El método de elección favorito de Morena que no es aceptado por los diputados de MC, PAN y PRI, provocó que se incumpliera el plazo establecido al 15 de marzo para sacarla adelante. Ninguno de los bandos a favor y en contra alcanza la mayoría calificada.
Por Julio César Hernández
Cuando se creía que la reforma al Poder Judicial no tendría mayores contratiempos en Jalisco, luego de que el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro designó al jurista Arturo Zamora Jiménez coordinador de las mesas de diálogo para dicha reforma y que la consulta con diversos sectores sociales se realizó sin contratiempos, y que las diversas fracciones parlamentarias presentaron sus respectivas iniciativas, varias de ellas con pocas diferencias con la presentada por el Ejecutivo, el proceso se “trabó” al grado de que no se cumplió con la tarea en el plazo establecido por la ley, que era aprobarla a más tardar el 15 de marzo.
El “nudo” que habría atorado un acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado es el mecanismo para la elección de magistrados y jueces: la fracción de Morena y aliados -Hagamos, Futuro, Verde y PT- proponen que una parte de la elección se realice a través del método aleatorio, popularmente conocida como “tómbola”, mientras que Movimiento Ciudadano y aliados -PAN y PRI- rechazan esta propuesta.
Este desacuerdo ha sido también la razón por la que la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales no ha elaborado el dictamen correspondiente para presentarlo al Pleno para su análisis y discusión. Y es que, además, esta Comisión está encabezada por la diputada Norma López Ramírez, de Morena, y los diputados de la alianza Miguel de la Rosa Figueroa -coordinador de la bancada morenista-; Enrique Velázquez González, de Hagamos; y Alejandro Puerto Covarrubias, diputado sin partido, pero que se suma a la propuesta de elección aleatoria, mientras que en el otro bando están José Luis Tostado Bastida -coordinador de la fracción naranja-, como secretario de la comisión; la priista María del Refugio Camarena Jáuregui -coordinadora de los diputados del PRI-; así como Isaías Cortés Berumen por el PAN.
La Constitución federal establece que los estados tenían un plazo de 180 días naturales -a partir de la entrada en vigor de la reforma federal-, para armonizar sus leyes locales, plazo que se cumplió el sábado anterior 15 de marzo. Dos días antes de esta fecha, el diputado emecista Tostado Bastidas declaró a los medios de comunicación que a 48 horas de que se cerrara el plazo no había condiciones para cumplir con el mandato, pues no existía dictamen alguno qué discutir y someterse a votación, y que por eso era mejor aplazarla.
El coordinador de los diputados morenistas, Miguel de la Rosa, por su parte, sostuvo lo que es la consigna de Morena y el gobierno federal en todas las elecciones, no sólo en la de los militantes del partido a un cargo de elección popular, sino en cualquier elección a cargos públicos: la elección por el método aleatorio, insaculación o mejor conocida como “tómbola”. Y es a partir de esta postura que no se logró avanzar para cumplir con el plazo constitucional.
LUCHA DE FUERZAS
Si bien hay quienes confían en que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo para lograr sacar adelante el dictamen correspondiente que habrá ponerse a disposición del Pleno Legislativo, en el fondo lo advierten complicado si las partes enfrentadas mantienen su postura a favor y en contra de la tómbola, pues si bien la relación del gobierno del Estado con el gobierno federal ha caminado en armonía y sin sobresaltos, políticamente la relación entre Morena y Movimiento Ciudadano es de confrontación y nadie se atreve a apostar cuál de las dos partes daría su “brazo a torcer”.
Y es que la postura en contra que MC y Morena mantienen prácticamente desde los comicios intermedios del 2021 y se agudizó en las elecciones federales del 2024 con la gubernatura en disputa, hace prever que si Morena logra que se apruebe la elección de magistrados y jueces por “tómbola”, se considerará como una dolorosa derrota para Movimiento Ciudadano y su gobierno en el Estado, mientras que si sucede lo contrario los bonos del partido en el gobierno subirán como la “espuma” y ratificará su superioridad sobre la 4T jalisciense que mantiene desde 2012 cuando perdieron por vez primera la elección por la gubernatura. Y eso tendría un significado político que, quiérase o no, manda el mensaje de que, en Jalisco, Morena nunca logrará una victoria política.
Además, para el gobierno federal, para Morena y toda la 4T también tendría un alto significado negativo si Jalisco se convierte en el único estado del país donde no se aplique la elección de integrantes del Poder Judicial local por “tómbola”, y sería un fuerte descalabro para el partido y para el coordinador legislativo Miguel de la Rosa, a menos -dicen de acuerdo a lo sucedido en Legislaturas anteriores-, que desde la Ciudad de México llegue la instrucción de ceder y no insistir en ese método de elección.
Sin embargo, también hay quienes no descartan la posibilidad de que desde la capital del país se negocie y obligue al Ejecutivo a aceptar el método aleatorio ara elegir a jueces y magistrados.
NO DA LA MAYORÍA CALIFICADA
El “empantanamiento” legislativo para sacar adelante la reforma Judicial provocó que ninguna de las partes confrontadas tenga la mayoría calificada -o sea 26 legisladores- que se requiere para una reforma constitucional, lo que hace imposible que una de esas partes logre sacarla adelante por sí misma.
Quienes han manifestado una abierta oposición a la elección aleatoria o por “tómbola” son las fracciones legislativas de Movimiento Ciudadano, con 11 diputados; Acción Nacional (PAN) con cinco; y Revolucionario Institucional (PRI) con tres, que en conjunto suman 19 diputados. Por el otro lado están quienes integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia: Morena, con nueve diputados; Hagamos con tres; Futuro con dos al igual que el Verde Ecologista y el partido del Trabajo, además de Alejandro Puerto, diputado sin partido. En total también suman 19.
Ninguno de los bandos logra sumar los 26 diputados requeridos.
Por otro lado, si hacemos un ejercicio imaginario que Movimiento Ciudadano lograra sumar los votos del partido Verde Ecologista, que en la pasada Legislatura fue una fiel aliada de la fracción naranja mayoritaria, así como de Hagamos por un acuerdo entre el Grupo Universidad y Casa Jalisco, solamente agregaría cinco votos más para tener 24 en total, a dos de distancia de alcanzar las tres cuartas partes necesarias.
De esta manera, Morena y sus aliados fieles se quedarían sólo con 14 votos.
Podría haber quien creyera que con una buena “negociación” de por medio, el otro bando pudiera conseguir los dos votos faltantes. Sin embargo, se advierte muy difícil que pudiera convencer al diputado independiente o a los legisladores de Futuro o del PT, adversarios recalcitrantes de MC y del gobierno emecista. Ninguno de las dos bancadas le daría los votos necesarios.
De esta manera, no se observa una salida pronta a este “entrampamiento” en la reforma Judicial en el que ha caído el Legislativo.
AMBIENTE ENRARECIDO
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial se podría dar en medio de un ambiente social y político enrarecido. Por un lado, por el escándalo generado el caso del rancho “Izaguirre” en Teuchitlán, que ha sido nota a nivel nacional e internacional; y, por el otro, el ambiente de enfrentamiento al interior del partido Movimiento Ciudadano entre el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, y la dirigente estatal “naranja”, Mirza Flores Gómez.
Ambos casos, por una u otra razón, tiene a los diputados emecistas preocupados y distraídos y ese puede ser un factor para no concentrarse del todo en la discusión de la reforma judicial y también puede ser utilizado por sus adversarios como “arma” política para descalificarlos ante la ciudadanía.
Pero más allá de estos dos casos o temas recientes que acaparan la atención pública, los diputados están obligados a “armonizar” la Constitución local con la federal en materia del Poder Judicial, y seguramente pronto sabremos cuál de las partes terminó cediendo el paso a la propuesta de su adversario en la manera de elegir a jueces y magistrados.
