Por Dr. Ulises Hernández
Politólogo y Dr. en Administración Pública
Crimen organizado, intervención extranjera e inteligencia artificial frente a un sistema diseñado para vigilar campañas del siglo pasado.
La elección de 2027 puede convertirse en un punto de quiebre para la democracia mexicana. No solamente por la cantidad de cargos que estarán en disputa, sino porque el sistema electoral deberá enfrentar tres fenómenos que difícilmente pueden resolverse contando votos al final de la jornada: la posible infiltración de la delincuencia organizada en las candidaturas, la intervención extranjera en los procesos electorales y la irrupción de la inteligencia artificial en campañas y esquemas de financiamiento cada vez más difíciles de rastrear. El problema puede resumirse en una paradoja: la tecnología, el dinero y las estructuras criminales evolucionan más rápido que la legislación encargada de vigilarlos.
El primer frente será la delincuencia organizada
En 2026 se creó dentro del Instituto Nacional Electoral la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, concebida para prevenir riesgos de infiltración criminal en el proceso electoral 2026-2027. El mecanismo permite consultar información de fiscalías, autoridades financieras, de seguridad y de inteligencia para identificar riesgos vinculados con determinados aspirantes, sin embargo, el sistema tiene una limitación fundamental: la revisión es voluntaria.
Los partidos políticos determinan qué aspirantes aceptan someterse al mecanismo y el INE no se convierte, por ese hecho, en una autoridad investigadora de naturaleza penal. Puede solicitar información, identificar riesgos y comunicar resultados, pero no sustituir a una fiscalía, a una policía de investigación o a los organismos de inteligencia del Estado. El propio Instituto ha reconocido esos límites competenciales.
Por ello surge una pregunta difícil de ignorar: ¿qué sucede precisamente con el aspirante que más necesitaría ser investigado y decide no someterse al filtro? Ese vacío puede convertirse en uno de los puntos más delicados del proceso electoral de 2027.
El segundo frente es igualmente complejo: la intervención extranjera.
Desde junio de 2026, el artículo 41 constitucional incorporó expresamente como causal de nulidad la existencia de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales. La intención jurídica es contundente. La aplicación práctica será mucho más difícil. ¿Qué debe entenderse exactamente por “influir”? ¿Financiar una campaña digital desde el extranjero? ¿Promover contenidos mediante miles de cuentas automatizadas? ¿Sostener operaciones de desinformación? ¿Contratar empresas internacionales para producir propaganda favorable o adversa? ¿Financiar contenidos aparentemente espontáneos pero diseñados para beneficiar a una candidatura?
La dificultad no será solamente demostrar que existió intervención extranjera, sino probar que esa intervención tuvo la gravedad suficiente para afectar de manera determinante una elección ahí aparecerá una enorme responsabilidad para el Tribunal Electoral. La Constitución establece la causal, pero serán los casos concretos los que obliguen a definir qué debe entenderse por intervención, influencia, gravedad y determinancia. Un criterio excesivamente amplio podría convertir prácticamente cualquier participación extranjera en una controversia electoral; uno demasiado restrictivo podría hacer casi imposible aplicar la causal.
Por ello, uno de los grandes desafíos de 2027 será construir criterios jurídicos suficientemente claros para evitar que una disposición constitucional de enorme importancia termine dependiendo de interpretaciones contradictorias.
El tercer frente probablemente será el más disruptivo: la inteligencia artificial que corre más rápido que la legislación.
Mientras los congresos discuten cómo regularla, la tecnología modifica sus capacidades, reduce sus costos y amplía sus posibilidades de utilización. Un contenido que hace pocos años habría requerido cámaras, estudios, especialistas, diseñadores y editores hoy puede producirse desde una computadora en cuestión de minutos, eso transforma profundamente la lógica de la fiscalización electoral.
Durante décadas, fiscalizar una campaña significaba buscar elementos relativamente identificables: una factura, un espectacular, un proveedor, una producción audiovisual, una pauta contratada, un anuncio en internet, una casa encuestadora o determinado gasto operativo. Con la inteligencia artificial esa ruta se vuelve considerablemente más compleja.
Una sola herramienta puede producir cientos o miles de imágenes, videos, voces, mensajes personalizados y contenidos dirigidos a distintos segmentos del electorado. El costo de generar cada pieza puede ser mínimo y, en ocasiones, prácticamente imposible de separar del costo general de una plataforma tecnológica, Por ello, el problema no radica únicamente en determinar si la inteligencia artificial está o no regulada. La verdadera dificultad será identificar, atribuir, cuantificar y probar.
Imagine una operación en la que recursos provenientes de particulares, empresas o incluso del extranjero financien servicios tecnológicos contratados fuera de México. Desde esos servicios se generan miles de contenidos que posteriormente son difundidos por perfiles aparentemente independientes y terminan favoreciendo a una candidatura. La huella económica puede ser mínima mientras influencia política, enorme a diferencia de un espectacular, una pauta o un promocional de televisión, la propaganda generada mediante inteligencia artificial puede multiplicarse con costos marginales muy reducidos y distribuirse a través de redes difíciles de vincular con quien originalmente financió la operación.
Entonces la fiscalización tendrá que reconstruir una ruta muchísimo más sofisticada: financiador, plataforma tecnológica, intermediario, proveedor, cuenta digital, contenido, difusión y beneficiario electoral. Aun después de recorrer esa ruta quedará otra pregunta: ¿cómo cuantificar el verdadero valor electoral de esa operación?El propio INE ha advertido que la fiscalización de 2027 enfrentará decenas de miles de candidaturas, un crecimiento acelerado de la propaganda digital, nuevos esquemas de financiamiento y la necesidad de desarrollar mejores mecanismos de trazabilidad. Ese reto será particularmente relevante porque la elección de 2027 tendrá una enorme dimensión nacional. Se renovará la Cámara de Diputados y habrá procesos locales concurrentes en todo el país.
Jalisco tendrá además una importancia especial.
En la entidad se renovarán las 38 diputaciones del Congreso local, los 125 ayuntamientos y sus respectivas sindicaturas y regidurías, además de la elección federal concurrente. Jalisco será, por tanto, un laboratorio político especialmente interesante para observar la interacción entre campañas tradicionales, propaganda digital, inteligencia artificial, fiscalización, selección de candidaturas y seguridad pública, todo esto obliga a replantear incluso nuestra concepción histórica del fraude electoral. Durante buena parte del siglo XX, el fraude era asociado con urnas manipuladas, alteración de actas, compra directa del voto o irregularidades durante la jornada electoral. En 2027 el problema puede comenzar mucho antes de que el ciudadano llegue a la casilla.
Puede comenzar cuando una estructura criminal influye en una candidatura, cuando recursos cuyo origen es desconocido financian una operación digital, cuando una campaña organizada desde el extranjero introduce narrativas destinadas a modificar preferencias o cuando una inteligencia artificial produce miles de contenidos cuya procedencia, costo y beneficiario resultan prácticamente invisibles.
Por eso el reto institucional de 2027 será diferente, ya no bastará con verificar que la casilla se instaló correctamente, que los votos fueron contabilizados y que las actas coinciden. Habrá que demostrar también que detrás de la candidatura no existió una estructura criminal, que detrás del financiamiento no existieron recursos prohibidos, que detrás de una campaña digital no operó una intervención extranjera y que detrás de miles de contenidos artificiales existe una ruta económica susceptible de ser fiscalizada.
La próxima elección puede obligarnos a reconocer algo incómodo: el sistema electoral mexicano fue diseñado para seguir dinero, propaganda y operaciones políticas que dejaban rastros visibles; la inteligencia artificial puede permitir que una parte de esos rastros prácticamente desaparezca, entonces la pregunta más importante quizá ya no sea solamente quién ganó, será otra mucho más compleja: ¿quién financió la realidad que vio el elector antes de votar, quién la construyó y si nuestras instituciones tendrán capacidad suficiente para demostrarlo?
