La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en materia de cooperación en seguridad desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por Ángel Nakamura
El conflicto se intensificó debido a la forma en que se habría desarrollado el operativo para la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, fundador y uno de los principales líderes históricos del crimen organizado, así como las implicaciones que éste tendría para la soberanía del Estado mexicano.
El aparentemente exitoso golpe contra el crimen organizado se transformó en un diferendo diplomático que involucra acusaciones de violación del derecho internacional, cuestionamientos sobre la actuación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y un creciente intercambio de reclamos entre ambos gobiernos.
En el centro del debate existe una pregunta de mayor alcance: ¿puede una agencia estadounidense participar en una operación dentro del territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades nacionales?
Una captura rodeada de versiones contradictorias
Desde que «el Mayo» apareció bajo custodia de las autoridades estadounidenses, la narrativa oficial ha estado marcada por inconsistencias.
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que el gobierno mexicano recibió información incompleta e incluso contradictoria sobre las circunstancias en las que ocurrió la captura.
Esa postura ha sido respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR), que sostiene que las explicaciones ofrecidas por distintas autoridades estadounidenses no coinciden entre sí.
Para el gobierno mexicano, las diferencias entre las versiones oficiales no constituyen un detalle menor. Si existen relatos incompatibles sobre la planeación y ejecución del operativo, argumentan las autoridades, resulta indispensable esclarecer qué ocurrió realmente, quién participó y bajo qué fundamento jurídico se actuó.
De ahí que la FGR haya insistido en que alguien faltó a la verdad durante el proceso de comunicación entre ambos países.
El avión que elevó la tensión
La controversia adquirió una nueva dimensión cuando el FBI exhibió públicamente la aeronave utilizada para trasladar a Zambada hacia territorio estadounidense durante un evento institucional.
Para la agencia estadounidense representó una muestra de uno de sus operativos relevantes, pero las autoridades mexicanas lo interpretaron como un elemento adicional que reforzaría la hipótesis de una intervención unilateral.
Desde la perspectiva del gobierno mexicano, la exhibición pública del avión terminó alimentando las dudas sobre el nivel de participación que habría tenido el FBI durante la operación y fortaleció la percepción de que ésta se desarrolló sin la autorización ni el conocimiento de las autoridades nacionales.
El episodio coloca nuevamente sobre la mesa el delicado equilibrio que existe entre la cooperación bilateral en materia de seguridad y el respeto a la jurisdicción de cada Estado.
El reclamo de soberanía
La respuesta institucional de México ha sido particularmente firme. La FGR ha acusado formalmente al FBI de haber violado la legislación mexicana y diversos tratados internacionales al participar presuntamente en una operación realizada sin coordinación con las autoridades nacionales.
Desde la óptica del derecho internacional, uno de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados es el respeto a la soberanía territorial.
Cualquier actuación de agentes extranjeros dentro del territorio de otro país normalmente requiere mecanismos de cooperación previamente establecidos, autorización expresa o el desarrollo conjunto de las operaciones.
Por ello, la FGR ha solicitado al gobierno estadounidense la entrega completa de la información relacionada con el operativo para determinar si existieron actuaciones que excedieran los mecanismos de cooperación previstos entre ambas naciones.
La exigencia busca establecer responsabilidades y, al mismo tiempo, evitar que un precedente de esta naturaleza debilite los canales institucionales de colaboración en futuras investigaciones.
La dimensión diplomática
El gobierno mexicano también ha elevado el tono en el terreno diplomático. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente la actuación del exembajador estadounidense Ken Salazar, figura central en la relación bilateral durante los años recientes, al considerar que las explicaciones ofrecidas en torno al caso no fueron suficientes para aclarar lo ocurrido.
Paralelamente, la Cancillería mexicana ha solicitado información y explicaciones al actual representante diplomático de Estados Unidos, buscando reconstruir la secuencia de los hechos y conocer con precisión cuál fue el nivel de involucramiento de las distintas agencias estadounidenses.
Este intercambio refleja que el desacuerdo comienza a impactar uno de los pilares más sensibles de la agenda bilateral: la cooperación en materia de seguridad.
Cooperación bajo presión
Durante décadas, México y Estados Unidos han construido mecanismos conjuntos para combatir al crimen organizado transnacional.
Desde el intercambio de inteligencia hasta operaciones coordinadas contra organizaciones criminales, ambos gobiernos han reconocido que el narcotráfico constituye un problema compartido que exige colaboración permanente.
Sin embargo, esa cooperación siempre ha estado condicionada por un principio político fundamental para México: el respeto irrestricto a la soberanía nacional.
Cada vez que surge la percepción de que agencias estadounidenses actuaron de manera independiente dentro del territorio mexicano, resurgen viejos debates sobre los límites de esa colaboración.
Si las investigaciones mexicanas concluyeran que efectivamente existió una operación unilateral del FBI, el episodio podría obligar a revisar protocolos de intercambio de información, mecanismos de coordinación entre fiscalías y los alcances de la presencia operativa de agencias estadounidenses en territorio nacional.
Un caso con implicaciones más amplias
La captura de uno de los narcotraficantes más buscados del continente representa, sin duda, un acontecimiento de enorme relevancia para la lucha contra el crimen organizado.
No obstante, para el gobierno mexicano el éxito de una operación no puede evaluarse únicamente por su resultado: también importa el procedimiento.
El respeto a la legalidad, la cooperación institucional y la observancia de los principios de soberanía constituyen elementos indispensables para preservar la confianza entre dos países cuya relación en materia de seguridad depende, en buena medida, de la transparencia y la coordinación.
Mientras la FGR continúa solicitando acceso a toda la información disponible y Washington mantiene su propia versión de los hechos, el caso permanece abierto tanto en el terreno judicial como en el diplomático.
La verdadera prueba para ambos gobiernos será determinar si este episodio termina por erosionar los mecanismos de cooperación construidos durante décadas o si, por el contrario, impulsa la creación de reglas más claras para futuras operaciones binacionales.
La respuesta definirá el futuro inmediato de la colaboración en materia de seguridad, así como el equilibrio entre eficacia en el combate al crimen organizado y respeto a la soberanía que México considera irrenunciable en su relación con Estados Unidos.
