Biodiver-Ciudad
Por Magdiel Gómez Muñiz
Cada vez que el gobierno anuncia un programa de sustitución de placas vehiculares ocurre algo predecible; molestia social, resistencia ciudadana y una idea que se instala en la opinión pública sobre recaudar más dinero. La percepción no surge de la nada. Durante muchos años, los diferentes programas de regularización vehicular han sido comunicados desde una lógica predominantemente financiera-administrativa, dejando de lado la discusión más amplia sobre movilidad y gobernanza territorial.
Sin embargo, reducir el cambio de placas a una medida meramente recaudatoria empobrece el debate. También sería un error asumir que el simple cumplimiento ciudadano resuelve por sí mismo los problemas estructurales de movilidad. Entre ambas posturas hay una zona intermedia que vale la pena explorar: el reemplacamiento tendría que pensarse como una política pública orientada a fortalecer la legalidad, mejorar la información vehicular con el fin de generar condiciones más eficientes para la gestión del territorio.
La discusión cobra relevancia si se observa el crecimiento sostenido del parque vehicular en México durante las últimas dos décadas. Más vehículos implica mayor presión sobre vialidades, demanda infraestructura, necesidad de regulación y sistemas más precisos de identificación.
Cuando una parte significativa del padrón presenta rezagos administrativos, placas obsoletas, o registros inconsistentes, el problema deja de ser exclusivamente documental y comienza a convertirse en una limitante para la planeación pública.
Aquí aparece un dato que suele pasar desapercibido, gobernar la movilidad también significa gobernar la información. Saber qué estatus guardan los vehículos que circulan realmente, dónde se concentran, cuáles presentan condiciones necesarias para ser remitidos a instancias administrativas, y qué tipo de unidades predominan permiten diseñar intervenciones más racionales en materia de tránsito, seguridad vial junto con el crecimiento urbano. Sin información confiable no hay planeación; y sin planeación, la movilidad termina operando por inercia.
No obstante, la estructura del Estado tampoco puede desentenderse de su parte de responsabilidad. Pedir cumplimiento ciudadano sin explicar el sentido público de la medida alimenta la sospecha. El discurso institucional suele centrarse en fechas límite, pagos, descuentos acompañados de sanciones cuando la situación lo amerite, pero deja fuera una pregunta esencial. ¿Qué gana la sociedad más allá de haber cumplido con el trámite?
Si el éxito del programa se mide únicamente por el monto recaudado, la narrativa pública quedará atrapada en la lógica fiscal. Ergo, sería más pertinente hablar de cobertura efectiva del padrón vehicular, porcentajes de regularización alcanzada, reducción de rezagos administrativos, mejora en los mecanismos de identificación vehicular, todo un paquete que fortalece al sistema de movilidad.
Imaginemos por un momento un escenario donde el 20 o el 30 por ciento del parque vehicular mantuviera registros desactualizados. El impacto no solo recaería en oficinas administrativas. También afectaría la capacidad institucional para atender accidentes, investigar delitos, generar estadísticas de tránsito o proyectar inversiones en infraestructura. El reemplacamiento, visto desde esta perspectiva, deja de ser un simple trámite y comienza a convertirse en una herramienta de ordenamiento.
Pero aquí existe otro punto incómodo que vale la pena subrayar: la ciudadanía tiene derecho a exigir reciprocidad. No resulta extraño que aparezca resistencia cuando el conductor observa vialidades destrozadas, señalética inexistente o deteriorada, problemas de congestionamiento, intervenciones urbanas inconclusas o sin sentido. El cumplimiento administrativo difícilmente generará legitimidad si no existe una percepción tangible de retorno social.
El ciudadano paga, sí, pero también espera algo más que un nuevo juego de placas. Espera sistemas eficientes y una política de movilidad lejos de ocurrencias y además que no termine reducida a oficinas de recaudación. Se sugiere que se entienda como una oportunidad para discutir qué tipo de movilidad queremos construir y que tan dispuestos estamos, como sociedad, a sostener un modelo basado en la legalidad y responsabilidad compartida. Al tiempo.
