colomos III no debe entenderse como una simple disputa por la propiedad de un terreno, sino como una batalla jurídica para proteger uno de los espacios ambientales e hidrológicos más importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y declara que la estrategia del Ejecutivo ha evolucionado para colocar al derecho ambiental como el eje central de la defensa.
«Muchas personas creen que estamos hablando de un pleito del Estado contra un particular, cuando en realidad son muchos particulares con diversas escrituras y distintos procedimientos judiciales», explica la funcionaria al describir la complejidad del caso. El conflicto, afirma, involucra juicios de amparo, procesos civiles, administrativos y agrarios promovidos por diferentes personas que reclaman la propiedad de diversas superficies dentro del polígono conocido como Colomos III.
Para comprender el origen del litigio, Anaya recuerda que la historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando el entonces gobernador Luis del Carmen Curiel (1893 a 1903) adquirió esos terrenos para el Gobierno del Estado debido a la abundancia de agua y la presencia de importantes mantos acuíferos. Décadas después, particularmente entre los años setenta y ochenta, comenzaron a aparecer escrituras privadas que dieron paso a una cadena de litigios que permanece vigente hasta nuestros días.
La Dra. Anaya Zúñiga, explica que uno de los momentos más importantes ocurrió durante la administración del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz (2013 a 2018), cuando el Ejecutivo estatal emprendió un procedimiento de recuperación administrativa al detectar la existencia de títulos cuya procedencia resultaba cuestionable y que permitían a particulares reclamar parte del patrimonio estatal.
Sin embargo, insiste Tatiana Anaya en que el objetivo nunca ha sido únicamente recuperar un terreno.
«No nos estamos peleando un pedazo de tierra. Estamos hablando de quien abastece buena parte del agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Son mantos acuíferos muy importantes y un patrimonio natural de todas y todos los jaliscienses», subraya.
Actualmente, la Consejería Jurídica enfrenta 17 procedimientos relacionados con Colomos III: once juicios de amparo, un asunto administrativo, cuatro civiles y uno agrario. Anaya reconoce que la duración del litigio responde a que constantemente aparecen nuevos promoventes o familiares de quienes participaron en procesos anteriores, lo que obliga a las autoridades jurisdiccionales a tramitar cada caso de manera independiente.
«Esa es una de las razones por las que el asunto continúa. Hay resoluciones favorables para el Gobierno, pero después comparecen otras personas argumentando que nunca fueron notificadas y vuelven a iniciar un procedimiento. Nosotros tenemos que defender nuevamente la posición del Estado», explica.
Pese a la complejidad del proceso, la consejera destaca que el Gobierno de Jalisco ha obtenido resoluciones importantes. Entre ellas sobresale una sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que confirmó la actuación del Ejecutivo respecto de 1.21 hectáreas y reiteró un principio fundamental: los bienes públicos son imprescriptibles.
«El tribunal fue muy claro. Lo público no se privatiza simplemente porque unos particulares presenten un documento. Esa resolución fortalece la defensa del patrimonio estatal», afirma.
En este punto a Tatiana Anaya se le aprecia una ligera satisfacción en su rostro, sabe que, aunque el camino sigue siendo largo, ella y su equipo de abogadas y abogados consiguieron un gran paso favorable para Jalisco.
Pues más allá del criterio sobre la propiedad pública, Anaya considera que el verdadero avance se dio con el reconocimiento del valor ambiental de Colomos III. La estrategia jurídica incorpora ahora estudios hidrológicos, dictámenes técnicos y evidencia científica para demostrar que el bosque constituye una zona esencial para la recarga de acuíferos y forma parte de un Área Natural Protegida de aproximadamente 207 hectáreas.
«Nos ha tocado demostrarle a los tribunales la importancia hidrológica del área. No estamos defendiendo solamente escrituras; estamos acreditando el valor ambiental de este ecosistema», sostiene.
Para la titular de la Consejería Jurídica, ese cambio de enfoque representa una transformación profunda en la manera de litigar el caso. Si en el pasado predominaban los argumentos administrativos y patrimoniales, hoy el derecho ambiental ocupa un lugar central.
«Nos hemos adentrado mucho al derecho medioambiental. Ya no hablamos únicamente de un tema administrativo; hablamos de derechos de tercera generación. El derecho ambiental tiene una importancia superior sobre el derecho administrativo porque protege intereses colectivos y el futuro de las próximas generaciones», afirma.
En ese sentido, insiste en que Colomos III constituye un precedente para la protección del patrimonio natural de Jalisco, ya que las resoluciones que emitan los tribunales contribuirán a definir el alcance del derecho a un medio ambiente sano frente a intereses particulares.
“Si la ciudadanía quiere saber en qué vamos con este tema de Colomos, pues decirles que actualmente tenemos estos juicios que ya mencionaba, que hemos tenido muchas batallas favorables, que esta última fue una batalla en Sentencia Definitiva, que cuánto tiempo nos falta para terminar, porque es una pregunta también muy recurrente, pues nos falta terminar el tiempo que sea necesario, esto es de paciencia por parte de los ciudadanos y de mucho trabajo jurídico por nuestra pare, pero creo que en esta administración del gobernador Pablo Lemus se van a resolver la mayoría de los juicios que tenemos en la actualidad sobre Colomos III”.
La funcionaria no se pone ninguna medalla sobre batallas que no han sido de ella, y reconoce que para haber llegado a este punto mucho es por lo que calificó de gran trabajo que hicieron sus antecesores en la Consejería Jurídica de Jalisco.
“El hoy diputado local, José Luis Tostado Bastidas, David Bernal Hernández (durante el gobierno de Enrique Alfaro), también a la resolución del magistrado Adrián Talamantes Lobato, que emitió resoluciones a favor de varias hectáreas de esta Área Natural Protegida. Nos ha tocado precisamente demostrarle a la autoridad jurisdiccional la importancia que revierte esto que te decía también de la materia hidrológica, los estudios hidrológicos donde se puede advertir a través de estos dictámenes cómo en realidad corre el agua, aparte de que se declaró área natural protegida, es una estrategia que también nosotros hemos estado haciendo”.
Estamos hablando que en esta área natural protegida se decretaron 207 hectáreas que nosotros llevamos ya estos seis juicios ya ganados, de 1.19 hectáreas, otro de 8 hectáreas, otro de 8.9 hectáreas, de 2.653 metros, de otro de 1.21 y otro de 1.19. Tenemos ya mucho avance, tenemos mucha batalla, pero el gobernador nos ha instruido que sea uno de los temas prioritarios de la Consejería Jurídica.
Rompiendo mitos
Con todas estas acciones deja en claro que es falsa la idea que algunos personajes tienen en que estos litigios se perdían por falta de interés del estado, o que eran atendidos con negligencia con esta intención deliberada de perderlos. Asegura que la dependencia ha fortalecido su comunicación con organizaciones civiles y colectivos ambientalistas para informar sobre los avances, aunque aclara que la estrategia procesal no puede hacerse pública.
«Hay quienes nos piden revelar cómo vamos a litigar cada juicio. Eso sería como entregar nuestra receta secreta. Si explicáramos cada estrategia, también estaríamos informando a las contrapartes cómo vamos a defendernos», comenta.
Finalmente, Tatiana Anaya asegura que la instrucción del gobernador Pablo Lemus ha sido mantener la defensa de Colomos III como uno de los asuntos prioritarios de la Consejería Jurídica. Para ello se conformó un equipo integrado por especialistas en litigio contencioso y derecho ambiental, convencidos de que la protección del bosque trasciende a cualquier administración.
«Nos queda mucho por hacer, pero tenemos la certeza de que estamos defendiendo una causa que beneficia a toda la sociedad. Colomos III no representa únicamente un litigio patrimonial; representa la defensa del agua, del medio ambiente y del patrimonio de las futuras generaciones de Jalisco».
Destaca que el camino sigue siendo largo, que podrán venir más litigios, pero que “al final de cuentas no nos asusta porque es algo que sabemos hacer. Tengo un gran equipo de trabajo que son expertos en la materia contenciosa, es un equipo de abogadas y de abogados con amplia experiencia en temas de litigio. Todos los abogados tenemos especializaciones en muchas materias. Hay, quién sabe, derecho corporativo. Hay a quien le gusta mucho el derecho civil. Pero lo que estamos haciendo es, o el derecho familiar, etcétera, que realmente invitar a trabajar a esta consejería jurídica. Y eso también fue algo que el gobernador Pablo Lemus nos pidió, que fuera gente realmente técnica, con experiencia en la materia”, concluyó.

del patrimonio de las futuras generaciones de Jalisco.
Giro medioambiental
Tatiana Anaya, Consejera Jurídica del Gobierno de Jalisco, detalla que durante estos procesos para proteger el bosque de los Colomos, se han adentrado mucho al tema medioambiental.
“En el derecho que no es lo mismo un derecho administrativo que un derecho medioambiental. Y a veces uno puede considerar como abogado que esto ya es superado, pero a veces nos encontramos propias resoluciones de juzgados federales en materia administrativa en donde hemos presentado argumentos que logran dar la vuelta en la instancia de los tribunales colegiados”.
“Perdimos un litigio en el Juzgado del Distrito y le dimos la vuelta a nuestro favor en el Tribunal Colegiado, donde se hace precisamente ese tipo de diferenciaciones que ya son derechos de tercera generación y el derecho medioambiental para decirlo en palabras muy coloquiales, tiene una supremacía de importancia mayor que un derecho administrativo. Y por eso te decía, no nos estamos peleando el gobierno del Estado con particulares un espacio, un pedazo de tierra o una escritura con tierra, es el contexto del derecho medioambiental y de los derechos medioambientales”.
«La certeza jurídica también impulsa el emprendimiento femenino»: Tatiana Anaya
Tatiana Anaya Zúñiga, no solo es la responsable de los temas jurídicos del gobierno del estado y pese a lo que uno pudiera considerar una agenda complicada, ella siempre está dispuesta a aportar un poquito más de su conocimiento a quien lo requiera, en este caso ha emprendido una serie de jornadas junto con algunas asociaciones de mujeres empresarias para brindar capacitación en esta materia.
Reconoce que la mejor herramienta para fortalecer a las mujeres emprendedoras no siempre es solo el financiamiento o la capacitación empresarial. Para la consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, brindar conocimientos legales que permitan prevenir conflictos y proteger el patrimonio familiar y empresarial representa una política pública que genera certeza y contribuye al desarrollo económico tanto de estas emprendedoras, su familia y del estado.
Anaya Zúñiga destaca que esta estrategia de capacitación dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias tienen el objetivo claro: acercar información jurídica útil que les permita tomar mejores decisiones antes de enfrentar un problema legal.
«A veces creen que una plática jurídica es para formar abogadas, y no. Nadie va a salir experta en derecho después de una hora y media de capacitación. Lo que buscamos es que las mujeres sepan, por lo menos, a qué puerta tocar cuando enfrenten un problema, qué derechos tienen y cómo proteger aquello que con tanto esfuerzo han construido», explicó.
Anaya señaló que esta visión nació desde su experiencia en el Consejo de la Judicatura, donde pudo identificar que muchas de las problemáticas que afectan a las mujeres podrían prevenirse mediante información oportuna y acompañamiento institucional.
«Lo que nosotros estamos haciendo es una política pública jurídica preventiva. Que una mujer tenga protegido su patrimonio, que conozca cómo cuidar su empresa o que sepa cómo actuar frente a un conflicto también es una forma de prevenir la violencia y generar condiciones de mayor seguridad para ella y su familia», sostuvo.
La consejera destacó que las jornadas de capacitación responden a necesidades concretas que han manifestado mujeres que ya iniciaron un negocio o que buscan consolidarlo.
«Muchas empresarias están completamente concentradas en producir, vender, generar empleos y hacer crecer sus negocios. Ese es el motor de la economía de Jalisco, pero precisamente por esa dinámica muchas veces dejan de lado la parte jurídica. Ahí es donde nosotros queremos aportar.»
Uno de los temas que mayor interés ha despertado entre las participantes, comentó, ha sido la protección legal de los negocios familiares y de las sociedades entre parejas.
«Les decimos que si tienen un negocio en conjunto dejen todo perfectamente establecido por escrito. No porque desconfiemos de alguien, sino porque el día de mañana pueden surgir diferencias y entonces no solamente está en juego una relación de pareja, también puede estar en riesgo una empresa, un pequeño negocio o incluso el patrimonio de toda una familia.»
Para Tatiana Anaya, la prevención jurídica no significa fomentar el conflicto, sino evitar que éste ocurra.
«Muchas veces las mujeres solamente quieren una orientación. Llegan y preguntan: ‘¿Tú qué hubieras hecho?’. Les explicamos cuáles son las alternativas legales y, en ocasiones, simplemente confirmar que van por el camino correcto les da tranquilidad y confianza para seguir adelante.»
La funcionaria considera que esa cercanía también fortalece la sororidad entre mujeres que ocupan distintos espacios de liderazgo.
«Esa sororidad de la que tanto hablamos significa acompañarnos y compartir herramientas. Si una mujer logra abrirse camino en el servicio público, en una empresa o en cualquier ámbito, también tiene la responsabilidad de ayudar a que otras mujeres tengan más información y más oportunidades.»
Sin embargo, aclaró que esta visión no excluye a los hombres ni busca generar confrontaciones entre géneros.
«Esto no es un tema de mujeres contra hombres. Estamos hablando de familias. Cuando fortalecemos jurídicamente a una mujer también estamos protegiendo a sus hijos, a su patrimonio y al proyecto de vida que construye junto con quienes la rodean.»
Políticas sociales
En otro aspecto de sus labores Tatiana Anaya subrayó que uno de los aspectos que también promueve en los equipos de trabajo es la conciliación entre la vida laboral y familiar, convencida de que el bienestar de las personas repercute directamente en la productividad.
«Siempre digo que las mamás tienen derecho a ir al festival de sus hijos, a acompañarlos cuando bailan o participan en una actividad escolar. Y lo mismo ocurre con los papás. Cuando una institución entiende eso y genera flexibilidad, se construye un ambiente laboral mucho más sano y un mayor compromiso con el trabajo.»
A su juicio, la transformación cultural debe comenzar desde las propias instituciones públicas.
«Como servidores públicos tenemos que hacer más de lo que estrictamente nos corresponde. No para colgarnos una medalla, sino porque tenemos la plataforma para impulsar políticas públicas que realmente cambien la vida de las personas.»
La consejera explicó que esa misma filosofía ha permitido establecer alianzas con otras dependencias estatales para ampliar el alcance de la prevención jurídica. Entre ellas destacó la colaboración con el Sistema DIF Jalisco y la Secretaría de Seguridad, mediante la Policía Cibernética, para capacitar a servidores públicos y fortalecer la atención de delitos relacionados con violencia digital, abuso sexual infantil y riesgos en redes sociales.
«Hoy existen amenazas que hace apenas unos años ni siquiera estaban tipificadas en la ley. La prevención también implica preparar a las instituciones para responder a esos nuevos desafíos y ofrecer herramientas de protección a las familias.»



